Ecuador enfrenta cortes de luz no programados, aumento de combustibles y más de 1.800 homicidios en 2026. Analistas advierten problemas estructurales y falta de soluciones inmediatas del gobierno de Daniel Noboa.
El Gobierno de Daniel Noboa enfrenta el inicio de la tercera semana de abril bajo una presión simultánea en tres frentes críticos: fallas en el sistema eléctrico que contradicen anuncios oficiales, un encarecimiento del costo de vida que golpea a los hogares y una crisis de seguridad que se mantiene en niveles históricamente altos, sin señales claras de reversión estructural. Y por si fuera poco desde el uno de mayo Noboa ordenó escalar al 100% los aranceles de la guerra comercial que inició con Colombia en febrero anterior.
Consultados por Ecuador Chequea, tres analistas explicaron que, en conjunto, estos tres frentes configuran un escenario de alta presión para el Ejecutivo, en el que las respuestas oficiales enfrentan cuestionamientos sobre su consistencia, alcance y capacidad de resolver problemas de fondo.
En conjunto, estos tres frentes muestran un patrón común: problemas estructurales de larga data, en infraestructura eléctrica, “sostenibilidad fiscal” y seguridad, que reaparecen bajo nuevas presiones y frente a los cuales el Gobierno combina medidas de contención inmediata con respuestas aún limitadas en términos de planificación, transparencia y resultados medibles.
Los apagones de regreso
Cortes de energía no programados afectaron este fin de semana a sectores de Guayaquil, Samborondón, Daule y también a zonas de Quito, apenas días después de que el presidente Daniel Noboa asegurara que en abril no habría apagones en el país.
En la Costa, la explicación oficial de CNEL fue una sobrecarga en transformadores de distribución por el aumento sostenido de la demanda durante una ola de calor; horas más tarde, la misma empresa informó trabajos simultáneos de mantenimiento y repotenciación en infraestructura eléctrica de Guayas.
En Quito, la Empresa Eléctrica atribuyó las interrupciones fallas técnicas en equipos y alimentadores, con cortes que se extendieron por varias horas en el valle de Los Chillos, Puengasí, Tumbaco y otros sectores, y no a un racionamiento nacional.
La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, reconoció fallas en la comunicación oficial sobre los cortes en la Costa y sostuvo que CNEL “mejorará su manera de comunicar a la ciudadanía”. También aseguró que parte de las desconexiones del domingo fueron programadas para intervenir la subestación Dos Cerritos, un punto clave del sistema en Guayas.
En cualquier caso, estos cortes de luz pusieron en duda los pronunciamientos oficiales del Gobierno de Daniel Noboa, apenas días después de que el presidente y la ministra de Ambiente y Energía insistieran en que no habría apagones en abril. Es más, el presidente indicó que los cortes de energía en la Costa se debían al aumento de temperatura que complican el rendimiento de las subestaciones.
Consultado por Ecuador Chequea, el analista de temas de infraestructura eléctrica en Ecuador y editor del boletín Energía al Día consideró que los cortes registrados este fin de semana en varias ciudades no serían un hecho aislado ni exclusivamente atribuible a la ola de calor o a fallas puntuales, sino la manifestación de problemas estructurales en el sistema eléctrico ecuatoriano que han sido advertidos desde hace años.
“Son problemas de transmisión y distribución por sobrecarga del sistema. Dada la alta demanda. Pero eso no es nuevo”, afirmó Dávalos. “Hay informes del CENACE advirtiéndolo desde antes del 2024”.
Para Dávalos, otro punto crítico es la gestión operativa del sistema. “Lo raro es que hagan mantenimientos juntos en períodos donde la gente necesita energía eléctrica. ¿Por qué no los hacen en la noche?”, cuestionó, en referencia a los trabajos reportados por CNEL durante el fin de semana en varias zonas de Guayas.
Así, la observación de Dávalos apunta a una posible falla en la planificación de mantenimientos, especialmente en contextos de alta demanda, cuando el sistema opera con menor margen de maniobra. En sistemas eléctricos, este tipo de decisiones puede aumentar el riesgo de interrupciones si coinciden con picos de consumo o limitaciones en la red.
Pero el cuestionamiento central del analista se dirige a la política de inversión. “La pregunta del millón es qué inversiones han hecho en el sistema de transmisión y distribución para evitar esa situación, si ya se sabía desde hace mucho”, sostuvo.
Alza histórica
El gobierno también empieza la tercera semana de abril con un problema económico doble para la mayoría de los ecuatorianos: moverse cuesta más y sostener el consumo esencial del hogar también.
Esto debido al alza de los combustibles desde el 12 de abril y el encarecimiento de la canasta básica en marzo presionan de nuevo el bolsillo de los hogares ecuatorianos, en un contexto en el que, según el analista económico consultado por Ecuador Chequea, Jorge Calderón, no hay salidas inmediatas desde la política económica local porque una parte del problema responde a choques externos y otra a factores climáticos internos.
