Fotos: Cortesía Gianna Benalcázar
La mayoría está en la calle. Los migrantes buscan un espacio en el mercado informal para sobrevivir el día a día. Entre enero y agosto de 2018 entraron 547.130 venezolanos a Ecuador, según datos del Ministerio del Interior. De esos, unos 88.808 se quedaron. “Casi todos trabajan en el mercado informal”, dice Daniel José Regalado, presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador.
La Lizardo Ruiz es una arteria comercial importante en Cotocollao (norte de Quito), donde la actividad del comercio informal genera miles de dólares. Según Eduardo Mera, vocero de la Asociación de Comerciantes Formales de Cotocollao, la mayoría de los vendedores ambulantes en la zona son venezolanos y haitianos. «Hay muchos vendedores y pocas ventas, porque mientras más personas están en este oficio el acceso a clientes se complica». En esta avenida de aproximadamente dos kilómetros se venden desde tomates por $1, pasando por televisores de hasta $3000 y motocicletas que alcanzan los $40000.
El Presidente de la Asociación Civil indica que hacia Ecuador se produjeron tres tipos de migraciones. Se clasifican por fechas: 2008, 2014 y 2018.
Regalado sostiene que las dos primeras corrientes migratorias (2008-2014) utilizaron los mecanismos legales para regularizar su situación. Pudieron solicitar una visa de trabajo, cumpliendo lo que estipula la ley.
Este 23 de agosto, el canciller José Valencia informó en rueda de prensa que actualmente hay 200 mil venezolanos en Ecuador. 90 mil están en situación regular y se tramitan 50 mil visas de trabajo.
Rafael Narváez, de 25 años, viajó desde Valencia, centro de Venezuela, hasta Quito. Llegó en marzo de 2017 y vende cigarrillos. “Estamos en una encrucijada difícil de explicar”, comenta. Se refiere a la falta trabajo en su país, de donde huyen, cruzan la frontera y se encuentran con más dificultades en el momento de legalizar su situación. Ello complica el acceso a un empleo legal y bien remunerado.
Luis Roque es profesor. Vende jugos y pasteles en Cotocollao. “Teniendo en cuenta que en Venezuela hay que trabajar en el ámbito público para poder medio comer y aceptar las condiciones de un gobierno que obliga a sus habitantes a pensar igual, he preferido venir a Ecuador. A veces me deprimo porque me costó mucho esfuerzo pagar mis estudios y graduarme; pero, si semanalmente puedo enviar 10 dólares a mi esposa e hijos para que puedan comer, entonces por lo menos estamos ayudando desde afuera”, confesó.
Daniel Regalado reconoce que en Venezuela hay una fuga de cerebros. Es decir, muchos de los migrantes tienen una profesión u oficio, pero en muy pocos casos los pueden ejercer “porque el campo laboral ecuatoriano no tiene las plazas y tampoco hay un plan masivo de regularización, lo que complica la situación”.
La Asociación Civil Venezuela en Ecuador, y su clasificación de los venezolanos que viven en el país según su capacitación, ha registrado a 125 mil 923 migrantes residentes.
Este 23 de agosto, el canciller José Valencia informó en rueda de prensa que actualmente hay 200 mil venezolanos en Ecuador. 90 mil están en situación regular y se tramitan 50 mil visas de trabajo.
Rafael Narváez, de 25 años, viajó desde Valencia, centro de Venezuela, hasta Quito. Llegó en marzo de 2017 y vende cigarrillos. “Estamos en una encrucijada difícil de explicar”, comenta. Se refiere a la falta trabajo en su país, de donde huyen, cruzan la frontera y se encuentran con más dificultades en el momento de legalizar su situación. Ello complica el acceso a un empleo legal y bien remunerado.
Luis Roque es profesor. Vende jugos y pasteles en Cotocollao. “Teniendo en cuenta que en Venezuela hay que trabajar en el ámbito público para poder medio comer y aceptar las condiciones de un gobierno que obliga a sus habitantes a pensar igual, he preferido venir a Ecuador. A veces me deprimo porque me costó mucho esfuerzo pagar mis estudios y graduarme; pero, si semanalmente puedo enviar 10 dólares a mi esposa e hijos para que puedan comer, entonces por lo menos estamos ayudando desde afuera”, confesó.
Daniel Regalado reconoce que en Venezuela hay una fuga de cerebros. Es decir, muchos de los migrantes tienen una profesión u oficio, pero en muy pocos casos los pueden ejercer “porque el campo laboral ecuatoriano no tiene las plazas y tampoco hay un plan masivo de regularización, lo que complica la situación”.
La Asociación Civil Venezuela en Ecuador, y su clasificación de los venezolanos que viven en el país según su capacitación, ha registrado a 125 mil 923 migrantes residentes.
La realidad se replica en otros sectores de la Capital. Por ejemplo, en el corazón comercial de la ciudad, alrededor del parque La Carolina, está William Gascón, de 45 años. Él llegó hace cuatro meses al país con un título de Docente en Informática. Sin embargo, en Quito se dedica a la venta de agua. El precio de la visa de trabajo, $250, es una de las dificultades en el momento de legalizarse. “No consigues empleo porque no estás legal, pero vendiendo por lo menos ayudo a mi familia”, comenta.
