Aunque el matrimonio y la unión libre con o entre menores de edad se encuentra tajantemente prohibido en el país, esta es una realidad que permanece vigente. Guayas es la provincia con más casos.

En Ecuador, los niños y adolescentes viven en condiciones de vulnerabilidad constante. La condición en la que viven las personas en edades tempranas y menores de edad en torno a acceso a salud y educación, pobreza, trabajo infantil, embarazo adolescente, entre otros han ocupado las portadas de medios de comunicación y trabajos de organizaciones civiles a diario. Sin embargo, existen otros indicadores que también reflejan la realidad de menores y adolescentes.

El Censo Poblacional realizado en 2022 y cuyos resultados se publicaron por completo este año, muestra una de las estadísticas sobre lo que viven en el día a día los niños y adolescentes en Ecuador. Y es que entre sus estadísticas, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) recoge también los estados civiles de las personas de todas las edades. Entre estos, también constan menores de edad, lo que enciende las alertas sobre las condiciones de los menores de edad en el país.

Al ser preguntados por los censistas sobre su estado civil, en Ecuador un total de 5.959 personas de entre 12 y 14 años respondieron que estaban en unión libre, estaban separados o que habían quedado viudos. Es decir, casi seis mil menores de edad aseguraron que viven o han vivido con sus parejas a lo largo de su corta vida. Veamos las estadísticas completas:

Como se expone en el gráfico, un total de 5.217 menores de entre 12 a 14 años de edad en Ecuador aseguraron que vivían con sus parejas en unión libre. De este total, 3.600 menores eran mujeres, frente a 1.617 que eran hombres. 

Asimismo, 664 menores aseguraron estar separados, de los cuales 387 eran mujeres y 277 eran hombres. Por último, un total de 78 menores estaban en condiciones de viudos, de los cuales 41 eran mujeres y 37 eran hombres. 

Las cifras del INEC también reflejan cuáles son las provincias donde hay mayor incidencia de este tipo de casos, en los que menores de edad viven o han vivido con sus parejas. 

En este análisis, se ve que Guayas es la provincia donde existe una mayor incidencia de menores de edad que han estado viviendo o han vivido con sus parejas. Esto, con un total de 1.700 casos.

En segundo lugar está Manabí, donde 829 menores de edad reportan haber vivido o vivir esta realidad. Tras esta provincia le siguen Los Ríos, Pichincha y Esmeraldas. 

Por otro lado, las cifras del Censo también contienen las respuestas de jóvenes de entre 15 y 19 años, grupo en el que también se encuentran personas menores de edad. En este caso, se observa que más de 90.000 personas reportaron vivir en unión libre, mientras que 7.644 personas respondieron que se encontraban separadas y 307 que estaban viudas. Además, 4.937 respondieron que estaban casadas y 310 que estaban divorciadas; este grupo corresponde a personas mayores de edad, pues estas figuras solo están reservadas para quienes constan con este estatus legal.

Las cifras, tomando en cuenta todo lo expuesto, encienden las alertas. Esto, debido a que en Ecuador están estrictamente prohibidas las uniones de menores de edad. Pero, ¿qué dice esto sobre las condiciones de vulnerabilidad que viven los niños y adolescentes en el país?

Los más vulnerables

El Foro de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) es claro al momento de analizar este tipo de realidades que viven los niños y adolescentes. Y es que, según la organización, el matrimonio infantil es una vulneración grave de los derechos humanos; esto incluye casos de uniones no legales, pero con condiciones similares a las de un matrimonio. 

“Cada niño tiene el derecho a ser protegido de esa práctica nociva que tiene consecuencias devastadoras para las personas y para la sociedad en su conjunto. Independientemente del género, el matrimonio celebrado antes de haber llegado a la edad adulta es una violación de los derechos humanos”, expresa en uno de los informes de la entidad. Además, esta también aclara que América Latina es la única región del mundo donde los matrimonios infantiles han disminuido en los últimos 25 años, pero ocupa el segundo lugar del mundo con mayor número de embarazos adolescentes. 

Para Ricardo Gómez, educador y defensor de los derechos de niños y adolescentes, las cifras que ha presentado el INEC, las cuales no se exponían en los procesos censales ni en las estadísticas previas al 2022, son una alarma considerable para las condiciones que viven estos rangos etarios en el país. Y es que esto implica “una clara vulneración a los derechos de los niños, niñas y adolescentes porque se está coartando su desarrollo y poniéndolos en posiciones que no van acorde a su edad y a su madurez mental y física”. 

Además, Alejandro Borja, jurista experto en la defensa de derechos de menores de edad, afirma que estas realidades abren las puertas a otro tipo de delitos y vulneraciones, entre los que están “los delitos sexuales, embarazo adolescente, violencia psicológica y violencia patrimonial”. 

Y es que las estadísticas “nos sugieren que existen adolescentes de entre 12 y 14 años que se han unido con personas de la misma edad, o lo que es más común en estos escenarios, con personas mayores. Y es más preocupante que haya menores que reporten estar separados o viudos”. 

“Esto implica obligar a un menor, porque a esas edades no existe el consentimiento en materia legal, a convivir con otra persona, generalmente mayor, porque legalmente es imposible que un menor pueda convivir, casarse o estar en unión de hecho con una persona; el Código Civil lo prohíbe tajantemente”, dice.

Pero no sólo eso, sino que el incurrir en otro tipo de delitos, como delitos sexuales, físicos o psicológicos, configuran un agravante cuando la víctima es una persona menor de edad. “Por lo que la Ley prohíbe este tipo de prácticas, aunque en la realidad estas cifras demuestran que se siguen presentando”. 

Para Borja esta realidad es un resultado de problemas estructurales que van desde la pobreza, la falta de educación, la falta de acceso a salud y la falta de acceso a servicios de apoyo a niños y adolescentes. 

“Por un lado, podemos ver mayor incidencia de estos casos en zonas con mayor pobreza, porque las condiciones económicas pueden instar a las personas a mandar a sus hijos o hijas a vivir con personas mayores, que pueden desencadenar en este tipo de relaciones violentas en todo sentido. Por otro lado, la falta de escuelas y servicios de salud seguros complican más la capacidad del Estado de detectar este tipo de casos, que pueden ser claramente penados por la Ley”, indica. 

Asimismo, el experto asegura que a lo largo del país hay un déficit de espacios dedicados al apoyo de niños, niñas y adolescentes en el proceso de defensa de sus derechos. “En provincias como Guayas, en sus zonas rurales, Esmeraldas o Manabí, es difícil encontrar juntas defensoras de derechos u otros espacios. Solo en Quito ya tenemos un déficit de personal para que atienda los miles de casos retrasados en torno a la defensa de derechos de menores de edad; es peor aún en zonas rurales o en provincia”. 

Además, cabe aclarar que las cifras de embarazo adolescente en el país son preocupantes, dado que según ONU Mujeres, éstas permanecen en una tasa aproximada de 2.2 en casos de embarazo infantil y 49.4 si se habla de embarazo adolescente. Siguiendo la misma línea, las cifras del Censo destacan que las mujeres menores de edad son las que más reportaron vivir en unión con sus parejas, estar separadas o haber quedado viudas por la muerte de su conviviente. 

“Es importante que el Estado trabaje en los mecanismos de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes para tratar esta problemática, que es preocupante, y que revela el estado de vulnerabilidad que viven los menores en el país”, dice. 

Con esto, el papel del Estado deberá ser esencial para evitar que se continúen propagando este tipo de vulneraciones a los derechos de los menores en el país, sea en la ruralidad o en zonas urbanas. 

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