Desde ayer la gasolina Extra y Ecopaís pasó a costar USD 3,024 por galón a escala nacional, el diésel premium USD 2,962 y la gasolina Súper USD 4,57. Los nuevos valores rigen hasta el 11 de mayo, dentro del esquema mensual de estabilización de precios vigente desde julio de 2024
Calderón atribuyó la subida de combustibles a la tensión internacional sobre el petróleo y sostiene que el sistema de bandas ha evitado que el ajuste sea todavía mayor para el consumidor final. Así, explicó que el mecanismo limita el traslado completo de la volatilidad internacional al precio local y obliga al Estado a absorber una parte del costo vía subsidios.
Sin embargo, Calderón advirtió que, al tratarse de una gasolina de alto consumo, contener el precio de la Extra demanda más recursos públicos y puede aumentar la presión sobre las cuentas del Estado, incluidas transferencias y pagos.
El dato marca un hito: la Extra y la Ecopaís superan por primera vez los USD 3 por galón en este esquema. Esto luego de que la Canasta Familiar Básica llegó a USD 829,38 en marzo de 2026, de acuerdo con el INEC, por encima del nivel de febrero.
Sobre la canasta básica, Calderón añade un segundo factor: la falta de lluvias en zonas de la Costa, que, según su explicación, estaría encareciendo ciertos cultivos y elevando costos en alimentos.
En este contexto, Calderón consideró que el Gobierno puede administrar prioridades de gasto, pero no resolver de inmediato el origen externo del encarecimiento del combustible, y planteó que la respuesta de corto plazo pasa más por contener daños y priorizar pagos que por una solución rápida de fondo.
Sigue la violencia criminal
Además de los problemas en materia de economía y electricidad, Ecuador sigue bajo una presión de la violencia criminal.
Según estadísticas oficiales 2025 fue el año más letal del que hay registro, con 9.216 homicidios.
El presidente Noboa afirmó el 1 de abril, en una entrevista difundida por la Secretaría de Comunicación, que “en marzo las muertes violentas se redujeron en 28 %” a escala nacional y que también bajaron la extorsión, el secuestro y el robo común. Días después, el 9 de abril, Noboa aseguró en una entrevista radial que en lo que va de 2026 el país ya superaba los 1.800 homicidios y recordó que 2025 cerró con más de 9.000.
En este contexto, el Gobierno aplicó el más reciente toque de queda nocturno en Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro. La medida fue anunciada por Noboa el 2 de marzo de 2026 y, según el propio discurso presidencial, debía regir desde el 15 de marzo a las 23:00 hasta el 30 de marzo a la medianoche. Esa restricción fue luego formalizada en el Decreto Ejecutivo 329, según.
En cualquier caso, Si el país ya supera los 1.800 homicidios en lo que va de 2026, la baja mensual de marzo no alcanza todavía para hablar de una lucha estructural de la violencia, sino de un alivio puntual dentro de un año que sigue marcado por niveles muy altos de letalidad, consideró el analista y exconsejero de seguridad del gobierno de Guillermo Lasso, Wagner Bravo.
Así, sostuvo que la violencia no puede leerse solo desde la represión policial y militar. Atribuyó parte del problema a la pobreza, la falta de empleo y el posible encarecimiento del costo de vida, y advirtió que mayores presiones económicas pueden convertirse en caldo de cultivo para más delincuencia. También cuestionó que el país siga hablando del Plan Fénix sin conocer públicamente sus metas, horizonte, indicadores ni resultados verificables.
Bravo afirmó que el Gobierno necesita transparentar una política integral de seguridad que permita a la ciudadanía saber “qué se pretende hacer, a dónde se quiere llegar, cuáles son las metas y objetivos, y cuál es el valor de la cooperación internacional”. Sobre el toque de queda, dijo a este medio que la población, en términos generales, sí acató la medida, pero insistió en que el país sigue sin un plan público que permita medir si estas restricciones están produciendo una reducción sostenida del crimen o solo contenciones temporales.
Sigue la guerra comercial
Por si fueran pocas estas tres crisis, el propio presidente Noboa inició en febrero anterior una guerra comercial con Colombia al ordenar la imposición de aranceles, que a partir del uno de mayo serán del 100%.
Esta decisión ya tuvo sus primeras consecuencias concretas: Colombia anunció que igualará el arancel para los productos ecuatorianos, el conflicto escaló en la Comunidad Andina y los gremios de ambos lados de la frontera empezaron a advertir que el comercio bilateral corre el riesgo de volverse inviable. La medida ecuatoriana fue anunciada el 9 de abril y entrará en vigor el 1 de mayo.
Como es de dominio público Noboa la presenta formalmente como una “tasa de seguridad” frente a una supuesta falta de esfuerzos del vecino país del norte para combatir la violencia criminal y el narcotráfico.
El Ministerio de Comercio de Colombia informó el 10 de abril que, tras el anuncio de Quito, el Gobierno de Gustavo Petro “se ve forzado” a modificar el Decreto 170 para nivelar al 100% el arancel aplicado a las importaciones provenientes de Ecuador. La cartera añadió que ya había presentado una demanda ante la Comunidad Andina al sostener que la medida ecuatoriana viola el Acuerdo de Cartagena, que prohíbe gravámenes y restricciones al comercio intracomunitario andino.
