Mayra Salazar no sólo se benefició del procedimiento abreviado en el caso ‘Metástasis’, sino de una rebaja de pena adicional por su cooperación eficaz. Así, en un delito en el que la condena máxima era 10 años de prisión, fue sentenciada apenas a 15 meses.
Antes de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de delincuencia organizada se sancionaba con una pena de entre 5 y 10 años de cárcel, de acuerdo con el nivel de participación del procesado. Bajo esa figura penal, hoy fueron sentenciados en el caso ‘Metástasis’, Mayra Salazar, exrelacionadora pública de la Corte de Justicia del Guayas; y Álex Palacios, ‘exmano derecha’ de Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura.
Sin embargo, Salazar y Palacios fueron condenados apenas a un año y tres meses de cárcel, ya que se acogieron al procedimiento abreviado y, además, se tomó en cuenta su cooperación eficaz, que según la Fiscalía, fue fundamental para avanzar en la investigación del caso ‘Metástasis’, desbaratar la organización criminal y llegar a sus cabecillas.
En este caso se investiga una red de corrupción política-judicial, liderada por el narcotraficante Leandro Norero (+) desde la cárcel de Cotopaxi, donde fue detenido por un caso de lavado de activos.
El rol de Salazar en esta organización criminal, según la investigación de la Fiscalía y aceptada por la ahora sentenciada, era la de identificar jueces dispuestos a recibir sobornos a cambio de sentencias favorables para la organización delictiva y, en otros casos, llegaba directamente a los magistrados que llevaban los procesos contra Norero, para coimarles, con el objetivo de que dejaran en libertad al narcotraficante. Norero y Salazar estaban en contacto permanente a través de una aplicación de mansajería telefónica. La relacionadora pública recibió 6.300 dólares por parte de la organización criminal por esos trabajos realizados.
Por su parte, Palacios fue un hombre cercano y de confianza del entonces juez nacional Wilman Terán. Eran tan cercanos que Palacios fue en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) el subcoordinador jurídico de su despacho; y cuando Terán llegó a la Presidencia del Consejo de la Judicatura, designó a Palacios como director provincial de ese organismo en Chimborazo.
Palacios aprovechó sus contactos en la CNJ para asesorar a Helive Angulo, hombre de confianza de Norero, sobre la compra de decisiones de jueces que iban a conocer un ‘habeas corpus’ a favor de los familiares del narcotraficante. Además, actuó como nexo entre Terán y Norero para retrasar un fallo judicial, para lo cual el líder de la organización criminal le hizo llegar al entonces magistrado nacional, 10 mil dólares.
La cooperación eficaz
Los dos procesados se beneficiaron de una rebaja sustancial en sus condenas gracias a la cooperación eficaz, ya que si solo se acogían al procedimiento abreviado, la condena hubiese sido de 3 años y 4 meses de cárcel.
La fiscal general, Diana Salazar, explicó que esa técnica especial de investigación, contemplada en las legislaciones de otros países del continente en la lucha contra el crimen organizado, se aplica cuando el procesado ha aportado con información verídica, precisa y comprobable, que ayude a la identificación de otros implicados en la causa penal.
Por ejemplo, en el caso de Palacios, dijo la Fiscal, delató a su inmediato superior (Terán) contribuyendo a la búsqueda de la verdad procesal. “Es una cooperación con la Justicia a cambio de una rebaja sustancial de sus penas, a diferencia de otros que están acostumbrados a boicotear y torpedear los procesos”, dijo la Fiscal. Agregó que, de ninguna manera, este procedimiento es un mensaje de impunidad, sino que, como el crimen paga con dinero, lo que para el Estado no es posible, se recurre a esa figura para la rebaja sustancial de la condena.
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