A partir de mañana entra en vigencia el sistema de bandas que permiten ajustes mensuales con un tope de 5 % de alza o 10 % de baja, tomando como referencia el mercado internacional, bajo un esquema similar al que ya se aplica a las gasolinas de bajo octanaje. ¿Los precios varían? Amanecerá y veremos
Hoy es el último día en que el diésel premium se vende a $2,80 por galón en Ecuador; desde mañana, 12 de diciembre, entra en juego el sistema de bandas que unirá el precio con la cotización internacional del petróleo.
Según el Decreto Ejecutivo 126 y la programación oficial, el valor de $2,80 rige solo hasta el 11 de diciembre de 2025; desde el 12, el diésel premium deja de tener precio fijo y se ajusta mensualmente con un tope de 5 % de alza o 10 % de baja, tomando como referencia el mercado internacional, bajo un esquema similar al que ya se aplica a las gasolinas de bajo octanaje.
Previo a asumir la gerencia de Petroecuador, en su calidad de viceministra de Hidrocarburos, María Daniela Conde, explicó que este sistema de estabilización, también llamado de “bandas de precios”, busca proteger al consumidor de saltos bruscos en el valor de los combustibles y eliminar la discrecionalidad política en la fijación de tarifas.
Aunque en la práctica mañana se estrena el sistema de bandas, el precio no partirá de cero: llegará con una trayectoria anunciada por el propio Gobierno: tras el fin de paro que duró 31 días, entre septiembre y octubre, en contra del fin del subsidio del diésel, el presidente, Daniel Noboa, declaró que el diésel bajará de $2,80 a alrededor de $2,78 en diciembre.
Así mismo, la proyección técnica del Ministerio de Energía y el Viceministerio de Hidrocarburos apunta a $2,79 en diciembre, $2,74 en enero de 2026 y $2,72 en febrero de 2026, en función de los escenarios sobre el crudo West Texas Intermediate (WTI). La entidad presentó esas cifras el 24 de septiembre de 2025, en el marco de proyecciones oficiales que asumen un precio promedio del WTI cercano a $61 por barril en 2025, frente a los $71 del año previo.
Sin embargo, en días recientes Petroecuador confirmó que octubre y noviembre de 2025 el WTI casi no se movió, al pasar de $60,89 a $60,15, una variación de apenas 1,2 % menos
Consultado ante esa baja limitada, el secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo, Camddepe, Oswaldo Erazo, estimó que es escaso el margen real para cambios fuertes en diciembre y que, si hay movimiento en el precio del diésel premium entre el 12 de diciembre de 2025 y el 11 de enero de 2026, será mínimo.
“Este rato en los mercados internacionales del petróleo los precios siguen con tendencia a la baja porque existe una sobreoferta a nivel mundial. Entonces el escenario es propicio para que se cumpla el ofrecimiento que hizo el presidente de rebajar el precio del diésel, que podría ser de a 2,78”, comentó.
Frente a este escenario, precisamente, recalcó Erazo, queda pendiente por parte del gobierno revisar los márgenes de comercialización del diésel que permitiría a las distribuidoras cubrir los incrementos de costos que han experimentado en años recientes.
De un diésel subsidiado a un combustible “de mercado”
El sistema de bandas solo es posible porque, desde septiembre, el país dejó atrás medio siglo de subsidio al diésel. El 12 de septiembre de 2025, el presidente Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 126, que elevó el precio del diésel premium de $1,80 a $2,80 por galón y dio por terminado el subsidio para el segmento automotor. Como se recuerda, frente a esta decisión la Confederación de Nacionalidades Indígenas convocó a un paro nacional, que en la práctica se concentró con bloqueos viales en el norte de Pïchincha, y, sobre todo, en la provincia de Imbabura, la cual quedó prácticamente incomunicada por vía terrestre.
De acuerdo con el Gobierno, ese subsidio representaba alrededor de $1.100 millones anuales, recursos que, según la justificación oficial, se desviaban en buena medida hacia contrabando, minería ilegal y beneficiarios que no eran población vulnerable.
El decreto fijó un precio plano de $2,80 por tres meses, entre el 13 de septiembre y el 11 de diciembre de 2025, y abrió la puerta al antes mencionado sistema de bandas, o, como lo llama el gobierno “esquema de estabilización de precios ” que se aplicará desde mañana.
¿En qué se usarán los recursos liberados?
El Gobierno anunció que planea redirigir los $1.100 millones liberados a programas con impacto “social y productivo”: ampliación de bonos sociales, devolución de impuestos a adultos mayores y medidas de apoyo a pequeños agricultores. Así, sostiene que la eliminación del subsidio permitirá atacar el uso indebido del diésel en contrabando y minería ilegal, y acercar el precio interno al internacional.
En cuanto al transporte, el Gobierno ha insistido en que la tarifa del transporte público no debe subir. Para sostener esa promesa, creó un paquete de compensaciones específicas: un decreto complementario fijó un bono mensual de entre $400 y $1.000 por ocho meses para transportistas de servicio público, urbano, rural, interprovincial, con un costo estimado de al menos $220 millones.
Así, el exministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano, sobre más de 53.000 transportistas que reciben bonos mensuales en rangos que van de $160 a $1.800, según modalidad de servicio.
Hasta el cierre de esta edición el Ministerio de Desarrollo Humano no respondía una consulta de información pública actualizada sobre la entrega de dichos bonos. Consultado sobre esta, el dirigente de l Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros (Fenacotip), sostuvo sí ese está entregado las compensaciones con relativa regularidad, con una escasa cantidad de excepciones, por problemas administrativos con gobiernos locales que administran la revisión técnica vehicular, que no sobrepasan los 120 casos.
“Sí se están entregando estas compensaciones porque de este proceso es lo que verdaderamente está sosteniendo las operaciones de la transportación pública, que en nuestro caso es la de pasajeros. Pero debemos ir pensando en la respuesta que el gobierno deberá dar cuando este proceso concluya. Debe existir una nueva ventana que permita sostener a la transportación cuando termine la compensación”, comentó.
“Este es un tema técnico que no se negocia. Si se afecta la estructura de costos de la transportación, sus operaciones se caen”, dijo luego de recordar que la entrega de compensaciones está prevista únicamente hasta abril de 2026.
