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Este 14 de octubre, el presidente Daniel Noboa mantuvo una entrevista a Radio Centro en Ambato. En ella sostuvo que, cuando un cantón tiene una economía boyante y una inseguridad alta, eso “significa, en muchos casos”, que el gobierno local pactó con las mafias. Ecuador Chequea contrastó la frase con datos de homicidios, procesos judiciales contra alcaldes y la distribución legal de competencias en seguridad.
Qué verificamos: si la coincidencia entre economía fuerte e inseguridad alta en un cantón indica que su gobierno local pactó con mafias.
Lo que afirma: “Hay casos en el cual la economía está boyante, pero la inseguridad está altísima. Eso significa, en muchos casos, que el gobierno local simplemente transó con las mafias”
Nuestra conclusión: ENGAÑOSO
A quién involucra: Daniel Noboa, presidente de la República; gobiernos municipales.
¿Qué se dijo o qué circula?
En una entrevista radial, el presidente Daniel Noboa dijo: “Hay casos en el cual la economía está boyante, pero la inseguridad está altísima. Eso significa, en muchos casos, que el gobierno local simplemente transó con las mafias”
Noboa no define qué entiende por “economía boyante”. Tampoco nombra los cantones ni dice cuántos son “muchos casos”. La palabra “significa” convierte la coincidencia de dos datos, economía grande y violencia alta, en una prueba de complicidad municipal.
¿Qué dicen las fuentes confiables?
Hay cantones con economías grandes y violencia muy alta. También hay alcaldes procesados por la justicia.
Como no existe una definición de “economía boyante”, usamos como aproximación el Valor Agregado Bruto (VAB) cantonal del Banco Central del Ecuador. Lo cruzamos con los homicidios intencionales del Ministerio del Interior. Tres cantones combinan una economía grande con violencia alta: Guayaquil, Durán y Machala.
Machala es el caso más grave de 2026. El cantón pasó de 159 homicidios entre enero y julio de 2025 a 280 en el mismo periodo de 2026, un aumento de 76,1% (121 ÷ 159). En la provincia de El Oro se registraron 521 homicidios intencionales entre enero y junio, frente a 319 en el mismo lapso de 2025. El aumento es de 63,3% (202 ÷ 319). La Policía atribuye más del 80% de esos homicidios a la disputa entre los Sao Box y los Lobos.
En cuanto a los procesos judiciales, la Fiscalía tiene casos abiertos contra varios alcaldes y exalcaldes. El fiscal encargado, Carlos Alarcón, mencionó procesos relacionados con los alcaldes de Guayaquil, Esmeraldas, Jipijapa, Pujilí, Machala y El Tambo. Todos los procesados niegan los cargos y rige la presunción de inocencia.
Los problemas de la afirmación
Los procesos son casi todos por corrupción, no por pactos con mafias. Los casos conocidos se refieren sobre todo a lavado de activos, peculado y enriquecimiento ilícito. Entre los alcaldes en funciones, solo dos casos se investigan como delincuencia organizada: el de Ángela Plúa, en Jipijapa, y el de Luis Chonillo, en Durán. Según las fuentes consultadas, Chonillo está en investigación; las fuentes no reportan formulación de cargos. Ninguno de esos casos es un pacto probado con mafias del narcotráfico.
La mayoría de los procesos contra autoridades locales termina archivada. La alianza periodística Spondylus Info Lab encontró que, a mayo de 2026, había 264 procesos penales que atañen a 118 alcaldes y prefectos; de ellos, 217 se archivaron en la investigación previa por pedido de la Fiscalía. En total, 221 se archivaron sin formulación de cargos.
La violencia sube y baja según las dinámicas criminales, no según quién gobierna el municipio. A escala nacional, entre enero y julio de 2026 hubo 4.882 homicidios intencionales, frente a 5.295 en el mismo lapso de 2025, una baja de 7,8%. Pero el comportamiento no fue uniforme: los homicidios subieron en 79 ciudades y bajaron en 85 cantones. Guayaquil y Durán bajaron mientras Machala subió.
