La Fiscalía solicitó al tribunal que imponga una sentencia de seis años y seis meses al expresidente Lenin Moreno. El abogado del exmandatario asegura que entre sus funciones como vicepresidente no constaban el tema eléctrico o de sectores estratégicos.
En la Corte Nacional de Justicia se cumplen los alegatos finales de las partes procesales, en el marco de la audiencia de juicio por presunto cohecho en el caso Sinohydro. Son 21 personas las procesadas en este caso, entre ellos el expresidente de la República, Lenin Moreno, su esposa Rocío González, y la hija de ambos Irina Moreno.
Para ellos, y para el resto de involucrados, excepto una procesada de la que no pudo comprobar su participación en el presunto delito, el Fiscal General subrogante, Carlos Alarcón, pidió al tribunal que la sentencia sea de seis años y seis meses de prisión, con agravantes.
Según la investigación de la Fiscalía, entre el 2009 y el 2018 una presunta red de corrupción habría operado alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair.
Se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en coimas, aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra, que habrían sido entregadas por Sinohydro, utilizando a terceras personas, a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canceladas a través de dádivas, cheques y transferencias.
En su alegato final, Alarcón manifestó que de esos 76 millones de dólares en sobornos, Moreno y su entorno familiar habrían recibido un millón de dólares. De ese monto, el expresidente se habría beneficiado directamente de 660.000 dólares. El resto se habría destinado a sus familiares cercanos, incluidos sus dos hermanos.
La respuesta
David Meza, abogado de Moreno y de su entorno familiar cercano, sostuvo que a la fecha del cometimiento del presunto cohecho, Moreno ejercía como vicepresidente de la República, y que sus funciones eran específicamente las que el presidente Rafael Correa le asignaba vía decreto.
Meza dijo que entre esas funciones no constaban manejar o incidir en temas eléctricos o de sectores estratégicos. Añadió que su defendido, en calidad de vicepresidente de la República, estaba a cargo del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis), del Registro Civil, de la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público (Senres), entre otras, por lo que no pudo tener participación en los hechos que le imputa la Fiscalía.
Agregó que el exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, manifestó ante los jueces que dirigen esta audiencia de juicio, que quien requirió el financiamiento para el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, fue Rafael Correa.
El abogado también justificó los ingresos generados por Rocío González e Irina Moreno en el marco de sus actividades profesionales, por lo que solicitó al Tribunal que ratifique el estado de inocencia de sus tres defendidos.
