La firma de un acuerdo entre Pachakutik y el correísmo ha llevado a varias voces históricas del movimiento indígena a hablar de traición y ha profundizado una fractura que se viene registrando desde hace años. “Fuimos víctimas reales de su persecución”, dice un dirigente desde Azuay. Criminalización de la protesta, intento de quitarle su sede a la Conaie, de dividirlos, los ataques a sus dirigentes, son apenas algunas de las cosas que se mantienen vivas en la memoria.
POR: Esteban Cárdenas Verdesoto
“Traición”, una palabra que se repite en sus voces, algunas cansadas y otras encendidas en la “lucha”. La imagen de Luisa González, candidata presidencial del correísmo portando las telas rojas de un poncho y de la mano de Guillermo Churuchumbi fue la que causó la desidia que se enmarca en esta palabra: traición.
Y es que ayer, domingo 30 de marzo, la dirigencia de Pachakutik, cabeza nacional del movimiento indígena, firmó un acuerdo programático con la Revolución Ciudadana: esa misma Revolución Ciudadana contra la que tanto lucharon y que tanto los persiguió. El punto central: apoyar la candidatura de González desde el movimiento indígena a cambio de presentar puntos clave sobre los que se busca trabajar en los próximos cuatro años.
El encuentro se realizó en Tixán, Alausí, en Chimborazo. Todo se hizo en medio de una tarima, luces y reflectores. Allí estaban Guillermo Churuchumbi, coordinador nacional de Pachakutik, y Luisa González, candidata del correísmo. A su alrededor, un puñado de dirigentes, micrófonos, pañuelos, banderas, y la tensión invisible de lo que representaba ese apretón de manos ya la fotografía que estaba por llegar; todos expectantes de una firma que, se esperaba, cambie el panorama electoral. Algo que al final llegó. Leonidas Iza, el presidente de la Conaie, estuvo vía telemática.
El documento, titulado “Acuerdo por la vida”, plantea una coincidencia ideológica entre ambos sectores. En el papel, el texto evoca principios supuestamente compartidos: la defensa de la naturaleza, la soberanía de los pueblos, la justicia social, la lucha contra la criminalización de la protesta. Pero, más allá del papel —que, como dicen, aguanta todo—, el acuerdo también plantea compromisos concretos. Entre estos, el respeto a la consulta previa, fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe, una moratoria minera, la renegociación de contratos extractivos, amnistías para luchadores sociales y creación de un consejo plurinacional de gobierno. En total fueron 25 puntos los que se incluyeron en el papel, con el que los dirigentes posaron oficialmente para la foto.
Promesas que, para la dirigencia, son “coincidencias programáticas” y “conquistas posibles desde el poder”. Pero para muchas comunidades y bases del movimiento indígena, suenan a traición; una lista de intenciones que ya fueron archivadas durante los 10 años de gobierno de Rafael Correa.
“¿Cómo me garantizan una moratoria minera ahora si en diez años no lo hicieron?”, dirá después una exdirigente. “Nos persiguieron, nos encarcelaron, nos mataron compañeros”, insistirá otro.
Memoria histórica
Para muchos, este acuerdo no es más que un recordatorio de lo vivido durante el correísmo por parte del movimiento indígena. Cecilia Velasque, exdirigente de Pachakutik, incluso califica al acuerdo con una frase, tan potente como contundente: “Todo el proceso histórico lo han vendido a una organización política que siempre nos persiguió”. Esto, tras recordar la lucha que se vivió en la década correísta.
Sin embargo, para comprender mejor esto, es necesario remontarse a los inicios de la interacción del correísmo con el movimiento indígena. Es necesario, hoy, mirar hacia atrás.
La relación entre el movimiento indígena ecuatoriano y el gobierno de Rafael Correa, entre 2007 y 2017, estuvo marcada por una creciente tensión y confrontación. Inicialmente, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) mostró cierto respaldo al proyecto político del expresidente, hoy sentenciado por corrupción y prófugo de la justicia. Sin embargo, las discrepancias pronto emergieron, especialmente en torno a políticas extractivistas y decisiones gubernamentales que afectaban directamente a las comunidades indígenas.
Uno de los episodios más emblemáticos de este conflicto fue la amenaza de desalojo de la sede histórica de la Conaie, en 2014. El 11 de diciembre de ese año, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) notificó a la organización la terminación del comodato que les permitía ocupar su sede en Quito. El gobierno de Correa dio un plazo de 15 días para que abandonaran el edificio, una acción que fue interpretada como un intento de silenciar y desarticular al movimiento indígena.
