El toque de queda en nueve provincias dejó 5.023 aprehendidos, según el Gobierno. Tres expertos consultados por Ecuador Chequea advierten que las cifras no prueban una reducción estructural de la violencia
El toque de queda aplicado en nueve provincias entre las 23:00 del 3 de mayo y la madrugada de hoy cerró con 5.023 aprehendidos, 717 de ellos relacionados con estructuras criminales, según el balance difundido por el ministro del Interior, John Reimberg. La cifra equivale al 14,2% del total de aprehensiones reportadas durante la medida.
El balance oficial del Bloque de Seguridad también reportó 2.373 puntos de control, 1.039 vehículos retenidos o recuperados, 882 motocicletas retenidas o recuperadas, 630 armas blancas y de fuego, 3.078 municiones, 131 alimentadoras, 378 allanamientos, 56 operaciones contra estructuras criminales y 24 intervenciones en entornos criminales. Además, informó sobre 9,2 toneladas de droga decomisada, 4 abatidos y 85 informes de inteligencia policial remitidos.
Pero el alcance real de la medida, según tres especialistas en seguridad consultados por Ecuador Chequea, sigue en debate. Los tres expertos coincidieron en que los números oficiales, por sí solos, no permiten afirmar que el toque de queda haya reducido de forma estructural la violencia ni mejorado la seguridad pública.
Diego Pérez, catedrático de políticas públicas de seguridad, sostuvo que el resultado fue “pobre” si se considera que solo una parte de los aprehendidos aparece vinculada a estructuras criminales.
A su criterio, la medida dejó una afectación económica importante y no logró demostrar una reducción clara de delitos como la extorsión o de las afectaciones a víctimas de otras formas de delincuencia.
“Si los problemas de inseguridad son estructurales, las medidas coyunturales no los van a resolver”, dijo Pérez. Según el académico, el problema no es únicamente el toque de queda, sino la insistencia del Estado en responder a la inseguridad desde la excepcionalidad sin atender sus causas de fondo.
Lorena Piedra, analista de seguridad, señaló que este tipo de medidas producen en parte de la población la impresión de que el Estado está actuando contra la inseguridad, pero advirtió que su efectividad no está siendo evaluada públicamente. También cuestionó la falta de coordinación entre el Gobierno central y los municipios.
Para Piedra, las acciones excepcionales han desplazado del debate público la discusión sobre políticas integrales de seguridad, en las que deberían intervenir instituciones como Fiscalía, Policía y gobiernos locales. “Estas medidas excepcionales no entran en el escrutinio público y se posterga la definición de políticas públicas integrales de seguridad”, afirmó.
Paúl Pinto, consultor y docente en temas de seguridad, defensa y prospectiva de futuros, pidió cautela frente al balance oficial. Dijo que las cifras pueden parecer “espectaculares”, pero que el indicador clave será la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes al cierre del año. Según Pinto, todavía es prematuro concluir que el toque de queda funcionó.
El experto también cuestionó que el Gobierno hablara de metas cumplidas sin haber comunicado antes cuáles eran los objetivos concretos de la medida. “Nunca nos dijeron antes del toque de queda qué objetivos perseguían y cuál era la meta”, dijo.
Para Pinto, sin esa línea de base no es posible evaluar técnicamente si el operativo alcanzó sus resultados.
Personas consultadas por Ecuador Chequea en el norte de Quito expresaron una percepción dividida, y, sobre todo, indicaron que tuvo efectos diferenciados según la actividad económica, la rutina diaria y las necesidades de movilidad de cada persona.
Entre comerciantes, empresarios y trabajadores que dependen de transporte, entregas o desplazamientos interprovinciales, la medida fue percibida como perjudicial.
Un joven empresario de una distribuidora señaló que perdió ventas porque los transportistas retiraban pedidos más temprano de lo habitual, lo que redujo su capacidad de despacho. En la misma línea, una comerciante sostuvo que el toque de queda limitó horarios, redujo la actividad económica y afectó a emprendimientos y negocios propios.
Otras tres personas consultadas también indicaron que hubo impactos en la movilidad cotidiana. Una estudiante universitaria relató que, al vivir en Conocoto y estudiar en Sangolquí, tuvo que salir con mucha anticipación e incluso caminar ante la falta de buses en horarios adecuados. Una empresaria agrícola explicó que la restricción le afectó por sus viajes frecuentes fuera de Quito y sus visitas a haciendas vinculadas a la producción de cacao.
Sin embargo, no todos los testimonios fueron críticos. Algunas personas dijeron que la medida no alteró su rutina, especialmente quienes no suelen salir en la noche. Una empleada privada y un funcionario público afirmaron que el toque de queda no les benefició ni les perjudicó directamente.
