Las alarmas suenan desde hace tiempo, pero no hay quien las apague, porque quienes están llamados a hacerlo —entiéndase quienes ejercen poder en el Ecuador y los ciudadanos— eligen ignorarlas. Unos están convencidos de que la mejor estrategia es fingir que no pasa nada. Otros creen que el caos es la jugada óptima; que la mejor defensa es el ataque, o que es preferible callar. Tampoco faltan quienes asumen que todo marcha bien, aquellos que sinceramente no entienden lo que pasa, y los operadores a sueldo a los que se les paga para usar ejércitos de cuentas falsas, tendencias prefabricadas y tecnología orientada a ensuciar cualquier intento de debate serio para conseguir que todo esto pase desapercibido.
Siempre que el debate pone sobre la mesa cualquier asunto que huela a política, las acciones de nuestros representantes se reducen a cálculos mezquinos que abandonan a los ciudadanos a su suerte. Y a los ciudadanos tampoco parece importarles del todo, prefiriendo muchas veces mirar hacia otro lado, replicar la indiferencia en sus espacios cotidianos y normalizar una peligrosa indolencia colectiva donde opinar libremente ya se vuelve un riesgo innecesario.
Tomemos dos ejemplos ocurridos entre finales de julio y mediados de agosto: el reclamo del expresidente Osvaldo Hurtado sobre el miedo generalizado a opinar, y la salida de Roberto Aguilar de diario Expreso tras sufrir presiones sistemáticas por sus publicaciones. Ambos hechos, tamizados por las redes sociales, provocaron un torrente de reacciones polarizadas que solo sirvieron para engrasar la maquinaria del escándalo. Lo grave, serio y profundo para la democracia pasa a segundo plano frente al afán de armar un circo.
Detrás de casos como estos —aunque se pueden citar miles— se debaten principios vitales como la tolerancia y la libertad de expresión. En las plataformas digitales, donde el anonimato es escudo, se confunde la libertad de pensamiento con la calumnia, el insulto y la mentira.
Vale la pena insistir en la manipulación, porque lo que subyace a este juego comunicacional no es solo la imposición de un relato, sino el despojo sistemático de nuestra condición ciudadana y la erosión acelerada de los contrapesos democráticos que aún sostienen al país.
Ser ciudadano no se agota en cumplir las obligaciones que el Estado impone; exige también reclamar y ejercer derechos. Pero vale la pena preguntar a quienes participan en esta desquiciante guerra de trincheras: ¿realmente les importa lo que pasa en el país?
La respuesta es un rotundo no. Si importara, no se buscaría pasar la página con tanta prisa ni barrer bajo la alfombra lo que incomoda. Aunque este dilema se ha repetido hasta el cansancio, interpelar a la sociedad sobre su pasividad es el único recordatorio posible de que al tolerar la irresponsabilidad del poder, renunciamos a una discusión pública sana.
Aceptar esta deriva perpetua no es solo resignarse al escenario en el que vivimos sumergidos; es normalizar un abuso institucional que, más tarde o más temprano, terminará por devorarnos a todos.
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