Durante el juicio político al consejero David Rosero, las dos bancadas legislativas se acusaron mutuamente de cooptar el Consejo de Participación Ciudadana para incidir en la designación de las autoridades.
“Enojados los compadres, se dijeron las verdades” es un dicho popular que bien podría aplicarse a lo que sucedió en la Asamblea durante el juicio político en contra de David Rosero, consejero del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) que concluyó con su censura y destitución.
El resultado no fue ninguna sorpresa. Se conocía días antes de que se instale el Pleno, independiente de los argumentos y pruebas que de parte y parte se iban a presentar durante la interpelación.
Total, lo que valen son los números, los votos y hoy por hoy el oficialismo es mayoría. Así lo reconoció incluso Luigi Garcia, asambleísta de ADN e integrante de la Comisión de Fiscalización, de mayoría oficialista, donde se aprobó el informe recomendado la interpelación a Rosero:
Esa mayoría oficialista que destituyó a Rosero, fue la misma que, a través del Consejo de Administración Legislativa (CAL), inadmitió por tres ocasiones, bajo diferentes argumentos, las solicitudes de juicio polìtico que la bancada de la Revolución Ciudadana presentó en contra de los integrantes del Consejo de Participacion Ciudadana, entre ellos Rosero. Así lo recuerda Viviana Veloz, asambleísta correísta.
Esa misma mayoría no necesitó en el Pleno una causal justificada, un mínimo hecho que se ajuste a la inobservancia de la norma para censurar y destituir en septiembre de 2025 al consejero de Participación Ciudadana, Gonzalo Albán, en una interpelación que en su momento su abogado, Gonzalo Muñoz, calificó de imposible.
A fuerza de votos, el oficialismo hizo posible lo que era imposible en derecho, en legalidad y legitimidad: destituirlo del cargo por incumplimiento de funciones aún cuando el hecho que se le atribuyó se dio antes de que Albán asumiera el cargo.
“Los cueros al sol”
Mientras Rosero pedía al Pleno que su juicio político se cumpla bajos los mismos parámetros aplicados a la exministra de Energía, Inés Manzano, y su interpelante, el independiente Sergio Peña, replicaba que son casos diferentes, el debate posterior reflejó esa pugna de poderes, ese interés partidista del que está en el poder de cooptar la institucionalidad.
Fue un cruce de acusaciones entre la Revolución Ciudadana y ADN, un señalamiento mutuo de responsabilidades, donde los dos grupos tienen razón. Sobre todo en lo relacionado al Consejo de Participación Ciudadana, convertido en la “joya de la corona” en el “botín” más deseado por las organizaciones políticas, para desde ahí controlar el resto de instituciones, como por ejemplo la Fiscalía General del Estado, cuyo concurso para elegir a su autoridad titular está en pleno desarrollo .
Y aunque hoy el correísmo se “rasgue las vestiduras” acusando a ADN de haberse tomado el Consejo de Participación Ciudadana para direccionar los concursos, también tuvo su época en que dominó ese organismo e influyó en las selección de autoridades de control. como lo recordó el legislador de ADN, Andrés Castillo:
El correísmo tuvo sus propios consejeros en una entidad que en el papel es netamente ciudadana, libre de intereses partidistas. Entre ellos, los de la Liga Azul y otros en la historia institucional de ese organismo.
Ese es el contexto político en el que se desarrolla el concurso para elegir al nuevo Fiscal General del Estado, una de las autoridades más poderosas del país. Un concurso que, precisamente, está a cargo del Consejo de Participación Ciudadana a través de la Comisión Ciudadana de Selección, proceso en el que continúa como postulante el fiscal encargado Carlos Alarcón y otros cuatro aspirantes, después de que la Comisión descalificó, por el momento, al resto de 21 postulantes, entre ellas a Daniella Camacho y Maritza Romero, que en la fase de méritos habían obtenido los mejores puntajes y que, además, cuentan con amplia experiencia.
