El Gobierno justificó su nuevo Estado de Excepción —que incluye a Quito— argumentando que octubre ha sido, ‘históricamente, el mes más violento’. Con estadísticas de delitos en mano, se amplió la medida en seis provincias y dos cantones.
POR: Juan Camilo Escobar
Ecuador amaneció hoy con un nuevo Estado de Excepción en seis provincias y dos cantones, incluida la capital, Quito. Esta medida estará vigente por 60 días, según el Decreto Ejecutivo 410, publicado en el sitio web de la Presidencia. El decreto se fundamenta en un informe técnico y otro jurídico, ambos elaborados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
La medida afecta a Quito, Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay. La decisión se toma, según la justificación oficial, en respuesta a un aumento en los índices de violencia en estas áreas, detalló el Gobierno en un comunicado difundido en su cuenta oficial de X.
Consultado por periodistas en los pasillos del Palacio de Carondelet sobre los justificativos de esta decisión, el ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, señaló que fue decretada en octubre, «históricamente el mes más violento» en el país. Félix Wong destacó, además, que Ecuador se encuentra en un periodo preelectoral, advirtiendo que algunos actores políticos podrían intentar «calentar las calles para desestabilizar» el país.
“No vamos a permitir que en el contexto electoral quieran calentar las calles porque, como ya no pueden hacerlo en las cárceles, ahora buscan hacerlo en las calles”, añadió el Ministro.
Hasta el cierre de esta nota, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, no había emitido un pronunciamiento oficial o respuesta de la administración municipal. Tampoco se reportó una declaración formal de la Comisión de Seguridad.
Sin embargo, el concejal Michael Aulestia, miembro de dicha comisión, afirmó que el Estado de Excepción permite a los agentes civiles de tránsito colaborar con la Policía y las Fuerzas Armadas en la revisión de documentos personales, con el fin de verificar antecedentes penales.
Aulestia sostuvo que la medida está plenamente justificada, argumentando que Quito está «bajo ataque» de al menos 10 grupos de delincuencia organizada que habrían migrado a la capital desde provincias donde las autoridades han intensificado operativos conjuntos de seguridad.
LAS IMPLICACIONES DE LA MEDIDA
El Estado de Excepción permite al gobierno limitar ciertos derechos constitucionales, como la libertad de asociación y reunión, el libre tránsito y la inviolabilidad del domicilio. Las fuerzas de seguridad, incluyendo la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, están autorizadas para ejecutar operativos conjuntos y emplear el uso legítimo de la fuerza para restaurar el orden.
El Decreto incluye una serie de disposiciones que afectan derechos constitucionales y buscan reforzar la seguridad en las provincias afectadas:
- Suspensión del derecho a la inviolabilidad del domicilio y correspondencia en las provincias y cantones donde se aplica el estado de excepción.
- Restricción de la libertad de reunión en relación con los motivos de la medida.
- Movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para ejecutar operativos de control en las áreas designadas.
- Toque de queda nocturno de 22:00 a 05:00 en 19 cantones, excluyendo a Quito.
- Requisición de bienes necesarios para «mantener la soberanía y la integridad del Estado».
El toque de queda aplicará en los siguientes cantones:
- Camilo Ponce Enríquez, en Azuay.
- Durán, Balao y la parroquia Tenguel, en Guayas.
- Babahoyo, Buena Fe, Quevedo, Pueblo Viejo, Vinces, Valencia, Ventanas, Mocache, Urdaneta, Baba, Palenque, Quinsaloma, Montalvo, en Los Ríos.
- Joya de los Sachas, Puerto Francisco de Orellana, Loreto, en Orellana.
LOS JUSTIFICATIVOS
La nueva declaratoria, según el texto de su decreto, busca fortalecer las acciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad ciudadana y preservar la soberanía del Estado.
La justificación del se basa en la «grave conmoción interna» y el «conflicto armado interno». Esta última una causal ya invocada en el Decreto Ejecutivo 218, de abril de 2024. Sin embargo, la Corte Constitucional ha cuestionado esta causal en pronunciamientos previos.
En el texto del decreto también se cita una serie de estadísticas de homicidios y de robos en septiembre de 2024 y durante los primeros nueve meses del año, como parte de los motivos para tomar esta decisión. Esto, asevera, con el objetivo de restaurar el orden público en las zonas más afectadas.
Así, según las estadísticas oficiales de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida (Dinased) con las que el Gobierno justificó esta nueva declaratoria en Quito, en donde se ha registrado un aumento del 38% en los homicidios intencionales entre el 1 y el 27 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Así, el número total de víctimas pasó de 16 en 2023 a 22 en 2024.
El mayor incremento se observó en los casos de asesinatos, que subieron de 1 a 9, lo que representa un alarmante aumento del 800%. Este tipo de muerte ahora representa el 40,9% del total de homicidios intencionales en Quito. Además, por primera vez en este periodo, se reportó un caso de sicariato, categoría que no registró incidentes en septiembre de 2023.
