Karla Calapaqui, activista de derechos humanos radicada en Francia; y Diego Vallejo, exasesor de Serrano asilado en los Estados Unidos, analizan para Ecuador Chequea el rol del exministro en el Gobierno de Rafael Correa.
Con los pies y las manos esposadas, José Serrano, uno de los hombres más poderosos en el Gobierno de Rafael Correa, llegó el viernes en la noche a Ecuador deportado de Estados Unidos. El exministro del Interior y expresidente de la Asamblea fue trasladado de inmediato a la cárcel de El Encuentro ya que tiene orden de prisión preventiva por el magnicidio de Fernando Villavicencio, en el que está procesado como uno de los autores intelectuales.
Según el dictamen acusatorio, Serrano habría sido uno de los financistas para el cometimiento del magnicidio y, además, habría recurrido a sus contactos en la Policía y unidades de inteligencia para identificar las rutinas y ubicación del entonces candidato presidencial. Dicha información habría sido compartida con integrantes de Los Lobos, quienes habrían ejecutado el asesinato.
Sus antecedentes
Serrano era considerado un hombre de importantes contactos políticos, con influencia en el sistema judicial y en la Policía gracias a su participación en el Gobierno de Rafael Correa, el que ocupó varios cargos.
En ese Gobierno se inició como subsecretario de Minas y Petróleos, tras lo cual tendría un ascenso acelerado. Se desempeñó como secretario de la Gestión de Transparencia. Entre 2010 y 2011 fue ministro de Justicia y el 13 de mayo de 2011 fue nombrado ministro del Interior, cargo que ocupó hasta noviembre de 2016.
En el 2017 se presentó como candidato a la Asamblea, obteniendo el mayor número de votos. Ocupó la presidencia de esa Función del Estado hasta el 9 de marzo de 2018, en qué fue destituído del cargo, no de la curul, luego de que el fiscal general de ese entonces, Carlos Baca Mancheno, difundió el audio de una conversación de Serrano con el excontralor del Estado, Carlos Pólit, prófugo de la justicia tras ser implicado en el caso Odebrecht, en el que presuntamente conspiraban para bajarle del cargo.
Serrano viajo a los Estados Unidos en mayo de 2021 con visa de turista, pero se quedó más del tiempo previsto por lo que fue detenido en ese país por su estatus migratorio irregular y tras una largo y complicado proceso finalmente fue deportado a Ecuador.
A pesar de su larga trayectoria política, su gestión al frente del Ministerio del Interior es la que generó más cuestionamientos. Desde ese espacio se reprimió con fuerza la protesta social, sindical y estudiantil.
Karla Calapaqui, activista por los derechos humanos, ahora radicada en Francia, documentó en su libro «Criminalización de la protesta: 2007 – 2015, las víctimas del correísmo», 80 casos con cerca de 700 criminalizados en ese periodo correísta. Muchos de ellos durante la gestión de Serrano.
Desde Francia, Calapaqui analiza para Ecuador Chequea, lo que significó la gestión del exministro.
Mientras que desde los Estados Unidos donde se encuentra asilado, comparte su criterio Diego Vallejo, exasesor de Serrano en la Secretaría de la Gestión de Transparencia. Él fue sentenciado por asociación ilícita a 18 meses de cárcel por los delitos de tenencia y fabricación de armas y por asociación ilícita; siempre sostuvo que le «plantaron» las armas. Vallejo aseguró ser un perseguido político del Gobierno de Rafael Correa.
Aquí sus criterios:
«Serrano y Correa fueron los arquitectos de la represión»
Karla Calapaqui, activista por los derechos humanos radicada eh Francia
«José Serrano, junto a Rafael Correa, fueron los arquitectos de la represión durante el gobierno de este último. Más de 800 personas fueron judicializadas y criminalizadas bajo los delitos de terrorismo, sabotaje y atentado contra la seguridad del Estado. La mayoría eran dirigentes sociales y de izquierda, pertenecientes a la CONAIE, ECUARUNARI, FEUE, UNE, MPD, Frente Popular, así como ecologistas, periodistas, entre otros.
El exministro Serrano impulsó la reestructuración de la Policía ecuatoriana a través de asesores de Carabineros de Chile, institución con un extenso historial de violaciones a los derechos humanos. Dejando esto claro, insisto, en que la deportación de Serrano es una cortina de humo del gobierno de Daniel Noboa para distraer a los ecuatorianos de la corrupción galopante, el narcotráfico que corroe todos los estamentos del Estado, la violencia y la entrega de nuestra soberanía durante su administración.
El show mediático en torno a la deportación de Serrano no resuelve la pobreza, el desempleo, la violencia ni la falta de trabajo. Es hora de que Noboa responda al país. Todo lo demás, según mi análisis, no es más que una vendetta entre las mafias noboístas y correístas».
«Serrano no fue un funcionario secundario dentro del correísmo», Diego Vallejo, exasesor radicado en Estados Unidos
«La deportación de José Serrano no debería analizarse únicamente desde una perspectiva migratoria. También es necesario considerar el contexto político, su trayectoria dentro del aparato estatal y la relevancia que su regreso puede tener para la justicia ecuatoriana.
La importancia de su retorno radica, entre otras cosas, en que se trata de una persona que, por las posiciones que ocupó y por el nivel de información que pudo haber conocido durante esos años, podría aportar elementos relevantes sobre diversos asuntos de interés nacional que todavía generan interrogantes.
Serrano no fue un funcionario secundario dentro del correísmo. Durante el gobierno de Rafael Correa fue escalando posiciones hasta convertirse en uno de los funcionarios con mayor poder e influencia dentro del aparato estatal de seguridad. El Ministerio del Interior no era una cartera cualquiera: tenía bajo su responsabilidad áreas fundamentales como la seguridad interna, la gobernabilidad y diversas competencias relacionadas con la Policía Nacional.
Desde esa posición, Serrano tuvo una importante capacidad de decisión e influencia sobre el aparato de seguridad del Estado. Durante su gestión se impulsaron procesos de depuración y reestructuración de la Policía Nacional y se abordaron asuntos particularmente sensibles para el gobierno de Correa.
En este contexto también surgieron denuncias e investigaciones relacionadas con la existencia de estructuras de inteligencia y operaciones que, según sus denunciantes, habrían sido utilizadas para obtener información o realizar seguimientos sobre personas consideradas adversarias del régimen. Entre los casos que han estado vinculados, de una u otra manera, con ese período se encuentran el caso de Fernando Balda, Galo Lara, los denominados “10 de Luluncoto”, el caso del general Jorge Gabela y el caso de Diego Vallejo, entre otros.
Por las posiciones que ocupó y por la información a la que pudo haber tenido acceso durante su permanencia en el Ministerio del Interior, su figura continuó teniendo un peso considerable dentro de la política ecuatoriana. Para algunos de sus críticos, ese conocimiento le permitió conservar influencia y establecer relaciones de poder que trascendieron su salida del Ministerio.
Por ello, más allá de cualquier consideración política, la discusión sobre su regreso a Ecuador debería centrarse en una pregunta fundamental: ¿qué información posee José Serrano sobre hechos ocurridos durante los años en los que ocupó posiciones de enorme responsabilidad dentro del Estado y qué puede aportar, bajo las garantías del debido proceso, para esclarecerlos?»
