Desde el 23 de febrero hasta la fecha se han presentado demandas en contra de la reforma al COOTAD; la reforma a la Ley minera; el acuerdo ministerial que modifica los horarios de trabajo; y de la resolución del CNE para adelantar las votaciones.
Una delegación de autoridades seccionales agrupadas en la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) cumplió una marcha en Quito hacia la Corte Constitucional para presentar un amicus curiae para ser escuchados por los jueces constitucionales cuando analicen las demandas de inconstitucionalidad que se han presentado en contra de la reforma al Cootad que redistribuye los recursos de los organismos seccionales.
El amicus curiae es un recurso en los que un tercer interesado en determinada causa, que no es parte procesal, pide que le permitan exponer argumentos sobre el caso en análisis como insumos para cuando los jueces tomen una decisión.
La reforma al COOTAD fue presentada por el presidente Daniel Noboa con el carácter de urgente en materia económica y aprobado en la Asamblea por su bloque legislativo.
Yuri Colorado, alcaldesa de Muisne y presidenta de la AME, asociación que se ha mostrado afín al Gobierno, aseguró que la reforma es beneficiosa para los Gobiernos locales ya que les permite invertir en obras que beneficiarían a la población.
Su criterio se contrapone al de alcaldes como Panel Muñoz, de Quito; y Cristian Zamora, de Cuenca, quien aseguran que la reforma resta recursos a proyectos de índole social ya no habrá recursos para contratar a talleristas, capacitadores, profesores para áreas especiales entre otros.
La Corte vs. el Gobierno
La Corte Constitucional se ha convertido en la dirimente entre las iniciativas legales del Gobierno y la oposición que cuestiona el impacto que tendrá en el país esa normativa.
Desde el 23 de febrero en que entró en vigencia la reforma al COOTAD y hasta el viernes pasado se han interpuesto 51 recursos de inconstitucionalidad a iniciativas legales que fueron impulsadas por el oficialismo. En la cifra se incluye el cambio de fecha de las elecciones seccionales. La resolución la tomó el Consejo Nacional Electoral (CNE) pero la oposición asegura que el objetivo de fondo es beneficiar en las elecciones seccionales a los candidatos que presente ADN.
Las 51 demandas de inconstitucionalidad se distribuyen de la siguiente manera:
- 24 son en contra de las reformas al Cootad. Los demandantes son, entre otros, los Municipios de Quito, Guayaquil, Cuenca; las prefecturas de Azuay y Pichincha; Pachakutik, Revolución Ciudadana, Partido Socialista, ente otros.
- 13 en contra de las reformas a la Ley minera y de energía. Entre los demandantes constan organizaciones campesinas del Azuay, Yasunidos, Ecuarunari, Nacionalidad Waorani, comunidades amazónicas.
- Ocho son en contra de los acuerdos ministeriales del Ministerio de Trabajo que permite redistribuir la jornada laboral. Aparecen como demandantes Unidad Popular, FUT, trabajadores municipales y provinciales.
- Seis demandas son en contra de la resolución del CNE de adelantar al 29 de noviembre la fecha de las elecciones seccionales que en principio estaban programadas para el 14 de febrero de 2027. Los demandantes son, entre otros, el Partido Social Cristiano, el movimiento Líder y la Revolución Ciudadana.
