Después de los cuestionamientos por limitar el acceso a información pública, la Contraloría habilitó nuevamente la información contenida en las declaraciones patrimoniales.
La página de la Contraloría para consultar las declaraciones juradas patrimoniales volvió a estar operativa este jueves con la información detallada de bienes muebles e inmuebles y otros aspectos que constan en ese documento. Al ingresar al sistema, con los datos de la persona que se busca, se despliega la información de las declaraciones patrimoniales.
Al escoger una determinada declaración y una vez cumplido con los pasos de identificación del solicitante (número de cédula, fecha de expedición, correo electrónico) y luego de digitar el código de validación se despliega, como antes, el detalle de bienes muebles e inmuebles, los recursos en el sistema bancario y las deudas contraídas.
Esta información detallada estaba restringida hasta ayer. Después de un proceso de mantenimiento de la página, la Contraloría habilitó solo el acceso a la declaración patrimonial general, pero no el detalle. Esto debido a una reforma al reglamento y con el argumento de que había detectado movimiento inusual de esta página.
Los legisladores de oposición cuestionaron está restricción impuesta ya que aseguraron que se ponía trabas al control ciudadano sobre un funcionario, especialmente sobre los políticos que ejercer cargos de elección popular.
«Desde el momento en que se ejerce un cargo público, las declaraciones, el patrimonio, todo absolutamente todo, tiene que ser público porque es la única manera de saber si un funcionario se ha enriquecido de manera ilícita», manifestó Paola Cabezas, de la Revolución Ciudadana. Agregó que tener acceso a la información detallada de una declaración juramentada de bienes, permite conocer cuántos bienes y dinero tenía un funcionario y cuánto tuvo al dejar ese cargo.
Por su parte la Comisión de Transparencia, presidida por Diana Jácome (ADN) aprobó una resolución para realizar un pedido de información al contralor Mauricio Torres sobre las motivaciones para limitar el acceso a información pública. La polémica se dio en esa Comisión con el legislador correísta Blasco Luna, quien consideraba que no se debía limitar a un pedido de información, sino que se debía solicitar la comparecencia de Torres a la Comisión para que dé la «cara al país».
