Desde todas las bancadas aseguran que fue el pueblo el que triunfó el domingo. Ahora esperan los textos del Ejecutivo para “aterrizar” la consulta en las reformas legales, todo en medio de una Legislatura dividida y en medio de pugnas políticas. ¿Cuál será el camino?
Los resultados de la consulta popular, donde el ‘Sí’ ganó en 9 preguntas (seguridad) y el ‘No’ en dos (trabajo por horas y arbitraje internacional) es un triunfo de la población, coinciden en señalar desde todas las bancadas políticas representadas en la Asamblea.
Aunque el Movimiento Pachakutik hizo campaña para que se votara ‘No’ en las 11 preguntas, su legisladora Cecilia Baltazar asegura que haber logrado que se negara el arbitraje internacional y la contratación por horas es una demostración de que la población se pronunció por la protección de la soberanía nacional y por respeto a sus derechos laborales. “Estamos satisfechos con el trabajo realizado”, dijo, ya que considera que estas dos preguntas eran la esencia de la consulta popular, lo fundamental. Agregó que el resto de preguntas donde triunfó el ‘Sí’, eran temas de cajón, relacionados con la seguridad, que inclusive no requerían pasar por consulta popular, sino canalizar las reformas directamente a través de la Legislatura, por lo que ahora le corresponde al presidente de la República, Daniel Noboa, dar respuestas a la población a través de los proyectos de Ley.
Por su parte, la asambleísta Nataly Morillo, de Construye, organización que promovió el ‘Sí’ en la contratación por horas, considera que el resultado adverso obedeció a factores como falta de información e inadecuada comunicación de los voceros oficiales, pero que, al ser temas importantes, el Ejecutivo lo podría tratar desde otras esferas. A pesar del resultado en esas dos preguntas, Morillo dijo que el único ganador es el pueblo, ya que se ejerció un voto razonado.
El tratamiento legislativo
De las nueve preguntas aprobadas, cuatro se aplicarán directamente: el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía, la extradición de los ecuatorianos que hayan cometido delitos en otros países, creación de judicaturas especializadas en materia constitucional, y control de armas y municiones en el ingreso a las cárceles del país.
Las otras cinco preguntas, para su aplicación, necesitarán pasar por el tratamiento legislativo a través de proyectos de Ley, que deberá remitir el Ejecutivo una vez que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya proclamado los resultados oficiales. Los temas que deben pasar por la Asamblea son: incremento de penas para 10 delitos, que los detenidos cumplan la totalidad de la pena en las cárceles del país en caso de haber incurrido en ciertos delitos, la tipificación de la tenencia y el porte de armas, que las armas que hayan sido usadas en delitos pasen a poder de las fuerzas del orden, y la simplificación de la Ley de Extinción de Dominio.
Valentina Centeno, coordinadora de la bancada oficialista, aseguró que Noboa ya tiene listos los proyectos de Ley y que sólo está a la espera de la proclamación de resultados. Una vez que los proyectos lleguen a la Asamblea deberán ser calificados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que deberá decidir a qué comisión delega el trámite de esas reformas. La mayoría de textos serán cambios al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la Comisión “natural” que ha tratado ese tipo de reformas es la de Justicia. La Asamblea tiene 60 días para tratar las reformas que presente el Ejecutivo.
El asambleísta correísta Leonardo Berrezueta aseguró que se respetará la voluntad del pueblo expresada en las urnas el domingo, pero que los proyectos deben referirse exclusivamente a lo aprobado el domingo. “Cuidado el Ejecutivo quiera meter otros temas que no han sido aprobados”, dijo.
Criterio a los que se suman legisladores de otras bancadas, quienes manifiestan que los textos que remita Noboa deben topar sólo los contenidos que puso en consideración de la ciudadanía a través de la consulta popular.
¿Pugnas de lado?
En este nuevo ciclo en que entra la Asamblea, con un ambiente previo lleno de pugnas partidistas, los legisladores hacen “votos” para que las reformas legislativas producto de los resultados de la consulta sean tratadas dejando de lado las diferencias ideológicas.
Morillo dice que Ejecutivo y Legislativo deben trabajar de manera conjunta ya que hubo un pronunciamiento popular y que los dos poderes de Estado deben responder a ese mandato porque el país está cansado de la politiquería y de la polarización.
Para Baltazar, en cambio, las bancadas deben unirse para entrar en ese gran análisis y debate que significa realizar cambios a la legislación en base a lo que proponga el Ejecutivo, pero siempre en función de que el pronunciamiento de la población está dado.
Jaime Guevara, independiente, agregó que están dispuestos a colaborar para que la normativa reformada salga apegada a lo que manda la Constitución.
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