En un recorrido por locales de uniformes escolares del Centro Histórico de Quito, Ecuador Chequea constató que el regreso a clases se vive entre el entusiasmo de los niños y la preocupación de los padres por los gastos que implica el inicio del año lectivo.
¿Puedo hablar yo?, preguntó Kevin mientras Ecuador Chequea conversaba con varias familias que acudían a un concurrido local de uniformes escolares, en la calle Cuenca, en el centro de Quito.
Apenas tomó el micrófono, este niño de 9 años, estudiante del Liceo Matovelle, comenzó a hablar con entusiasmo y sin dejar de mover las manos. “A mí me encanta el regreso al año escolar porque, principalmente, me gustan las matemáticas”, dijo. Aseguró estar “medio ultra emocionado” por volver a clases, aunque también impaciente por el inicio del año lectivo.
Antes de terminar, lanzó una frase que sorprendió a su madre y a su abuela, quienes lo acompañaban: “Aunque no me gusta el enorme gasto de dinero”: Su madre, Carla, estimó ese gasto en alrededor de USD 220 solamente en uniformes para el niño, que cursará quinto año. La lista incluye pantalones de diario y de parada, ropa para educación física y, porque el plantel tiene piscina, traje de baño. “Sí está carito, sí está cariñosito y siempre los gastos a principio de año son un poquito fuertes”, dice.
Galo Roberto Avilés al frente de este local desde hace unos 20 años vendiendo comentó que este año la temporada de inicio de clases no ha tenido el movimiento que esperaba. “No ha sido como otros años, bajó bastante este año”, afirma. En su negocio calcula compras de alrededor de USD 35 a USD 40 por persona, según las prendas adquiridas. Atribuye la disminución a la falta de dinero disponible y a la competencia, una explicación que corresponde a su percepción como comerciante y no a un indicador macroeconómico comprobado para esta nota.
A pocas cuadras, Juan Carlos Mañay, en la calle Mideros, también comerciante desde hace dos décadas, ofrece otra fotografía del mercado. Dice que un pantalón y una camisa para un niño de alrededor de 12 años pueden costar aproximadamente USD 24 en una alternativa y USD 29 en otra. Según él, algunos padres llegan preguntando por opciones más baratas e incluso recurren a prendas entregadas por familiares.
“Muchos tienen para comprar, otros no tienen. Algunos hasta buscan que familiares les obsequien”, agregó Mañay. Joahna Barbosa, que llegó desde Bellavista al Centro Histórico en busca de descuentos, calcula USD 130 por cada uno de sus dos hijos, de 11 y 17 años, incluyendo uniformes de educación física y de parada. Elizabeth Monar viajó desde Conocoto y explica por qué, siendo madre de cuatro, busca en el centro más opciones: “Se tiene que sacar de donde sea, pero igual la educación es muy importante para los chicos”
Ecuador Chequea constató, precisamente, similares escenas en otros tres locales ubicados en las calles Mideros y Cuenda. Era, en la práctica, apenas una parte del movimiento previo al inicio “escalonado” del año lectivo 2026-2027 en el régimen Sierra-Amazonía.
Según el cronograma oficial del Ministerio de Educación, mañana el Bachillerato e Inicial retrormana mañana martes 1 de septiembre; Educación General Básica, EGB Superior y Preparatoria, pasado mañana miércoles 2; y EGB Media y Elemental, el jueves 3.
Consultado por Ecuador Chequea, el Ministerio de Educación indicó que el 2026-2027 es el primer “período” lectivo para el cual rige un tope nacional específico en instituciones particulares y fiscomisionales. Esto, indicado, debido al Acuerdo Ministerial MINEDUC-MINEDUC-2025-00030-A que establece que el costo total de uniformes, útiles y textos escolares no puede superar el valor del décimo cuarto sueldo, es decir 482 dólares para este año. La misma regulación dispone que las familias pueden adquirir esos productos en el establecimiento que prefieran y prohíbe direccionar la compra hacia un proveedor específico.
Iniciativa de ahorro
Para las familias, el gasto no necesariamente termina cuando los uniformes ya están comprados. Una chompa olvidada en el aula, un calentador confundido después de educación física o una prenda que queda en el transporte escolar pueden obligar a reemplazar parte de lo adquirido.
Ese problema cotidiano llevó a Patricia Ruiz, madre de familia y emprendedora, a ensayar una solución sencilla: etiquetas textiles con el nombre del estudiante que se adhieren a los uniformes con una plancha doméstica.
“Es muy frecuente que los niños se sacan la chompa, se sacan los calentadores para hacer educación física, los apilan en un solo rincón y luego agarran el primer uniforme que encuentran”, explicó
Ruiz comenzó a comercializar 36 etiquetas por USD 7,50 apenas la semana pasada a través de sus contactos y estados en servicios de mensajería Para Ruiz, sin embargo, el objetivo va más allá de evitar otra compra. Considera que identificar las prendas también puede ayudar a que los estudiantes asuman responsabilidad sobre sus pertenencias.
¿Y el transporte escolar?
Cosultados por Ecuador Chequea, tanto el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Washington Martínez, como la investigadora social especialista en educación Pública, María Belén Calvache y el director de Justicia Vial y especialista en transporte público y Movilidad, manifestaron que la primera regla que deben conocer las familias sobre transporte escolar es relativamente sencilla.
Una buseta que presta formalmente transporte escolar no es simplemente un automóvil contratado para trasladar niños. La normativa del Ministerio de Educación establece que las operadoras deben ser personas jurídicas legalmente constituidas y contar con un permiso de operación vigente, emitido por la Agencia Nacional de Tránsito o por los municipios que hayan asumido esa competencia, explicaron.
“El primer problema es que no se tiene un verdadero control a quién se está contratando”, dijo Abad. Según el especialista, cuando una familia o una institución contrata directamente al conductor o al propietario de una furgoneta, en lugar de hacerlo a través de una operadora, pierde capacidad de controlar la gestión y el vehículo.
Abad plantea que las familias comprueben permiso, condiciones del vehículo y requisitos del conductor. “Los padres se convierten en los grandes observadores y veedores de que estos requerimientos se cumplan”, afirmó. También propone que los colegios utilicen sistemas que permitan monitorear en tiempo real la ubicación de las busetas.
Calvache estimó que un servicio puerta a puerta puede representar para una familia entre USD 90 y USD 100 mensuales o algo más, según la distancia y el servicio contratado.
Para la especialista, el desafío de fondo es que un trayecto escolar no se mida solamente en dólares o minutos sino también en el bienestar de los estudiantes. “Recordemos que los niños en este país salen a las cinco de la mañana, seis de la mañana, medio dormidos”, dijo sobre los recorridos de estudiantes que dependen del transporte colectivo.Martínez, por su parte, también alertó sobre servicios informales y pide colaboración a las familias para reducir la congestión en las puertas de los colegios. Llegar con anticipación y evitar la doble fila, sostiene, puede ser tan importante para el flujo como el despliegue de agentes.
Quito moviliza 586 agentes por turno y prioriza 180 planteles
La Agencia Metropolitana de Tránsito informó el 26 de agosto que su plan A Clases Seguro 2026-2027 incluyó la capacitación de más de 6.500 conductores de 93 operadoras de transporte escolar e institucional. De las 419 unidades educativas contabilizadas por el Municipio en Quito, 180 fueron priorizadas, principalmente por su número de estudiantes. La AMT anunció además 586 agentes civiles de tránsito por turno y controles al transporte informal y a la documentación de unidades y conductores.
