A un mes de que inicie el proselitismo, el CNE aprobó 5 organización para promover el ‘Sí’ y 5 para promover el ‘No’. Hoy empezó la notificación a los integrantes de las mesas electorales para que asistan a capacitarse para la jornada electoral del 21 de abril.

El país, otra vez, está en las vísperas de un periodo de intensa actividad política y social, de cara a la consulta popular y referendo de abril, en cuya campaña podrán participar únicamente cinco organizaciones por el ‘Sí’ y otras cinco por el ‘No’. El CNE aprobó esta tarde la participación de siete organizaciones políticas y tres organizaciones sociales que se habían inscrito.

Quedaron fuera de la campaña los partidos políticos Construye y Democracia Sí, que habían solicitado participar en la promoción del Sí.

Las organizaciones políticas que quedaron autorizadas, en cambio, son Pueblo Igualdad y Democracia (afín al gobierno), movimiento Amigo, Pachakutik, Partido Socialista, Unidad Popular, Creo y Unión Nacional de los Trabajadores de la Educación.

Entre las organizaciones sociales que quedaron fuera de la campaña electoral constan la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), Foro Permanente de Mujeres del Ecuador, Comité de Trabajadores de Petroecuador y la Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas del Ecuador (FEI).

Así, solo las siguientes tres organizaciones sociales solicitantes fueron aprobadas para realizar campaña: Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), Unión Nacional de Trabajadores de la Educación y Confederación Intercultural de Pueblos Amaru.

El organismo electoral tomó esta decisión luego de analizar un total de 21 solicitudes de las organizaciones interesadas y de verificar el cumplimiento de requisitos de forma y de fondo establecidas en el Código de la Democracia y de los instructivos emitidos por el CNE para el actual proceso electoral.

Las organizaciones autorizadas legalmente para promocionar el ‘Sí’ y el ‘No’ en las distintas preguntas del Ecuador quedó registrada por el CNE en el siguiente cuadro:

ORGANIZACIÓN POLÍTICA

ORGANIZACIÓN SOCIAL

A esto se suma que el Partido Sociedad Patriótica ni siquiera pudo registrar su solicitud para participar en la campaña, debido a una resolución judicial que indica que se encuentra en estado de «quiebra, interdicción e insolvencia».

Previo a que estas organizaciones salgan a las calles, organicen marchas, caravanas u otras acciones, las delegaciones provinciales prevén realizar un simulacro de las votaciones y, sobre todo, capacitar a quienes han sido elegidos para trabajar ese día como miembros de las juntas receptoras del voto. Y para ello, las delegaciones provinciales empezaron la primera hora de hoy a convocarlos a charlas teóricas y prácticas, para que sepan cómo instalar las mesas de votación, atender a los electores, manejar documentos electorales, contar votos, levantar las actas de resultados y entregarlas a las autoridades.

La entrega de las notificaciones se extenderá hasta el próximo 6 de abril. Y las capacitaciones, según el calendario electoral, se realizarán entre mañana y el próximo 21 de abril. En el caso de Pichincha, por ejemplo, una jornada de capacitación está convocada para la mañana del domingo y un simulacro, también el domingo, en Cayambe, en el norte de Pichincha.

NOTIFICACIONES

A primera hora de hoy, las delegaciones provinciales del Consejo Nacional Electoral comenzaron a enviar las notificaciones a los miembros de las 41.787 mesas, para que asistan a las mesas de votación. 

Es uno más de los preparativos de las autoridades electorales para que millones de votantes puedan responder a 10 preguntas para reformar la constitución en temas de seguridad y trabajo por horas.

El calendario electoral establece que entre el 7 y el 18 de abril se realice una breve pero intensa campaña electoral, destinada a informar y persuadir a los votantes sobre los temas de la consulta. Finalmente, el 21 de abril se llevará a cabo el sufragio.

Los resultados oficiales, en cambio, se esperan para el 5 de junio.

INSEGURIDAD

Es la primera vez que se realiza una consulta popular en medio de una crisis de inseguridad y de violencia criminal, a la cual el Gobierno la ha catalogado como conflicto armado interno. Este contexto de inseguridad implicará, inevitablemente, mayores medidas de control de la fuerza pública durante toda la jornada electoral, así como resguardo de las instalaciones y los distintos funcionarios que participan en las mesas de votación, recepción, traslado y entrega de actas.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, declaró en una entrevista radial que se trata “de un proceso logístico muy complicado, los niveles de seguridad que debemos dar y las garantías que debemos dar a la cadena de custodia con policías y militares en un estado donde estamos en guerra interna, con la inseguridad al más alto nivel, hacer elecciones donde se topan temas sensibles que afectan a las mafias en esta lucha contra el narcotráfico y la corrupción”. 

PRESUPUESTO

Atamaint afirmó que se necesitan 60 millones de dólares para organizar y llevar a cabo la consulta popular. Este presupuesto mínimo y no puede ser reducido más, para no comprometer la seguridad y transparencia del proceso, según sus declaraciones.

También afirmó que, hasta el momento, el Ministerio de Finanzas no ha proporcionado al CNE los fondos necesarios para realizar los primeros anticipos, programados para las próximas semanas. Puntualizó que estos fondos son cruciales.

“Nos han autorizado y nos han dado la certificación de 20 millones de dólares para arrancar y subir los procesos de contratación. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa porque hasta este fin de semana terminaremos, si todo sale normal, con la adjudicación de los contratos y la firma de los convenios. Y una vez dado esto, en cinco y seis días, hay que hacer los anticipos”, dijo.

LOS DINEROS DE LAS ELECCIONES  Papeletas y documentos electorales –  $8 millones Fuerzas Armadas –  $8 millones Policía –  $4 millones Talento humano y miembros de las JRV – $24,5 millones Campañas – $3 millones Bienes y servicios – $2,6 millones Observación – $119 mil Material de capacitación – $263 mil  FUENTE: Diana Atamaint, presidenta del CNE en entrevista radial concedida la mañana de este jueves 7 de marzo.

***

El presidente, Daniel Noboa, ha planteado seis preguntas que serán sometidas a consulta popular en Ecuador.

1.  ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? 2. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de: (i) terrorismo y su financiación, (ii) producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, (iii) delincuencia organizada, (iv) asesinato, (v) sicariato, (vi) trata de personas, (vii) secuestro extorsivo, (viii) tráfico de armas, (ix) lavado de activos y (x) actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta? 3. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el Anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido Anexo? 4. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta? 5. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta? 6. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, conforme el Anexo de la pregunta?

En el caso del referendo, que propone reformas a la Constitución, se plantean cuatro preguntas por el presidente Daniel Noboa y una pregunta adicional propuesta por el expresidente Guillermo Lasso.

1. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la Ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes, conforme el Anexo 1? 2. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el Anexo 2? 3. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? 4. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el Anexo 4? 5. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución?

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