Un grupo de ocho relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) remitió una comunicación oficial al Estado ecuatoriano con observaciones sobre los estados de excepción y la estrategia de seguridad implementada por el gobierno del presidente Daniel Noboa.
El documento, enviado desde Ginebra, analiza las medidas adoptadas desde la declaratoria de “conflicto armado interno” en enero de 2024, que permitió ampliar la intervención de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y clasificar a organizaciones criminales como grupos terroristas.
Los relatores señalan que estas decisiones han estado acompañadas de la aplicación reiterada de estados de excepción en distintas zonas del país, con restricciones temporales a derechos y despliegues militares a gran escala.
Observaciones sobre el enfoque de seguridad
Entre las conclusiones, los expertos indicaron que el uso de la figura de “conflicto armado interno” no se ajustaría a los estándares del derecho internacional humanitario en el contexto ecuatoriano.
Además, expresaron preocupaciones sobre el alcance de reformas legales en materia de inteligencia y seguridad, al considerar que amplían las facultades estatales de vigilancia y acceso a información sin controles judiciales suficientes.
También se menciona la recurrencia de estados de excepción y su posible normalización como herramienta de gestión de la seguridad, así como el impacto que estas medidas pueden tener en derechos como la libertad de expresión, reunión y asociación.
Señalamientos sobre derechos humanos
El informe recoge inquietudes sobre denuncias de violaciones de derechos humanos en el marco de operativos de seguridad, incluyendo detenciones arbitrarias, uso de la fuerza y desapariciones forzadas.
En espacios internacionales, como el Comité contra la Desaparición Forzada, también se han planteado preguntas sobre casos ocurridos durante intervenciones militares y sobre los mecanismos de investigación y rendición de cuentas.
Recomendaciones
Los relatores formularon recomendaciones orientadas a:
• Ajustar las políticas de seguridad a estándares internacionales de derechos humanos.
• Garantizar controles independientes sobre las operaciones militares y de inteligencia.
• Limitar el uso de estados de excepción a situaciones estrictamente necesarias y por tiempo definido.
• Fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la justicia.
Hasta el momento, el Gobierno de Daniel Noboa no respondido al contenido de la carta de los relatores. El documento forma parte de los mecanismos de seguimiento internacional en materia de derechos humanos y no tiene carácter vinculante, pero puede incidir en evaluaciones futuras sobre la situación del país.