“Es fuerte salir de tu tierra y dejar tu oficio o profesión, pero con esto mantengo a mis hijos. (En Venezuela) me dediqué a la docencia durante cuatro años, pero no pude aguantar más”, dice Dayana Rodríguez. La mujer migró hace cinco meses y está a la espera de obtener su visado. Mientras tanto, vende agua y jugo en el parque. Su hermana Johana hace lo mismo. En su país se desempeñó como Gerente de Yacimiento en Pdvsa.
En otro contexto, una profesional como Rodríguez percibiría un sueldo promedio de 3 mil dólares. “Pero en Venezuela yo cobraba 5 mil bolívares al mes. Poco más de 2 dólares, no alcanzaba ni para un kilo de queso”.
Fotos: Cortesía Gianna Benalcázar
A través de redes sociales y contactos personales el colectivo también recibe denuncias de explotación laboral. Lo más frecuente, describe Regalado, es que a los migrantes se les ofrece vivienda, comida y un salario. “Pero nada de eso ocurre, ni siquiera les pagan el diario del sueldo mínimo. Tienen largas jornadas, desde las 06:00 hasta las 20:00 horas. Existe ‘bullying’ hacia los venezolanos, lo mismo que sucede en las redes. Los hacen trabajar dos meses, luego postergan el pago y, por último, los amenazan con denunciarlos por su situación ilegal. Allí la persona termina sin cobrar y sin poder denunciar”.
Cuando la Asociación insta a formalizar la denuncia ante la Defensoría del Pueblo o el Ministerio del Trabajo, es allí donde “todos renuncian a esa posibilidad, porque seguro perderán su empleo”, sostiene el Presidente de la organización. Y añade que el Ministerio del Trabajo tiene conocimiento de esta situación, conoce hasta el nombre de las empresas, pero sin la denuncia formal no se puede actuar.
En Guayaquil incluso registraron un caso de trabajo infantil. “La mamá fue contratada como camarera en un Hostal y la dueña pretendía que el niño de 10 años (hijo de la venezolana) trabajara, pero la mamá se negó. Cuando la madre, la empleadora ponía al menor a hacer labores”, cuenta Regalado.
Este 23 de agosto, el ministro Raúl Ledesma se refirió públicamente al tema. El funcionario comunicó que a escala nacional se han realizado cerca de mil inspecciones en establecimientos en donde se emplea a extranjeros, no solamente venezolanos. “Hemos sancionado a 500 de estos lugares por cometer abusos en materia laboral, como largos horarios de trabajo y la no cancelación de la remuneración mínima estipulada por la ley”.
“Es fuerte salir de tu tierra y dejar tu oficio o profesión, pero con esto mantengo a mis hijos. (En Venezuela) me dediqué a la docencia durante cuatro años, pero no pude aguantar más”, dice Dayana Rodríguez. La mujer migró hace cinco meses y está a la espera de obtener su visado. Mientras tanto, vende agua y jugo en el parque. Su hermana Johana hace lo mismo. En su país se desempeñó como Gerente de Yacimiento en Pdvsa.
En otro contexto, una profesional como Rodríguez percibiría un sueldo promedio de 3 mil dólares. “Pero en Venezuela yo cobraba 5 mil bolívares al mes. Poco más de 2 dólares, no alcanzaba ni para un kilo de queso”.
Fotos: Cortesía Gianna Benalcázar
A través de redes sociales y contactos personales el colectivo también recibe denuncias de explotación laboral. Lo más frecuente, describe Regalado, es que a los migrantes se les ofrece vivienda, comida y un salario. “Pero nada de eso ocurre, ni siquiera les pagan el diario del sueldo mínimo. Tienen largas jornadas, desde las 06:00 hasta las 20:00 horas. Existe ‘bullying’ hacia los venezolanos, lo mismo que sucede en las redes. Los hacen trabajar dos meses, luego postergan el pago y, por último, los amenazan con denunciarlos por su situación ilegal. Allí la persona termina sin cobrar y sin poder denunciar”.
Cuando la Asociación insta a formalizar la denuncia ante la Defensoría del Pueblo o el Ministerio del Trabajo, es allí donde “todos renuncian a esa posibilidad, porque seguro perderán su empleo”, sostiene el Presidente de la organización. Y añade que el Ministerio del Trabajo tiene conocimiento de esta situación, conoce hasta el nombre de las empresas, pero sin la denuncia formal no se puede actuar.
En Guayaquil incluso registraron un caso de trabajo infantil. “La mamá fue contratada como camarera en un Hostal y la dueña pretendía que el niño de 10 años (hijo de la venezolana) trabajara, pero la mamá se negó. Cuando la madre, la empleadora ponía al menor a hacer labores”, cuenta Regalado.
Este 23 de agosto, el ministro Raúl Ledesma se refirió públicamente al tema. El funcionario comunicó que a escala nacional se han realizado cerca de mil inspecciones en establecimientos en donde se emplea a extranjeros, no solamente venezolanos. “Hemos sancionado a 500 de estos lugares por cometer abusos en materia laboral, como largos horarios de trabajo y la no cancelación de la remuneración mínima estipulada por la ley”.