La audiencia de formulación de cargos se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia y tuvo un inicio complicado.
El fiscal general del Estado, Carlos Alarcón, formuló cargos por presunto peculado en contra de 21 personas relacionadas con los contratos de emergencia firmados entre la estatal Celec y la empresa estadounidense Progen para hacer frente a la crisis energética que enfrentó el país en 2024.
El propósito de los contratos era la construcción de dos plantas eléctricas, una en Salitral y otra en Quevedo, que jamás operaron.
De los 21 procesados, la Fiscalía acusó a 19 de ellos como autores y dos como coautores de peculado.
En su teoría del caso, la Fiscalía asegura que los imputados actuaron para favorecer a una contratista extranjera, Progen, que no cumplía con los requerimientos técnicos ni legales.
A esto se suma que no se estableció un mecanismo para evaluar los certificados que presentó la empresa sobre su experiencia.
En agosto de 2024 se firmó el contrato de emergencia para la planta en Salitral por 99,4 millones de dólares y otro por más de 49 millones por el contrato para la planta de Quevedo.
Sin embargo, la Fiscalía asegura que los motores y generadores entregados por Progen incumplieron los términos del contrato y resultaron ser usados, repintados, obsoletos y técnicamente incompatibles.
Pese a los incumplimientos, se pagó el 60% de anticipo del contrato: más de 34 de millones de dólares por el de Quevedo y más de 69 millones por el de Salitral.
Un inicio complicado
La audiencia de formulación de cargos tuvo un inicio incidentado. Gladis Terán, abogada de Gonzalo Guerron, pidió que se difiera la audiencia hasta poder leer todo el expediente de más de 200 cuerpos con el objetivo de ejercer una defensa técnica. Respaldaron su pedido los abogados de Carlos Villacis y Antonio Goncalves, exministro de Daniel Noboa y uno de los procesados.
David Arias, abogado de Goncalves, manifestó que no había sido notificada la empresa Progen.
El fiscal se opuso al diferimiento con el argumento de que la audiencia fue convocada desde el 6 de mayo. «No sé si es abogado de la empresa corrupta», manifestó Alarcón a Arias.
Por su parte el juez Marco Vinicio Rodríguez, dijo que se ha garantizado plenamente el derecho a la defensa de las procesados y que la notificación cumplió la normativa, que se hizo con anticipación para que los abogados tengan tiempo suficiente para preparar las defensas por lo que negó los pedidos de diferimiento e instaló la audiencia.
Terán presentó un pedido de revocatoria de la decisión ya que insistió en que no hubo tiempo para ejercer una defensa técnica lo que vulnera el derecho a la defensa. Terán condicionó con retirar el pedido de revocatoria solo si el fiscal garantizaba que no solicitará la prisión preventiva a los procesados.
Arias se sumó al pedido de revocatoria y aseguró que el fiscal estaba actuando «cual estudiante de pregrado».
Ninguno de los argumentos fue aceptado por el juez ponente que ordenó continuar con la audiencia de formulación de cargos.