La seguridad ciudadana no es competencia municipal. El artículo 163 de la Constitución asigna a la Policía Nacional la protección interna y el mantenimiento del orden público.
La economía por sí sola no explica la violencia. Quito fue la mayor economía cantonal en 2023, con un VAB de USD 27.374 millones. Aun así, en enero de 2026 registró 26 homicidios, frente a 204 en Guayaquil.
¿Hay elementos manipulados u omitidos?
Sí. La frase omite tres cosas. La primera es que la seguridad depende del Gobierno central. La segunda es que los procesos judiciales conocidos son, en su gran mayoría, por corrupción y no por pactos con el crimen organizado. La tercera es que los cantones con puertos, exportaciones e industria concentran carga y rentas que pueden atraer extorsión, lavado y tráfico, haya o no complicidad municipal. Este último punto es un razonamiento: ninguna fuente consultada mide esa relación.
La frase también tiene un contexto electoral. Los tres cantones que combinan economía grande y violencia alta no estaban gobernados por ADN, que no participó en las seccionales de 2023. Las elecciones seccionales serán el 29 de noviembre de 2026.
¿La violencia alta es señal de pacto con las mafias?
Paúl Pinto, analista en seguridad, explicó a Ecuador Chequea que la relación que plantea el presidente funciona más bien al revés. Cuando un grupo criminal pacta con las autoridades o domina un territorio sin competencia, suele imponer calma: prohíbe robos, secuestros y asesinatos para no atraer a la fuerza pública y operar sin obstáculos.
“La paz mafiosa genera tranquilidad”, resumió. La violencia alta, en cambio, aparece cuando varias bandas se disputan un territorio. Según Pinto, eso ocurre en los cantones portuarios porque por allí sale buena parte de la droga, y explica también que la violencia se desplace de una zona a otra.
Pinto advierte, sin embargo, que la calma tampoco prueba la ausencia de crimen organizado. Algunos cantones pequeños están tranquilos precisamente porque un solo grupo los controla. La captura de gobiernos locales por mafias existe, como muestra el caso de México, y el riesgo de financiamiento ilegal de campañas está presente en las seccionales. Pero, según el analista, la violencia alta en un cantón no es un indicio de ese pacto.
¿Se puede probar la trazabilidad?
Revisamos la cobertura de la entrevista en Expreso, El Comercio, El Universo, El Telégrafo y Metro Ecuador. Usamos el VAB cantonal del BCE como aproximación a “economía boyante” y los homicidios intencionales del Ministerio del Interior para medir la violencia.
Recalculamos las variaciones porcentuales con las cifras publicadas. Revisamos los procesos judiciales contra autoridades locales en medios y en la investigación de Spondylus Info Lab. Además, consultamos a un analista en seguridad sobre la relación entre bonanza económica, violencia y pactos criminales.
Nuestra conclusión
Es engañoso que una economía boyante con inseguridad alta signifique, en muchos casos, que el gobierno local pactó con las mafias. Es cierto que hay cantones con economía fuerte y violencia alta, y que hay alcaldes procesados, pero Noboa convierte esa coincidencia en prueba de complicidad sin presentar datos.
Además, omite que la seguridad ciudadana es competencia de la Policía Nacional y que los casos conocidos sobre alcaldes son sobre todo por corrupción.
Y según el análisis experto consultado, la violencia alta suele ser señal de disputa entre bandas, no de pacto.
Contexto adicional
Noboa ya había vinculado a gobiernos locales con el crimen organizado. El 9 de marzo dijo que estructuras criminales habían tenido apoyo de autoridades locales y actores políticos. El 4 de septiembre dijo que algunos municipios y prefecturas “entregaban agencias enteras a los GDO”. Como antecedente, Ecuador Chequea verificó otra entrevista suya en Radio Centro, del 28 de agosto de 2026.
Fuentes utilizadas
- Banco Central del Ecuador. VAB cantonal: https://contenido.bce.fin.ec/cuentas-nacionales-anuales/
- Ministerio del Interior. Base de homicidios intencionales: https://www.datosabiertos.gob.ec/dataset/homicidios-intencionales
