El presidente Lasso observó totalmente la reforma a la Ley de la Contraloría, que buscaba destrabar la designación del titular de la entidad, en caso de ausencia definitiva de quien ocupe el cargo. Hay críticas en la Asamblea.

El presidente de la República, Guillermo Lasso, remitió a la Asamblea el veto total a la reforma a la Ley de la Contraloría. Lo hizo un día después de que, durante su Informe a la Nación, mencionara la necesidad de conciliar posiciones y trabajar en conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo, al que ha acusado de bloquear sus propuestas.

Con el veto total, la Asamblea no podrá tratar durante un año este proyecto de Ley que para los legisladores buscaba destrabar el proceso de designación de un contralor en caso de ausencia de su titular. 

Desde que el excontralor Carlos Pólit salió del cargo, acusado de corrupción, por lo que hoy enfrenta un juicio en Estados Unidos, se han hecho cargo de la institución subrogantes y subrogantes de subrogantes, debido a la falta de normativa para nombrar a un titular.

Así, por ese cargo han pasado Pablo Celi —enjuiciado y preso también por corrupción—; Valentina Zárate y Carlos Riofrío, actual contralor encargado, que debía dejar el cargo en marzo de este año, pero se mantiene hasta que el Consejo de Participación Ciudadana concluya el concurso para designar al titular. Concurso que recién está en la fase de calificación de méritos de los postulantes a la comisión ciudadana de selección. 

En ese escenario, el debate público giró alrededor de la necesidad de reformar la Ley para llenar esos vacíos y destrabar el procedimiento para nombrar a un contralor en caso de ausencia definitiva del titular.

En el veto, el Ejecutivo argumenta que la Contraloría no debe ser botín político ni estar sujeta a vaivenes; y que, estando en marcha el concurso para designar al contralor titular, no era conveniente reformar en estos momentos la Ley.

En la reforma se esclarecían las causales para el cese de funciones y cuándo se considera ausencia temporal y definitiva. Y, si la ausencia era definitiva, se proponía que se designara como contralor al siguiente mejor puntuado del último concurso público, en cuyo caso debía permanecer en el cargo hasta cumplir el periodo correspondiente. 

Las contradicciones

Para Alejandro Jaramillo (exID), presidente de la Comisión de Justicia, que preparó el informe, se buscaba que el máximo órgano de control no se quedara en acefalía y que los contralores subrogantes «no despacharan desde la cárcel, como lo hizo Celi en su momento».

También recordó que la iniciativa de reformar la Ley de la Contraloría fue del entonces asambleísta oficialista Francisco Jiménez, hoy Ministro de Gobierno. «Esto demuestra que el Presidente de la República no está bien asesorado por su secretario jurídico y tampoco conversa con su Ministro de Gobierno. Existe una contradicción», manifestó Jaramillo.

Ronny Aleaga (UNES) opinó que es una demostración de que la crisis de gobernabilidad la genera el Ejecutivo. «Es una necedad del Presidente seguir indisponiéndose con la Asamblea. Los discursos no deben quedarse en palabras», declaró.

El bloque oficialista defiende el veto total. Juan Fernando Flores, jefe de esa bancada, aseguró que el texto trabajado por la Comisión de Justicia y aprobado por la Asamblea no se ajustó a lo que propusieron a través de Jiménez. Agregó que la reforma no responde a la realidad y las necesidades de este momento en la Contraloría. «Se tiene que generar una respuesta que vaya enfocada a casos futuros», manifestó.

Flores cae en una contradicción en el tratamiento de esta reforma por parte de la Asamblea. Aseguró que su bancada se abstuvo en la aprobación del proyecto y que Ana Belén Cordero votó en contra. La realidad es otra. El proyecto de reforma se aprobó con 131 votos, de 134 asambleístas presentes. Excepto Cordero, que sí se abstuvo, el resto de la bancada apoyó la reforma, incluido Flores, según los registros de la Asamblea. 

La necesidad de la reforma

En el tratamiento de texto, en agosto del 2021, compareció ante la Comisión de Justicia el contralor encargado, Carlos Riofrío. En esa ocasión manifestó que se necesita una reforma integral a la Ley porque esta se emitió antes de la Constitución vigente y de la Ley Orgánica de Servicio Público, por lo que no se han hecho los ajustes de una serie de inconsistencias. Propuso que en caso de ausencia definitiva, temporal o imposibilidad de ejercer el cargo o vacancia del contralor y cuando el subcontralor no pueda ejercer el cargo, el órgano nominador (Consejo de Participación) deberá designar el encargo correspondiente hasta el nombramiento del titular.

Para Mauricio Alarcón, analista político, el veto total es incomprensible y deja en evidencia la contradicción en que cae el Gobierno, ya que uno de los proponentes fue Jiménez. Asegura que es evidente que hay un problema originado en la falta de regulación a la sucesión al interior de la Contraloría, pero que no afecta a la designación actual del Contralor por parte del Consejo de Participación. 

Para Alarcón, en la reforma sólo se establecían las causas del cese de sesiones, qué ocurre y cómo se aplica en la ausencia temporal o definitiva, donde hay un vacío. «No se habla de una designación a dedo, sino que se designa al siguiente mejor puntuado del concurso, así que el veto no tiene razón de ser», dijo.

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