Sectores de oposición recordaron que los funcionarios solo pueden ser fiscalizados hasta un año después de haber ejercido el cargo, y que Lasso dejó el poder hace más de dos años.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea inició el proceso para fiscalizar el caso de la extinta Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) durante la gestión de Hernán Luque Lecaro como presidente del Directorio. Luque Lecaro fue designado para ese cargo por el entonces presidente de la República, Guillermo Lasso y desempeñó sus funciones entre julio de 2021 y noviembre de 2022.
Debido a esa designación, la Comisión, de mayoría oficialista, no descarta llamar a Lasso a que comparezca y explique los motivos de la designación. Sin embargo, el exmandatario anticipó que no piensa concurrir a la Asamblea en caso de que sea llamado en el marco de este proceso de fiscalízacion.
El debate
El asambleista del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano, aseguró que la fiscalización en el caso EMCO es solo un show por parte del oficialismo. «Se olvidan que el mandato constitucional solo dice que un funcionario solo puede ser fiscalizado políticamente hasta un año después de haber ejercido el cargo», manifestó Serrano.
El exmandatario salió de la Presidencia de la República en noviembre de 2023, por lo que han transcurrido casi dos años y seis meses desde que dejó el poder. Serrano agregó que en el caso específico de un expresidente de la República, no puede ser fiscalizado ni siquiera un día después de dejar sus funciones.
«Este show que está montando la Comisión de Fiscalización no es más que eso, una cortina de humo», dijo Serrano y agregó que el oficialismo debería más bien responderle al país porqué le interesa este tema dos años y medio después.
Ferdinan Álvarez, presidente de la Comisión, defendió la posibilidad de convocar al exmandatario ya que «el que nada debe, nada teme», aunque reconoció que Lasso no tiene la obligación de concurrir, pero dijo que su aporte sería fundamental para conocer que sucedió en EMCO con una posible trama de corrupción.
«No es una cuestión de obligación de carácter legal, es una obligación de carácter moral y ético», manifestó.
Mientras que para el legislador correísta Luis Molina el exmandatario debería rendir cuentas ante la justicia a través de las instancias correspondientes. Agregó que es la Fiscalía la que debe investigar y determinar responsabilidades.
