De los 30 que fueron llamados a juicio en el caso ‘Metástasis’, 8 son prófugos de la Justicia, por lo que el proceso en su contra está suspendido; a otro de los procesados también se le suspendió el juicio ya que, por el momento, tiene inmunidad al ser candidato a asambleísta nacional por el PID.

POR: Hugo Constante. 

En la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se instaló el juicio en el caso ‘Metástasis’, por presunto delito de delincuencia organizada. De los 30 procesados que fueron llamados a juicio, la audiencia se desarrolla en contra de 21 personas, entre ellas el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, alias el ‘Diablo’; el exdirector del SNAI, Pablo Ramírez; y la excomisionada para la pacificación de las cárceles, Claudia Garzón. Ellos y sus abogados llegaron poco antes de las 08:30 hasta el octavo piso de la Corte, donde se desarrolla el proceso  a cargo del Tribunal integrado por los jueces Mercedes Caicedo (ponente), Marcos Rodríguez y el conjuez Pablo Loayza. 

Contra otros ocho procesados el juicio se suspendió, ya que son prófugos de la Justicia. En este grupo están el abogado Cristian Romero, el empresario Xavier Jordan, empresario y el exasambleísta correísta Ronny Aleaga. 

Contra un noveno procesado, Armando Flor, el juicio también se encuentra en suspenso, ya que se inscribió como candidato a asambleísta nacional por el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia (PID), por lo que tiene inmunidad hasta que se proclamen los resultados. Según la Fiscalía, Flor fue el testaferro de Leandro Norero, capo del narcotráfico en el país y quien fue asesinado.  

El arranque del juicio 

En la presentación de los alegatos de apertura, el fiscal subrogante, Wilson Toainga, manifestó al Tribunal que el caso ‘Metástasis’ evidencia la contaminación al más alto nivel del sistema de Justicia. Agregó que la descomposición inició en mayo de 2022, cuando se detuvo a Leandro Norero (+) por el presunto delito de lavado de activos. 

Fue entonces, según la Fiscalía, que Norero empezó a armar toda una estructura de delincuencia organizada con el objetivo de obtener su libertad e impunidad, por lo que no dudó en corromper a jueces, abogados, fiscales, personal del SNAI, entre otros. Financió favores judiciales con dinero inclusive proveniente del narcotráfico, dijo Fiscalía. Toainga, en este momento procesal, detalló el rol que cumplía en la banda delincuencial cada uno de los 21 enjuiciados. Así, de Wilman Terán dijo que en su calidad de juez de la CNJ, al momento del cometimiento del delito, sirvió de nexo entre Norero y jueces de este organismo para fallar a favor de un hermano de Norero en un recurso de habeas corpus. De Ramírez, señaló que usando su cargo realizó favores administrativos y penitenciarios a cambio de dinero, entre otros casos.  La Procuraduría en su intervención se refirió de manera similar.

Por su parte, los 21 enjuiciados coincidieron en señalar en su momento y, a través de sus abogados, que al finalizar la audiencia el Tribunal les ratificará su estado de inocencia. Indicaron que la Fiscalía armó el caso en base de rumores, suposiciones y de testimonios manipulados. 

Terán, quien ejerce su propia defensa, con el tono poético que le caracteriza, afirmó que no ha cometido ningún delito y que sus actividades como juez de la Corte Nacional de Justicia las realizó en el marco de lo que le permitía la Ley. Dijo que la Fiscalía ha ido cambiando su grado de participación en la estructura de la banda delincuencial a lo largo de las fases procesales. 

En cambio el abogado de Pablo  Ramírez argumentó que nunca ejecutó un acto ilegal en ejercicio de su cargo y que jamás mantuvo mayor relación con Leandro Norero (+), ni le favoreció con beneficios penitenciarios. 

A su turno, el abogado de Garzón dijo que el comportamiento de su defendida se ajustó a lo que estableció el decreto de creación de la Comisión para pacificar las cárceles. Añadió que para cumplir su labor era necesario que mantenga comunicación con los líderes de las bandas que operaban al interior de las cárceles. «Ayudó a que no maten más gente», indicó el abogado.

Concluida la fase de alegatos de apertura de las partes procesales, el Tribunal dio paso a la presentación de pruebas. Al cierre de esta nota, la Fiscalía presentaba sus testigos.

El caso ‘Metástasis’ 

El proceso inició entre el 13 y 14 de diciembre de 2023, cuando la Fiscalía, en coordinación con la Policía, realizó allanamientos en siete provincias dentro de la investigación de presunta delincuencia organizada.  La investigación inició a raíz del asesinato de Leandro Norero Tigua -el capo del narcotráfico nacional-, en la cárcel de Cotopaxi, quien habría liderado la red de corrupción para evadir a la Justicia con el apoyo de un grupo de jueces, fiscales, polícías, funcionarios de la Judicatura, del SNAI, abogados en libre ejercicio, entre otros.

En este primer operativo fueron detenidos 31 personas, entre ellos Wilman Terán, a esa fecha era presidente del Consejo de la Judicatura; Mayra Salazar, relacionadora pública de la Corte de Justicia del Guayas; Pablo Ramírez, exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI); los jueces Emerson Curipallo y José Luis Segovia Dueñas, entre otros. 

Luego se vinculó al proceso a 21 personas más, para un total de 52 procesados en ese momento. La Fiscalía sostuvo que formarían parte de una red de narcocorrupción que penetró en el sistema político y judicial del país.

De los 52 procesados, la Fiscalía emitió dictamen abstentivo a favor de tres investigados. Otros 13 procesados se sometieron al procedimiento abreviado (admitir el delito cometido a cambio de una pena reducida): ocho recibieron condena de tres años y cuatro meses de prisión, entre ellos Daniel Salcedo; cuatro fueron condenados a un año y tres meses de prisión, entre los que constan Mayra Salazar; uno más fue condenado a dos años y seis meses de prisión. 

Sin embargo, uno de los procesados que suscribió el acta para someterse al procedimiento abreviado, retiró su pedido, por lo que la audiencia preparatoria de juicio se instaló con 37 procesados en total. 

De los 37 procesados, el juez nacional Manuel Cabrera llamó a juicio a 30 y sobreseyó a 7 de los acusados. Y de los 30 son 21 los que están enfrentando el juicio.

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