La sede, entregada en 1991 durante el gobierno de Rodrigo Borja como reconocimiento a la lucha y resistencia del movimiento indígena, se había convertido en un espacio emblemático para las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador. El gobierno argumentó que la Conaie había utilizado el local para “hacer política y oposición al gobierno”, lo cual, según el expresidente Correa, violaba los términos del comodato que permitía su uso únicamente con “fines socio organizativos”.
Esta decisión generó una reacción nacional e internacional. Diversas organizaciones de la sociedad civil y personalidades reconocidas, como Leonardo Boff, Marta Harnecker y Frei Betto enviaron una carta al presidente Correa, solicitando que se dejara sin efecto el desalojo, destacando el valor simbólico e histórico de la sede para el movimiento indígena.
Ante la presión y las manifestaciones de apoyo a la Conaie, el gobierno decidió aplazar el desalojo, aunque mantuvo su postura sobre la terminación del comodato. Este fue uno de los frentes simbólicos más fuertes que emprendió el gobierno de Correa contra el movimiento indígena, pero no el único.
La criminalización de la protesta social fue otra arista de esta conflictiva relación. Líderes indígenas fueron objeto de persecuciones judiciales y detenciones arbitrarias. Un caso representativo fue el de Agustín Wachapá, presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (Ficsh), quien en 2016 fue arrestado y encarcelado durante cuatro meses bajo cargos de incitación a la violencia. La principal evidencia en su contra fue una publicación en Facebook en la que rechazaba la militarización de territorios shuar en el contexto de un conflicto con una empresa minera china.
Asimismo, en 2011, otro personaje reconocido, Yaku Pérez Guartambel, fue detenido durante una protesta contra el proyecto minero Quimsacocha. Fue acusado de “sabotaje y terrorismo”, como tantos otros. Este tipo de acusaciones fueron comunes durante el correísmo para deslegitimar y criminalizar la protesta social. El mismo Pérez enfrentó múltiples detenciones y agresiones físicas en este período, evidenciando la tensión latente entre los dos frentes.
Por su parte, Salvador Quishpe, líder indígena, también sufrió represión durante las movilizaciones de agosto de 2015. En una marcha que llegó a Quito el 13 de agosto, Quishpe fue detenido temporalmente durante enfrentamientos con la Policía. Imágenes de la época muestran la violencia con la que fue tratado, con su ropa desgarrada y visibles signos de agresión. Una mancha más en la historia del correato.
Pero estos sólo fueron los casos más conocidos, con nombre propio. En el Paro Nacional de agosto de 2015, más de cien campesinos, indígenas, trabajadores y estudiantes fueron detenidos en diversas provincias del país. Estas acciones se dieron en el contexto de manifestaciones en contra de medidas económicas implementadas por el gobierno de Correa. En estos procesos, líderes también denunciaron los fallecimientos de sus compañeros.
De hecho, en 2010, la Conaie coordinó una movilización nacional en defensa del agua, la vida y la soberanía alimentaria, bloqueando carreteras y protestando contra una ley que, según denunciaban, permitiría la privatización del recurso hídrico. La respuesta gubernamental incluyó el uso de la fuerza y detenciones, reflejando la escalada del conflicto.
Pero, más allá de la represión física y judicial, el discurso oficial desde el gobierno de Correa descalificó en múltiples ocasiones al movimiento indígena. En sus declaraciones semanales, conocidas como sabatinas, el expresidente utilizó términos despectivos hacia los dirigentes indígenas, acusándolos de “infantiles” y “opositores sistemáticos”, buscando desacreditar sus demandas y luchas históricas.
Este historial de confrontaciones, descalificaciones y represiones dejó una huella profunda en la memoria colectiva del movimiento indígena. Por ello, la firma del reciente acuerdo con ese mismo correísmo, ha generado sorpresa y descontento en amplios sectores de las bases indígenas. Para muchos, este pacto representa una contradicción con la lucha y resistencia mantenida durante estos años frente a las políticas del correísmo.
Por esto, la memoria de las persecuciones, los intentos de desalojo y las represiones aún está presente en las comunidades. La imagen de González vistiendo el poncho rojo, símbolo de la lucha indígena, junto a ciertos dirigentes es vista por algunos como una afrenta a la dignidad y autonomía del movimiento.
Y en este camino, es esencial comprender las múltiples voces y perspectivas dentro del movimiento indígena. ¿Cómo reciben el acuerdo?
