Tras los errores detectados en la solicitud de juicio presidente, Guillermo Lasso, el Legislativo corre el plazo de tres días para que el documento cumpla todos los requisitos.
Los asambleístas proponentes del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso tienen tres días para que su solicitud contenga todos los requisitos que contempla la normativa. A pesar de que, el lunes la solicitud ya había sido admitida a trámite, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) reconsideró la votación al detectar que el documento presentaba errores en la citación de los artículos invocados para proponer el juicio político.
En la resolución de reconsideración consta que, la solicitud no cumple todos los requisitos de Ley, especialmente el requisito de estar “debidamente fundamentada y contendrá la formulación por escrito de los cargos atribuidos al Presidente de la República”.
Los proponentes del juicio político son: Pedro Zapata del Partido Social Cristiano (PSC), Viviana Veloz del correísmo, Mireya Pazmiño, separada del bloque de Pachakutik, y Rodrigo Fajardo, disidente de la Izquierda Democrática (ID).
La solicitud estaba por ser remitida a la Corte Constitucional, que deberá emitir su dictamen de admisibilidad, pero por este nuevo retraso, el documento estaría listo la próxima semana.
Sectores políticos y legislativos han criticado a los bloques que promueven el juicio político y a sus proponentes por la serie de errores que se han registrado en el documento. En la solicitud original se equivocaron en la cita de artículos constitucionales y legislativos que les faculta la interpelación de un Primer Mandatario; “corrigieron” ese error a través de un alcance; la solicitud pasó por el filtro de la Unidad de Técnica Legislativa (UTL) cuyo informe aseguró que cumple todos los requisitos y recomendó al CAL que lo admita a trámite, como en efecto se hizo.
Ayer, cuando se esperaba que se remita la solicitud aprobada a trámite a la Corte Constitucional, se detectaron nuevos errores y el CAL devolvió el documento a los proponentes para que la fundamenten bien.
¿Pueden corregir el documento aprobado?
El abogado y experto en temas legislativos, Pablo Santillán, manifestó que ya no era momento ni para la reconsideración en el CAL y menos aún para que manden a hacer correcciones. “La solicitud ingresó con alcance el 17 de marzo; los tres días de plazo máximo para poner en conocimiento del CAL vencieron el 20; ya no cabe la reconsideración de lo que resolvieron”, dijo Santillán.
Agregó también que la Ley prevé la posibilidad de completar requisitos, no de corregir que es lo que en el fondo harían los solicitantes de la interpelación.
El constitucionalista Gonzalo Muñoz coincide, que los requisitos deben ser completados en tres días, por lo que los plazos precluyeron. Considera que a los legisladores les jugó una mala pasada la desesperación por impulsar el juicio político, que los llevó a entramparse en sus errores.
Mientras que, el también constitucionalista, André Benavídes, indicó que esta vez los errores fueron que en los delitos de concusión y peculado que le imputan a Lasso, los legisladores proponentes invocan una tipicidad contemplada en el Código Penal anterior que ya fue reformado.
En la Asamblea
Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, asegura que los plazos no han precluido, ya que no hay temporalidad para mandar a completar los requisitos.
Para Saquicela lo que hubo es una mala transcripción de los artículos citados en la singularización de los delitos atribuidos al presidente Lasso.
En tanto que, Pedro Zapata del PSC, que actuará como interpelante, dijo que lo que corresponde es completar la solicitud incorporando las reformas que están vigentes en la legislación sobre peculado y concusión. “No debió haber ocurrido pero ocurrió, lo que corresponde ahora es subsanar”, dijo Zapata.
Por su parte Viviana Veloz, correista e interpelante, dijo que están trabajando para completar – no para corregir-, porque la Ley no lo permite, con el fin de volver a ingresar la solicitud al CAL y mandarlo posteriormente a la Corte Constitucional.
Según Veloz, el tipo penal y el verbo rector que constan en la solicitud relacionados a los hechos de peculado y de concusión siguen siendo los mismos y que se les incorporó como constan en la solicitud, ya que eran los que estaban vigentes al momento de cometerse los presuntos delitos. “No existe ningún error, lo que estamos haciendo es completar”, dijo Veloz.
En cambio para la oficialista Nathalie Arias, dijo que en la práctica lo que harán es corregir el expediente debido a que no se cumplieron los requisitos.
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