La Nación Siekopai pidió hoy a la Corte Constitucional que actúe con urgencia frente al incumplimiento estatal de una sentencia que ordenó al Ministerio de Ambiente y Energía titular 42.360 hectáreas de su territorio ancestral en la Amazonía.
Dirigentes, jóvenes, mujeres, guardias indígenas y aliados de otras nacionalidades indígenas llegaron a Quito para exigir que se cumpla el fallo emitido el 24 de noviembre de 2023 por la Corte Provincial de Sucumbíos. Según los representantes Siekopai, han pasado más de dos años y medio desde la sentencia y el Estado todavía no entrega el título colectivo del territorio Pë’këya o Purkirá, considerado por la nacionalidad como su lugar de origen.
“Estamos aquí porque queremos seguir siendo Siekopai”, dijo Justino Piaguaje, dirigente de territorios de la Nación Siekopai. “La forma de garantizar un Estado plurinacional e intercultural es garantizando los territorios de los pueblos indígenas”, agregó.
De acuerdo con los dirigentes y su defensa legal, la Nación Siekopai tiene cerca de 800 integrantes en Ecuador y alrededor de 1.200 en Perú. Es decir, no supera las 2.000 personas entre ambos países.
Por eso, sostienen que la falta de titulación no es solo un trámite pendiente, sino una amenaza directa a su continuidad o “pervivencia” como pueblo.
La sentencia provincial reconoció la relación ancestral de la Nación Siekopai con el territorio reclamado y ordenó al entonces Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica entregar la adjudicación en un plazo de 45 días, además de ofrecer disculpas públicas y respetar las formas propias de gobierno indígena en el territorio. Los representantes Siekopai afirman que esas medidas siguen sin cumplirse.
El abogado y defensor de derechos humanos Jorge Acero dijo que la Nación Siekopai presentó una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional hace aproximadamente nueve meses.
Según explicó, el objetivo es que el máximo órgano constitucional obligue al Ministerio a ejecutar la sentencia completa.
“Un proceso constitucional donde se establece una vulneración de derechos no repara esos derechos hasta que la sentencia es cumplida completamente”, dijo Alcero. “Sin territorio no existen los pueblos indígenas o están condenados a su desaparición cultural e incluso física”.
La movilización empezó a las 09:30 en los exteriores de la Corte Constitucional y continuó con una reunión pasadas las 14:30 con autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía.
Eder Payaguaje, presidente de la Nación Siekopai, dijo que la jornada buscaba explicar a las autoridades “desde la realidad y desde la perspectiva de la gran Nación Siekopai” por qué la titulación no puede seguir aplazada.
Para los Siekopai, el territorio reclamado no es únicamente una extensión de tierra. Consuelo Piaguaje, joven lideresa de la nacionalidad, lo describió como el espacio donde sus abuelos vivieron, se relacionaron con los espíritus de la selva y transmitieron conocimientos a las nuevas generaciones.
“Quiero para mis hijos y para los hijos de nuestras futuras generaciones que caminen libremente en este territorio”, dijo Piaguaje. “Exigimos la titulación ya”.
El caso también expone una disputa de fondo entre la conservación estatal y los derechos territoriales indígenas. Parte del territorio reclamado se superpone con áreas protegidas administradas por el Estado. Para la defensa de la Nación Siekopai, esa condición no elimina el derecho constitucional de los pueblos y nacionalidades a la adjudicación gratuita de sus territorios ancestrales.
El abogado Acero sostuvo que la Constitución, el Código Orgánico del Ambiente y la Ley de Tierras no excluyen a los pueblos indígenas de la titulación cuando sus territorios se encuentran dentro de áreas protegidas. Así, dijo, el Ministerio ya cuenta con la información necesaria para ejecutar el fallo, incluida la georreferenciación del polígono reclamado.
Piaguaje dijo que la Nación Siekopai ya entregó los puntos de georreferenciación levantados en su mapeo territorial. “No hay por dónde perder”, afirmó. “Lo único que tiene que hacer el Ministerio es entregar registrado el título de propiedad, pedir disculpas públicas y garantizar el retorno pacífico”.
El reclamo Siekopai recibió el respaldo de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, Confeniae.
Alexandra, representante de Sinangoe, dijo que su comunidad enfrenta una situación similar, pues una sentencia reciente también ordenó al Estado entregar el título de propiedad colectiva de su territorio ancestral.
“No es justo que como pueblos y nacionalidades indígenas tengamos que venir a las calles a gritar y defender nuestros derechos cuando ya hay una orden constitucional”, dijo Alexandra. “No somos terroristas, somos defensores de la vida y de nuestros territorios”.
Camilo Huamoni, dirigente territorial de la Confeniae, afirmó que la organización regional acompañará el caso porque no se trata de una demanda aislada.
Según dijo, varias nacionalidades amazónicas viven conflictos semejantes por territorios que el Estado declaró áreas protegidas sin reconocer primero la ocupación ancestral indígena.
“Para nosotros el área protegida nunca existió; fue impuesta por el Estado”, dijo Huamoni. “Nosotros somos milenarios, hemos vivido miles de años”.
La Nación Siekopai sostiene que su despojo territorial se remonta a varios periodos históricos, desde la colonización, la explotación del caucho, las haciendas y el conflicto bélico entre Ecuador y Perú en 1941, que dividió a familias y comunidades en ambos lados de la frontera.
Sus dirigentes aseguran que llevan cerca de 80 años intentando regresar con seguridad jurídica a su territorio de origen.
Los dirigentes del pueblo Siekopai declararon que el caso llega ahora a un punto decisivo. Si la Corte Constitucional acepta el pedido de la Nación Siekopai y ordena medidas efectivas de cumplimiento, el Estado quedaría bajo mayor presión para ejecutar la sentencia. Si no lo hace, los dirigentes no descartan acudir a instancias internacionales.
Por ahora, los Siekopai dicen que mantendrán su exigencia en el marco de la justicia constitucional y de la movilización pública.
“Somos optimistas”, dijo Justino Piaguaje. “Hemos venido desde la selva y creemos que el Estado debe garantizar la seguridad jurídica para la convivencia pacífica de la gran Nación Siekopai”.