Voces críticas
Velasque fue subcoordinadora nacional de Pachakutik. Califica el acuerdo como un retroceso en el proceso histórico del movimiento indígena. Para ella, no se trata solo de una alianza política, sino de una ruptura con la memoria. Y no lo dice desde el enojo pasajero, sino desde una línea de tiempo viva. Ella recuerda los años de persecución, los intentos de borrar la educación intercultural, las reformas que arrinconaron derechos construidos con décadas de movilización.
Velasque señala que se han cruzado las “líneas rojas”: el extractivismo sin consulta previa, el debilitamiento institucional de organismos locales, el retroceso en la educación intercultural bilingüe y en los sistemas de salud propios. “Nosotros combatimos todo eso. No recién, sino desde el inicio del correísmo”, dice con firmeza.
También cuestiona la forma en la que se concretó el acuerdo. “En política se puede conversar, claro que sí. Pero tiene que ser con la venia de las estructuras, con debate, con consenso. No puede ser una decisión de dos dirigentes actuando a título personal”. Lo que se firmó, insiste, no fue un acuerdo serio: “Fue una lectura de peticiones. Firmaron un documento y ya. No hubo compromisos claros, no hubo garantías. ¿Cómo me aseguran una moratoria minera en cuatro años si en diez no lo hicieron?”, se pregunta.
En su lectura, el movimiento indígena vive hoy una fractura interna. Las estructuras provinciales, los exdirigentes, los pueblos y nacionalidades no han sido escuchados. “Llaman a la unidad y hacen otra cosa en la práctica”. La crítica no es sólo a la dirección de la Conaie, sino también a la lógica partidista que ha permeado el movimiento. “Tenemos un proyecto político de vida. No es un tema partidista. Es la defensa de los pueblos y las nacionalidades”.
Para Velasque, lo ideal habría sido sentarse a conversar con los dos finalistas y exponerles un pliego de peticiones; “no expresar un apoyo directo”.
Desde la Sierra Sur, Lauro Sigcha, presidente de la FOA (Federación de Organizaciones Indígenas del Azuay), también percibe el acuerdo como una traición. “Este acuerdo es con un gobierno que nos persiguió durante años. Fuimos víctimas reales de su persecución”. Habla con la memoria encendida, no desde el escritorio sino desde el páramo, desde los territorios que, según él, fueron entregados al capital minero durante el correísmo. “Quieren venir a los páramos a hacer campaña cuando ya conocemos su agenda. Ellos abrieron las puertas a las empresas que hoy amenazan nuestros territorios”.
Sigcha recuerda cómo en 2021, cuando Yaku Pérez estuvo cerca de pasar a segunda vuelta, Leonidas Iza no lo apoyó. “Eso para nosotros es una traición. Lo que se ha hecho ahora nos debilita, nos divide. Nos polariza en un momento en que deberíamos estar más fuertes que nunca”. El acuerdo, dice, ha generado descontento en las bases, desarticulación, e incluso resentimiento electoral. “Terminamos haciéndole el juego al sistema. Acabamos pareciéndonos a los partidos tradicionales.”
Pero, más allá de la coyuntura, propone volver a las raíces del movimiento: la organización comunitaria, la defensa del agua, la crítica política desde la autonomía. “Tenemos que hacer asambleas de evaluación, de crítica. Revisar cómo estamos actuando. Porque los derechos nunca se consiguen desde el poder, sino desde la lucha organizada”.
Fernando Guamán, presidente del Movimiento Indígena de Chimborazo (Comich), lanza también su opinión directa: “Calificamos este acuerdo como una traición”. Su percepción es clara: para él, el acuerdo se firmó sin consulta, sin socialización, sin legitimidad. “Fue una decisión tomada a título personal por dos dirigentes: Leonidas Iza y Guillermo Churuchumbi. No nos representa”.
Guamán revive los años del correísmo con precisión: “Resistimos diez años a sus políticas. Nos persiguieron, nos encarcelaron, asesinaron compañeros. ¿Cómo ahora nos piden entregar nuestra lucha a quienes ya fueron parte del gobierno?”. Rechaza de plano el intento de separar a Luisa González de Rafael Correa. “Son la misma cosa. No nos van a engañar con ese discurso”.
En Chimborazo, dice, las decisiones ya están tomadas. “Desde la primera vuelta más del 50% apoyó a Daniel Noboa. Esto no va a cambiar por una foto ni por una firma”.
Durante el ‘Encuentro nacional por un Ecuador equitativo, plurinacional y libre de violencia’, celebrado ayer en Tixán, Chimborazo, Iza dirigió un mensaje a González, enfatizando: “Nuestro voto no es un cheque en blanco para nadie”. Además, en declaraciones posteriores habló sobre la separación de González y Correa, asegurando que “no es viable” que el expresidente prófugo tenga influencia en la dinámica de gobierno, en caso de que su movimiento obtenga la victoria.