Mientras tanto, el número de homicidios se mantuvo constante con 12 casos durante septiembre de ambos años, aunque sigue siendo la categoría más alta, representando el 54,5% del total en 2024. Por otro lado, no se reportaron femicidios en septiembre de 2024, a diferencia de los tres casos documentados en el mismo periodo de 2023, en la capital, conforme se puede apreciar en la siguiente tabla estadística de la Dinased:
ESTADÍSTICAS DE LA DINASED PARA QUITO:
| Tipo de Muerte | 01-Sep al 27-Sep 2023 | 01-Sep al 27-Sep 2024 | Variación Absoluta | Variación Porcentual | Peso Año 2024 (%) |
| Asesinato | 1 | 9 | 8 | 800% | 40,9% |
| Sicariato | 0 | 1 | 1 | 100% | 4,5% |
| Homicidio | 12 | 12 | 0 | 0% | 54,5% |
| Femicidio | 3 | 0 | -3 | -100% | 0% |
| Total general | 16 | 22 | 6 | 38% | 100% |
18% MENOS HOMICIDIOS EN ECUADOR ENTRE ENERO Y SEPTIEMBRE
El número de homicidios intencionales en Ecuador ha disminuido en un 18% en lo que va del 2024, en comparación con el mismo periodo del 2023. Durante el periodo comprendido entre el 8 de enero y el 27 de septiembre, se registraron 3,855 homicidios en 2024, frente a los 4,677 del año anterior, lo que refleja una variación absoluta de 822 muertes menos.
Guayas continúa siendo la provincia con más homicidios, pero registra la mayor reducción. La provincia sigue siendo la más violenta del país, acumulando 2.065 homicidios entre enero y septiembre de 2024, lo que representa el 53,6% del total de casos a nivel nacional. A pesar de esto, Guayas mostró una significativa disminución de 631 homicidios en comparación con similar período de 2023, lo que equivale a una reducción del 23%.
Reducción en Manabí y Los Ríos: Otras provincias con disminuciones importantes en la tasa de homicidios incluyen Manabí, que pasó de 656 homicidios en 2023 a 585 en 2024, mostrando una reducción del 11%, entre enero y septiembre. De manera similar, Los Ríos registró 74 homicidios menos, con una disminución del 12%, en ese periodo.
Orellana y Sucumbíos presentan aumentos en los homicidios. A pesar de la tendencia nacional de reducción, dos provincias amazónicas mostraron aumentos preocupantes. Orellana registró un incremento del 146%, pasando de 35 homicidios en 2023 a 86 en 2024 en los primeros nueve meses de este año. Sucumbíos también mostró un incremento en los homicidios, con un aumento del 38%, pasando de 60 a 83 casos en el mismo periodo.
A continuación, se presenta una tabla que resume los homicidios intencionales registrados en las principales provincias del país, durante los primeros nueve meses del 2023 y el 2024, según las estadísticas de la Dinased.
HOMICIDIOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2024:
| Provincia | Homicidios del 8 de enero al 27 de septiembre de 2023 | Homicidios del 8 de enero al 27 de septiembre de 2024 | Variación Absoluta | Variación Porcentual | Peso Año 2024 |
| Guayas | 2696 | 2065 | -631 | -23% | 53,60% |
| Manabí | 656 | 585 | -71 | -11% | 15,20% |
| Los Ríos | 631 | 557 | -74 | -12% | 14,40% |
| El Oro | 441 | 341 | -100 | -23% | 8,80% |
| Santa Elena | 158 | 138 | -20 | -13% | 3,60% |
| Orellana | 35 | 86 | 51 | 146% | 2,20% |
| Sucumbíos | 60 | 83 | 23 | -38% | 2,20% |
| Total general | 4677 | 3855 | -822 | -18% | 100,00% |
Antes de presentar estas estadísticas, el Decreto Ejecutivo señala que hay un «incremento de hostilidades, delitos e intensidad de la presencia prolongada de grupos armados organizados» en Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Quito y Ponce Enríquez.
El documento también indica que «los grupos delictivos han formado nuevas alianzas; muchos de ellos mantienen sus capacidades y representan una amenaza, y el cometimiento de ciertos delitos graves ha aumentado». Además, cita un informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que señala que, «si bien existe una contención, los índices de violencia y criminalidad siguen siendo altos».
En este contexto, el Decreto incluye algunos hechos violentos registrados recientemente en las provincias afectadas, los cuales, dice, «afectan el normal desarrollo de las actividades sociales y económicas de la ciudadanía y, por ende, sus derechos constitucionales, a pesar de que estas amenazas están contenidas y siendo enfrentadas con operaciones militares de ámbito interno»:
1. Asesinato de la directora encargada de la Penitenciaría del Litoral, Daniela Icaza.
2. La masacre de siete personas en Samborondón, ocurrida en una gallera en el recinto Guachapelí, la noche del 29 de septiembre.
3. Un triple crimen en Portoviejo, entre las víctimas, un bebé de cinco meses.
4. El ataque contra una funcionaria jurídica del SNAI en Quito, quien falleció una semana después.
5. La muerte violenta del director de la cárcel de Sucumbíos, Álex Guevara.
MEDIDA INSUFICIENTE
Johana Espín, experta en seguridad nacional y catedrática del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador (IAEN), expresó su preocupación por la decisión del presidente Noboa de recurrir a decretos de excepción para abordar los problemas de seguridad del país.
Espín señaló que, si bien las movilizaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas y la Policía pueden ser necesarias en ciertos momentos, estas no deberían ejecutarse bajo el amparo de estados de excepción. “Deben formar parte de una política integral de seguridad que contemple no solo la delincuencia e inseguridad, sino también los riesgos, que son áreas de competencia dentro del concepto de seguridad integral a nivel institucional”, afirmó.
“La dificultad radica en que constantemente debemos recurrir a los estados de excepción como mecanismo de gobernanza en temas de seguridad”, añadió.
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