Maribel Barreno incluso cambió de abogado en último momento, con lo que evitó que se instalara audiencia preparatoria de juicio que en su contra —y de otros dos procesados— se debe llevar a cabo por tráfico de influencias. Habrá un nuevo intento el miércoles.
En la Corte Nacional de Justicia fracasó el cuarto intento por instalar la audiencia preparatoria de juicio en contra de los vocales de la Judicatura Maribel Barreno y Juan José Morillo; y de Vladimir Jhayya, juez de Pichincha, quienes están procesados por presunto tráfico de influencias.
La audiencia había sido convocada a las 08:30 de hoy y el caso lo lleva el juez nacional Walter Macías. Sin embargo, ni Barreno ni sus abogados se presentaron a la audiencia, prevista tanto de manera presencial como telemática.
A los procesados se les señala por, presuntamente, presionar a jueces para favorecer a Guadalupe Llori con una acción de protección para evitar su destitución como Presidenta de la Asamblea Nacional.
Este cuarto llamado a audiencia se cumplió a los ocho días de que Macías fue restituido en su cargo luego de que la Judicatura lo había destituido.
Pretextos a la orden del día
Precisamente fue Barreno quien interpuso en las últimas horas cuatro escritos con el objetivo de que la audiencia no se llevara a cabo.
En el primer petitorio solicitó que Macías se excusara y se apartara de la causa. El juez rechazó está pretensión y argumentó que no era el mecanismo para apartarlo del caso, porque la única forma de hacerlo era a través de una recusación, demanda que Barreno ya presentó previamente y que le fue negada.
Los otros tres escritos fueron solicitudes de diferimiento de la audiencia. En una de ellas argumentó que sus abogados no estaban en posibilidades de asistir: la una porque tenía una cita médica para realizarse el implante de una muela, mientras que su otro abogado tenía una audiencia este mismo día, aunque a las 14:30.
Mientras que en otro escrito, ingresado minutos antes de la hora señalada para la instalación de la audiencia, la vocal de la Judicatura señalaba que había cambiado de abogado, el cual necesitaba conocer el expediente para ejercer su defensa.
Estos argumentos fueron calificados por la fiscal general, Diana Salazar, de acciones dilatorias para retrasar la instalación de la audiencia y obstruir la acción de la Justicia. Salazar propuso que sea el defensor público Paúl Guerrero, presente en la audiencia, el que asuma la defensa de Barreno, al que inclusive se le podía dar unos minutos para que se empape del expediente, que no es muy extenso, dijo Salazar, a pesar de que Guerrero ha estado desde etapas anteriores a esta audiencia y debía conocer el caso.
Los argumentos del juez
Al anunciar su decisión, Macías manifestó que el diferimiento no se aplica para este tipo de audiencias, por lo que desechó este pedido. Sobre los dos defensores que, según la vocal tenían cita médica y otra audiencia, el juez nacional recordó que, si no podían trasladarse a la sala de la Corte Nacional, podían conectarse telemáticamente para intervenir, ya que está permitido por la normativa. Manifestó que el certificado de la abogada que justificada su inasistencia por una atención dental no tenía el sello de algún centro de salud de la red estatal o del IESS. Añadió que fue emitido por una clínica odontológica y firmado por un rehabilitador oral, que no tiene matrícula como profesional de salud. Agregó que no se había adjuntado un diagnóstico médico. Mientras que del abogado que argumentaba que no podía asistir por tener otra audiencia, Macías recordó que dicha diligencia estaba programada para las 14:30 y que la audiencia de Barreno era a las 08:30.
Además, cuestionó que ni el nuevo abogado de Barreno ni ella se hayan presentado a la audiencia y ni siquiera se hayan conectado para conocer cuál iba a ser su resolución, ya que podía inclusive decidir que le representara el defensor público.
Sin embargo, manifestó que, para demostrar que sí existía imparcialidad por su parte, y para garantizar la comparecencia de Barreno o al menos de su abogado que asuma su derecho a la defensa, decidió no instalar la audiencia.
Como parte de su resolución, el juez multó a los tres abogados de Barreno con dos salarios básicos cada uno y convocó para el miércoles 27 de septiembre al quinto intento de instalación de la audiencia. Dijo que está vez no permitiría más dilatorias, por lo que anticipó al defensor público que esté preparado para asumir la representación de cualquiera de los procesados.
Antecedentes de ‘telenovela’
Además de lo que se juzga, el caso ha generado interés por sus protagonistas: los procesados, la parte investigadora y el juzgador.
Están acusados dos vocales de la Judicatura, organismo que en una ocasión suspendió a Macías de su cargo y en otra lo destituyó, aunque, sin embargo, en las dos ocasiones el juez ha retomado sus funciones por acciones de protección otorgadas a su favor.
Restituido en el cargo, Macías será el que decida, de acuerdo con los elementos que presente la Fiscalía, si los llama o no a juicio, a un proceso en el que de ser hallados culpables podrían ser sentenciados a prisión de entre tres y cinco años.
Por otra parte, también está el antecedente generado por Barreno, quien obtuvo medidas de protección contra la fiscal Salazar. El recurso fue concedido por la teniente política de Nayón (Quito), Nancy Ruiz, después de que Barreno denunció a Salazar por presunta violencia de género.
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