En medio del conflicto armado interno, se instala la Mesa de Seguridad Electoral de la que participan 18 instituciones, entre la Policía y Fuerzas Armadas. Ésta se encargará de la seguridad de la jornada electoral antes, durante y después del 21 de abril.

El 7 de abril iniciará en el país la campaña electoral por el Sí o por el No para la consulta popular promovida por el Gobierno de Daniel Noboa y, un día después, concluirá la extensión del Estado de Excepción, decretado por el Ejecutivo para combatir a las bandas narcoterroristas en el marco del conflicto armado interno. A pesar de la medida vigente desde el 8 de enero, los sicariatos y crímenes violentos no se han detenido, como lo demuestran los hechos del fin de semana. 

Este es el ambiente en el que se desarrollará la campaña por parte de 10 organizaciones -siete políticas y tres sociales- calificadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE). La presidenta del organismo electoral, Diana Atamaint, aseguró que los promotores del Sí y del No podrán solicitar seguridad, si consideran que está en riesgo su integridad. 

Atamaint indicó que deben notificar al CNE para que a su vez el organismo coordine con el Ministerio del Interior, el ente encargado de elaborar el perfil de riesgo y el que decide en qué grado amerita protección.

El consejero José Cabrera aclaró que el CNE no tiene presupuesto para brindar protección a los sujetos políticos, por lo que el rol del organismo es el de coordinar con el Ministerio del Interior. “Somos facilitadores para que los sujetos políticos puedan tener contacto directo con el Ministerio, que a través de la Policía, hace los análisis de riesgo y es quien proporciona seguridad”, manifestó. La campaña se extenderá hasta el 18 del mismo mes. 

Mesa de Seguridad Electoral 

Atamaint y Cabrera instalaron en el ECU 911, en Quito, la Mesa de Seguridad Nacional en la que participan 18 instituciones, entre ellas, la Policía y las Fuerzas Armadas, cuya misión es garantizar la seguridad del proceso electoral antes, durante y después de la jornada del 21 de abril. 

El coronel Galo Armijos, vocero de los militares, evitó dar detalles del trabajo que cumpliran durante la jornada, tomando en cuenta la crisis de seguridad por la que atraviesa el país. “Para nosotros es un nuevo escenario el conflicto armado interno y el desarrollo de las elecciones. Lo que hacemos es prepararnos para ese desafío, empleando todos nuestros medios”, dijo.

Serán más de 40.000 militares y 57.020 policías los que estarán movilizados durante la consulta popular para resguardar instalaciones del organismo electoral, bodegas donde se traslada el material electoral; brindarán resguardo a observadores nacionales e internacionales, entre otras actividades. 

El general Wilson Pavón, vocero de la Policía, explicó que se trabajará con la Dirección General de Inteligencia, que es la encargada de entregar información específica que servirá a los equipos tácticos para que intervengan en caso de presentarse hechos delincuenciales. “En caso de darse presuntos actos terroristas, nosotros estamos activados las 24 horas para poder intervenir rápidamente”, manifestó.

Por su parte, el ECU 911, para cumplir un trabajo coordinado con el resto de las instituciones, mantendrá su operatividad a través de 988 cámaras en recintos electorales priorizados y así atender las emergencias que se presenten a escala nacional, ya que contarán con 17 salas operativas en diferentes provincias, desde donde los puestos de mandos unificados monitorearán el desarrollo de las elecciones y de los vehículos que transportarán el material para el sufragio.     

Atamaint destacó la importancia de instalar la Mesa de Seguridad Electoral como un paso más en el desarrollo de la consulta popular.

Los avances 

95 kits técnicos, entre computadoras y escáneres fueron enviados el viernes al exterior para el voto de los compatriotas. Además, está impreso el 25% de las papeletas y documentos electorales, que ya han sido entregados a la empresa Montgar, encargada de la integración de los paquetes que serán distribuidos en primera instancia a: Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago, Galápagos, Zamora Chinchipe y Loja.