La sesión del Concejo Metropolitano fue suspendida este jueves después de quedarse sin cuórum. El proyecto plantea subir de 35 a 40 centavos desde enero de 2027.
Para mañana viernes 24 de julio el Concejo Metropolitano de Quito fue convocado a una nueva sesión extraordinaria en la que intentará iniciar el primer debate de la ordenanza que permitiría elevar de 35 a 40 centavos el pasaje de los buses urbanos.
La discusión estaba prevista para hoy, pero no llegó a comenzar formalmente porque la sesión quedó sin cuórum. Solo 10 concejales permanecieron en la sala cuando se requerían al menos 12 de los 21 concejales.
“No hay cuórum. Es una falta de respeto a la ciudad”, reclamó el alcalde Pabel Muñoz, alzando la voz antes de suspender la reunión. “Aquí hay ciudadanos que van a intervenir. Yo no caeré en este juego de algunos. Vamos a tener que dar este debate”, agregó el alcalde, quien ofreció disculpas a las personas acreditadas para participar.
Una de ellas, Rocío Bastidas, representante del Cabildo Cívico lamentó que la suspensión impidió discutir los elementos centrales de la propuesta. “Nos sentimos muy defraudados porque claramente se ve que no hay todavía los votos necesarios para aprobar o desaprobar esta propuesta del alcalde. Se esquiva el debate, se esquiva el análisis, se esquiva la crítica”, afirmó.
Diego Garrido, presidente de la Comisión de Movilidad, instancia que presentó el “informe favorable para el primer debate” también cuestionó la salida de los concejales. “Quienes salieron deliberadamente creo que es una falta de respeto absoluta, no solamente a la ciudadanía, sino a la institución y al trabajo del resto de concejales”, declaró Garrido, molesto.
El aumento no se aplicaría este año
De aprobarse sin cambios, esta ordenanza sustituirá el artículo 3245 del Código Municipal y establecerá una tarifa de 40 centavos para los buses convencionales urbanos y el sistema Metrobús-Q.
La nueva tarifa comenzaría a regir el 1 de enero de 2027. Hasta el 31 de diciembre de 2026 se mantendrían los 35 centavos actuales.
El incremento sería de cinco centavos, equivalente al 14,3%. Para una persona que realiza dos viajes diarios durante 22 días laborables, representaría un gasto adicional de USD 2,20 al mes, sin contar viajes durante fines de semana o transbordos.
En este proyecto de ordenanza se calcula que en un día laborable se realizan aproximadamente 1,6 millones de viajes en el transporte convencional y otro millón en el Metrobús-Q. Se trata de viajes registrados y no necesariamente de 2,6 millones de personas distintas, porque un mismo usuario puede realizar varios trayectos durante el día.
El proyecto también fija una base de 40 centavos para los recorridos combinados y rurales, a la que podrían agregarse valores según las distancias y los tramos. La tarifa de 45 centavos prevista para buses eléctricos o de tecnologías de bajas emisiones se mantendría sin cambios.
Reacción
En un comunicado de reacción tras la fallida sesión de hoy, la Alcaldía afirmó que el Municipio “mantendrá la tarifa de transporte” y que protegerá el bolsillo de los usuarios. Muñoz también señaló: “Solo en tanto tengamos mejora del servicio, es pertinente reconocer un mayor valor”.
Así, la Alcaldía recordó que las exigencias de calidad y modernización figuran en otras partes del proyecto. Las operadoras deberán implementar el Sistema Integrado de Recaudo, el Sistema de Ayuda a la Explotación y el Sistema de Información al Usuario. El incumplimiento podría ocasionar sanciones, suspensiones o la terminación de los contratos de operación.
Compensación para los dueños de buses
Mientras el usuario continúa pagando 35 centavos, el Municipio prevé destinar más de USD 22 millones para compensar a los propietarios de las unidades durante 2026. El proyecto establece un máximo de USD 8.000 por bus habilitado para el período restante del año. Este beneficio, según el dirigente de los transportistas, se aplicará “a un universo de 2.800 unidades”, es decir un costo para el Municipio de USD 22 millones 400 mil.
La asignación no sería automática. El proyecto de ordenanza exige, entre otros documentos, contratos y habilitaciones vigentes, matrícula, revisión técnica vehicular, información de GPS, certificado de no adeudar al Municipio y una cuenta bancaria registrada. También condiciona los recursos al avance de la implementación tecnológica.
