La decisión del presidente Daniel Noboa Azín de reorganizar la gestión del Ejecutivo mediante pequeños gabinetes temáticos ha generado reacciones opuestas pero previsibles. Para unos, constituye una modernización del aparato estatal y para otros, un simple remiendo en su estructura. Sin embargo, la inquietud realmente importante es precisar si esta reorganización permitirá que el Estado responda mejor a las necesidades de los ecuatorianos. Pues, en la administración pública no existen modelos organizativos perfectos y su eficacia no depende del tamaño de la estructura, sino de su capacidad para coordinar políticas suficientes, evitar duplicidades y acelerar la toma de decisiones. Ya que, un Estado fragmentado difícilmente puede enfrentar problemas tan complejos como la inseguridad, el desempleo, la crisis sanitaria y/o las brechas educativas.
Desde esta perspectiva, los gabinetes especializados pueden convertirse en una herramienta útil, siempre que fortalezcan la coordinación y la ejecución de las políticas públicas. Pero ninguna reforma administrativa será suficiente si el país permanece atrapado en una burbuja de confrontación política (anticorreísmo/noboísmo vs. correísmo/antinoboísmo), donde cada decisión se analiza únicamente desde el cálculo políticopartidista -en los extremos- y no por sus efectos sobre la vida real de las personas. Mientras las élites políticas discuten sobre quién gana la batalla narrativa en medios de comunicación convencionales y digitales, y en las redes sociales, millones de ecuatorianos se preocupan, día a día, por encontrar empleo, acceder a servicios de salud oportunos, vivir con seguridad y mejorar sus condiciones de vida. Esa es la agenda del país real y debe ser la prioridad del Gobierno.
Nuestra Constitución concibe al Estado como un instrumento al servicio de las personas y gobernar no consiste únicamente en administrar instituciones, sino en resolver los problemas públicos mediante un cúmulo de políticas eficaces. Al respecto, Peter Drucker advierte que la gestión debe evaluarse por los resultados que produce y no por la cantidad de actividades que desarrolla. De manera que, en el sector público ninguna reorganización generaría valor alguno si no mejora el desempeño estatal. Y como lo explica Mark H. Moore, la eficiencia por sí sola no basta. La verdadera misión de la administración pública es crear valor público; es decir, generar beneficios concretos para la sociedad con legitimidad democrática y capacidad efectiva de ejecución. En consecuencia, el éxito de estos gabinetes no debería medirse por el número de reuniones o actividades que mantengan, sino por las respuestas verificables que generen: menos violencia, mejores servicios de salud, mayor empleo, inversión pública eficiente y una atención más oportuna a quienes más la necesitan.
Ecuador necesita ya una cultura de gestión orientada tanto a los resultados como al valor público. La ciudadanía no espera nuevos organigramas, espera soluciones. Por ello, el Gobierno debe comprender que ninguna reforma tiene sentido si pierde de vista las prioridades de la población y la oposición que debe fiscalizar con responsabilidad. Salir de la burbuja de la confrontación política no significa renunciar al debate democrático. Significa, simplemente, recordar que la política solo encuentra su verdadera legitimidad cuando transforma las necesidades de la ciudadanía en soluciones concretas y mejora efectivamente la vida de las personas.
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