La educación superior suele ser de aquellos ámbitos en los que existe una curiosa paradoja: todos reconocemos su vital importancia para el desarrollo del país, pero con frecuencia terminamos construyendo a su alrededor una serie de estructuras administrativas que dificultan precisamente aquello que pretendemos promover. Si bien Ecuador ha avanzado considerablemente en la regulación y aparente aseguramiento de la calidad universitaria –después de años de aplicación de la Ley Orgánica de Educación Superior– cabe preguntarnos si las reglas previstas responden adecuadamente a la realidad de nuestro sistema. Porque regular mejor no significa regular más. Y si bien –a tono con el diseño institucional de nuestro Estado– investigar, innovar, formar profesionales y generar conocimiento requiere de ciertos controles, necesita, también, instituciones capaces de desenvolverse con autonomía y responsabilidad, en aplicación de un conjunto de reglas razonables.
Un primer problema a la fecha aparece, por ejemplo, cuando pretendemos medir de la misma manera instituciones que son esencialmente diferentes. Una universidad dedicada principalmente al pregrado no funciona bajo la misma lógica que una universidad pública especializada en posgrado e investigación. La primera puede tener miles de estudiantes, la segunda naturalmente menos, pero, a diferencia de la primera, puede concentrar sus esfuerzos de mejor manera en la investigación, las publicaciones y la formación doctoral. Aplicarles los mismos indicadores para la asignación de recursos resulta inequitativo. Algo semejante ocurre con el deber institucional de internacionalización. Ciertamente, es deseable que las universidades extranjeras participen en nuestro sistema y que las ecuatorianas construyan redes internacionales suficientes, pero esta apertura no puede significar desigualdad regulatoria. Quien oferta educación superior en Ecuador debería sujetarse a estándares equivalentes de calidad, evaluación y responsabilidad académica.
Asimismo, deberíamos revisar los actuales procedimientos burocráticos. En los programas doctorales, particularmente, controlar la calidad es indispensable, pero duplicar los procedimientos de evaluación, no. Si una institución ya ha demostrado su capacidad científica, posee profesores con formación doctoral, líneas consolidadas de investigación, producción académica e infraestructura suficiente, los procedimientos deberían simplemente verificar tales condiciones y no convertir cada nueva propuesta doctoral en un camino tedioso y extenso de obstáculos administrativos. Esto exige, además, que los organismos encargados de regular y asegurar la calidad educativa dialoguen entre sí. Una universidad no tiene por qué soportar criterios institucionales contradictorios o la carga de presentar reiteradamente la misma información a una y otra institución de un mismo sistema de regulación y control o tener que superar controles sucesivos ante tales instituciones que evalúan exactamente lo mismo. La coordinación institucional no es una concesión a las universidades, es una obligación elemental de una administración pública eficiente.
Y es que la discusión no debería plantearse, en realidad, entre autonomía y control, como si se tratasen de conceptos incompatibles. Una universidad autónoma debe, indiscutiblemente, rendir cuentas y por ello una autoridad pública puede controlar dicho ámbito. Pero el control estatal encuentra su legitimidad cuando protege en verdad la calidad educativa y pierde completamente el sentido cuando se convierte solamente en burocracia excesiva, trabas al procedimiento o un simple pero engorroso papeleo. Porque ya es momento de dejar de pensar en qué requisitos adicionales podemos seguir imponiendo a nuestras universidades para mantener una apariencia de calidad y acordar, más bien, en qué es lo que necesitan en realidad para investigar más, formar mejor y aportar verdaderamente al desarrollo del país.
Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor/a y no reflejan la postura editorial de Ecuador Chequea.