Asimismo, en una entrevista previa, Iza expresó su escepticismo hacia las opciones políticas disponibles, indicando que se enfrentaba a elegir entre “González, que no es izquierda, y la derecha que tiende al fascismo de Noboa”.
Análisis más profundo
Para el politólogo y experto en estudios culturales Ariruma Kowii, lo que está ocurriendo no es un simple desacuerdo político, sino el resultado de una tensión que lleva décadas incubándose dentro del movimiento indígena. “Lo que sucede ahora es el reflejo de una dinámica que se ha ido configurando con los años”, explica. Una tensión entre el proyecto político de los pueblos, centrado en la defensa de los derechos colectivos, la educación, el territorio, la lengua, y la deriva electoralista que, desde hace más de una década, ha comenzado a permear las estructuras del movimiento.
“Antes había unidad. Ahora hay fracturas”, dice. Fracturas que, según él, se agudizaron cada vez que una elección nacional obligó a decidir entre dos candidatos que no representaban el proyecto político indígena. Hoy, esa fisura se ha profundizado con una alianza que, en su lectura, sacrifica principios fundamentales a cambio de cuotas de poder. “Se está sacrificando el interés de los pueblos indígenas. El interés colectivo ha sido desplazado por una propuesta de populismo indígena que no responde a las necesidades reales de las comunidades”.
Kowii recuerda que la Revolución Ciudadana, en su primer momento, sedujo a varios sectores del movimiento con un discurso de respeto a la Madre Tierra, con promesas de plurinacionalidad y justicia social. Pero el giro fue rápido. “El país fue testigo de cómo ese discurso cambió con la llamada nueva matriz productiva, que significó la profundización del extractivismo, la represión y el despojo”.
Habla de hechos concretos: el envío de militares y maquinaria pesada para desalojar a comunidades shuar; los conflictos con el pueblo Saraguro; las sabatinas donde Rafael Correa ridiculizaba a la dirigencia indígena por oponerse al modelo de desarrollo impuesto desde el poder. “Ese discurso que parecía verdad fue reemplazado por uno propagandístico. Una apuesta por el desarrollo, sin consultar a nadie”.
Y vuelve a un punto central: la memoria no se borra. “Todo el país escuchó cómo el expresidente descalificaba al movimiento indígena, lo tildaba de infantil, de opositor sistemático. ¿Cómo se puede firmar un acuerdo con quienes hicieron eso sin al menos un proceso de verdad, de reparación, de reconocimiento?”.
Pero Kowii no sólo apunta hacia el pasado. Mira también al presente con preocupación. Habla de la crisis en el sistema de educación intercultural bilingüe, de la falta de implementación de los mandatos constitucionales sobre lenguas indígenas, del incumplimiento sistemático de los derechos colectivos. “Si antes, con bonanza petrolera, no se hizo nada, ¿por qué pensar que ahora sí lo van a hacer? No hay ninguna evidencia de voluntad real”.
También cuestiona el liderazgo actual. “La misma Conaie, en su asamblea, había acordado que la siguiente presidencia debía ser asumida por una mujer. Ese acuerdo se violentó. Y hoy, ese mismo liderazgo que no ha respetado los acuerdos internos, firma compromisos en nombre de todos”.
Para Kowii, lo que queda es un desafío de fondo: reconstruir el proyecto político indígena desde las bases, más allá de los cálculos partidarios. “La gente en las comunidades ya ha adquirido mucha experiencia política. Sabe quién trabaja con convicción y quién lo hace por satisfacer sus egos personales. Esa conciencia no se borra con una firma, ni se compra con un poncho en campaña”.
Pero no sólo las voces de los territorios dan cuenta del conflicto. También lo hacen los estudios académicos que han observado, con rigurosidad, la relación entre el correísmo y el movimiento indígena. Simón Pachano, politólogo ecuatoriano, fue uno de los primeros en advertir la estrategia de confrontación sistemática del correísmo contra los movimientos sociales. En su estudio sobre la Revolución Ciudadana, escribió que el gobierno usó la justicia como herramienta de disciplinamiento y que “la criminalización de la protesta fue una constante, no una excepción”.
Finalmente, la politóloga Alexandra Herrera señala que el correísmo no sólo enfrentó al movimiento indígena desde afuera, sino que logró fracturarlo desde dentro. “La cooptación de liderazgos, la represión, la desmovilización territorial: todo formó parte de una estrategia de debilitamiento que hoy explica muchas de las fisuras que vemos”. Y hoy, esta fractura se hace visible, una vez más.
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