Aunque se esperaba que se haga valer la voz popular, colectivos denuncian que no se han cumplido las consultas del Chocó Andino y el Yasuní. Exigen respuestas. Mañana el colectivo Quito sin Minería hará un plantón en la Corte Constitucional.

Un año, 365 días, más de 500.000 minutos, este es el tiempo que ha pasado desde que Ecuador fue a las urnas para concluir con dos procesos históricos: las consultas populares del Yasuní y el Chocó Andino para prohibir la explotación petrolera y minera en estos espacios. 

Ha pasado un año desde que una línea marcada con esfero por más de 13 millones de ecuatorianos marcó el destino de la naturaleza. Más del 60% de Quito apoyó dejar de explotar los minerales del Chocó, mientras el 58% de ecuatorianos decidieron dejar bajo tierra el petróleo en el Yasuní. 

Sin embargo, luego de todo este tiempo, las consultas, según denuncias de los colectivos a cargo, no han tenido respuesta ni resultados. Así lo dice en voz alta María Delia López, habitante de Pacto, parroquia del Chocó Andino en Quito. 

Con voz dulce y baja, la mujer de 52 años cuenta cómo su lucha inició. Hace ya más de una década, López optó por dedicarse a la producción y exportación de panela de la mano de una asociación: Copropag. Este espacio concentra a mujeres emprendedoras, quienes han llegado a exportar sus productos a Europa. 

Ella fue una de las primeras mujeres que abanderó la lucha por el fin de la explotación minera en el Chocó Andino. Y hoy, reclama con seriedad y molestia que, “después de haber logrado ganar en una consulta, la situación no se acaba de solucionar y el camino sigue de largo”. Pero, ¿en qué ha quedado esta situación?

El resultado en el Chocó

Ivonne Ramos, representante de Acción Ecológica, es clara al definir la situación que vive actualmente el Chocó Andino: “Un abandono total”. “Se acabó la consulta y no ha habido voluntad política de seguir para concretar los resultados de la consulta”. 

Ramos explica que después de un año de lo ocurrido en las urnas, la situación en el Chocó ha visto cambios, pero no han sido definitivos y han surgido nuevas complicaciones.

“Antes de la pregunta comenzaron a haber problemas con los procesos extractivos. Cerca de las fincas se empezaron a escuchar detonaciones de todo tipo de noche y de día. Salían volquetas sacando los materiales mineros. Pero no solo eso, sino que la naturaleza también comenzó a verse afectada”, dice.

Con la misma calma pero firme, López cuenta cómo vivió esto. María Delia López vivió toda su vida en Pacto. Desde su infancia aprendió a jugar en los ríos y a vivir en paz con su entorno, con la naturaleza y el sonido de las aves y el correr del agua. Hoy, la cosa ha cambiado. 

“Antes el agua era limpia. El río más grande de la parroquia es el río Chirapi. Nosotros ocupábamos el agua de ese río para todo. Cuando llegó la minería y llegaron las primeras concesiones comenzó todo a destruirse. El agua comenzó a llegar contaminada, eso no se podía tomar ni utilizar. Era café y muy, muy turbia”, cuenta. 

Además, también empezaron a ver escasez de agua en sus terrenos y comunidades. Esto complicó la producción de caña, producto esencial para su estilo de vida y su economía familiar. 

“Llegaron temporadas en las que no había agua y se complicaron las cosechas. Entonces, ya era una cuestión que comenzó a complicar nuestra fuente de dinero y nuestra fuente de vida”, explica. 

Esto llevó a que su asociación se abanderara la lucha por el Chocó junto con otras agrupaciones. Su esfuerzo se vio concretado el 20 de agosto, con la elaboración de la consulta popular.

Hoy, la situación, cuenta, ha mejorado. Hay empresas que han dejado de operar, pero no del todo. “Hoy ya no se escuchan detonaciones en el día, pero sí en la noche. Y salen al menos dos o tres volquetas a la semana”, asegura.

Por su parte, Ivonne Ramos cuenta que además no se ha concretado la eliminación de concesiones del catastro minero, algo que han pedido insistentemente al Ministerio de Energía. Esa cartera, a pesar de que la semana pasada mantuvo una reunión con el colectivo y el Municipio, no ha dado respuesta. 

“Nos pusieron a investigar el detalle de cada una de las concesiones, pero no se llegó a ninguna conclusión, de ningún tipo”, dice. “Ahí descubrimos que hay dos concesiones que se renovaron por 20 años hace un año, justo mientras se realizaba el proceso de consulta”, detalla. 

Por esto, el colectivo y las comunidades han optado por realizar un plantón mañana en la Corte Constitucional para solicitar que se verifique el cumplimiento de la consulta. “Necesitamos una respuesta ya”, dicen.

Mientras tanto, López asegura que sabe que la lucha continúa. Hoy, su plan es dejar la misma agua que ella disfrutó, el mismo bosque, a sus hijos y bisnietos. “No me voy a cansar de luchar”. 

Esto, a pesar que desde que el proceso inició y desde que han reforzado su batalla han empezado a surgir amenazas desde los sectores mineros, algo que las hace sentir inseguras.

“Nos han insultado, nos han lanzado el carro mientras caminábamos y llegaron a decirnos que no tendrían problema de dispararnos. Pero aquí seguimos, aunque tengamos que huir de nuestros pueblos”, recalca. 

Yasuní 

El caso del Yasuní es otro que continúa pendiente. Colectivos y comunidades indígenas han reconocido que el Gobierno no ha hecho nada para concretar el cumplimiento de los resultados de la consulta, más allá del decreto presidencial que creó un Comité que trate el retiro paulatino de la maquinaria de explotación. Sin embargo, aseguran que esto no es una respuesta.

El Gobierno tiene hasta el 31 de agosto para cumplir con el dictamen popular, según la misma sentencia de la Corte Constitucional. Pero el proceso, según Ramos, en este caso también se nubla y no se ve futuro en que haya voluntad por cuidar el ambiente.