La Comisión de Fiscalización aprobó el informe en el que asegura que el correísmo no logró probar la responsabilidad política de la exministra en el caso ATM. El informe deberá ser tramitado en el pleno de la Asamblea, también dominado por el oficialismo.
Con seis votos a favor y cuatro en contra, la mayoría oficialista de la Comisión de Fiscalización aprobó el informe en el que recomienda al pleno de la Asamblea, el archivo del juicio político propuesto contra la exministra de Energía, Inés Manzano.
La interpelación es impulsada por los legisladores correístas Mónica Palacios, Lenin Barreto y Blasco Luna por presunto incumplimiento de funciones al omitir acciones para evitar un perjuicio de 71 millones de dólares en la adquisición de generadoras a la empresa uruguaya Austral Technical Management (ATM) para enfrentar la crisis eléctrica de 2024.
El informe
Concluida la sustanciación del juicio político, el informe aprobado señala que no se probó la existencia de un nexo causal ni la configuración de la causal de incumplimiento de funciones, «existiendo una manifiesta e insubsanable falta de mérito en el expediente e insuficiencia probatoria de cargo que permita identificar imputabilidad de responsabilidad política».
Entre las conclusiones del informe constan que los asambleístas proponentes no lograron demostrar un nexo causal directo entre las competencias legales de la exministra y los actos precontractuales, contractuales, de recepción técnica o de desembolso ejecutados en el contrato emergente de Celec con ATM.
La mayoría oficialista considera que la acusación incurrió en una errónea equiparación entre las funciones de rectoría sectorial de la política pública y la gestión operativa empresarial de las empresas públicas adscritas.
El oficialismo asegura que el contrato con ATM fue firmado antes de que Manzano asumiera el Ministerio de Energía, y que se ha comprobado que la orden de pago cuestionada fue emitida y autorizada horas antes de que se formalizara su encargo ministerial, por lo que no se le puede atribuir participación en ese desembolso.
La Ley de la Función Legislativa establece que una vez que sea difundido el informe, en el plazo de cinco días, el presidente de la Asamblea deberá incorporarlo en el orden del día para consideración del Pleno, que podrá acoger y ratificar el informe, con el voto favorable de la mayoría simple de sus integrantes.
Los argumentos
La asambleísta de ADN e integrante de la Comisión, Ana Belén Tapia, dijo que la solicitud de juicio político presentada por los asambleístas de la Revolución Ciudadana es una «vergüenza» ya que no tiene rigor técnico jurídico, no se presentaron pruebas, no lograron demostrar las acusaciones planteadas contra la exfuncionaria. Tapia dijo que el informe es el resultado de que los legisladores correístas presentaron mal la solicitud de juicio político. «No existe nexo causal, no existe tipicidad, no existen pruebas», dijo Tapia.
Mientras que Ana Herrera, asambleísta correísta de la Comisión, señaló que el oficialismo podrá tener los votos para archivar el juicio político, pero que el peculado cometido quedará en la memoria de ecuatorianos y será recordado por la historia.
Para Herrera el oficialismo se va contra los intereses de la población, sin tomar en cuenta que el poder es efímero y la mayoría es circunstancial.
Herrera considera que a lo largo de la sustanciación del juicio político se ha demostrado con documentos y material audio visual la responsabilidad política de Manzano que le costó al país una pérdida de alrededor de 2.000 millones de dólares para el sector productivo y más de 250 mil plazas de empleo producto de las más de 14 horas diarias de apagones que sufrió el país.
