A través de su abogado, el exlegislador correísta asegura que la Fiscalía no tiene pruebas de que haya sido el operador político de Leandro Norero en la Asamblea con el objetivo de acallar las voces de quienes ponían en riesgo la clandestinidad de la organización delictiva.

En la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se cumplió la audiencia donde siete procesados en el caso ‘Metástasis’ apelaron la orden de prisión preventiva que se les dictó durante la audiencia de formulación de cargos o de vinculación. Entre ellos, el exasambleísta correísta Ronny Alega y el abogado en libre ejercicio Christian Romero, los dos prófugos de la Justicia, procesados por delincuencia organizada. La audiencia se cumplió ante el Tribunal penal integrado por los jueces Vinicio Rodríguez Mongón (ponente), Iván Saquicela y Javier De la Cadena. Por la Fiscalía estuvo Wilson Toainga, subrogante. 

Geovan Crespo, abogado del exasambleísta procesado, aseguró que la Fiscalía no justificó con elementos de convicción el que se haya dictado la prisión preventiva en contra de su defendido, ya que sólo señaló que habían “indicios” de su responsabilidad en el delito que se investiga. Según el abogado, la Fiscalía especula al manifestar que Alega fue el operador político de Leandro Norero (+) y de su estructura delincuencial en la Asamblea, así como, dijo, no ha logrado comprobar que se trate de alias ‘Ruso’, mencionados en los chat del caso ‘Metástasis’, ya que son expresiones de terceras personas. Aseguró que su defendido jamás ha mantenido alguna clase de intervención directa personal o virtual ni con Norero, ni con Xavier Jordán, ni con ninguno de los otros procesados. Para Crespo, el exlegislador ha demostrado siempre que ha querido colaborar en el proceso y aportar información, pero con la condición de que se le garantice su seguridad, pero que opinó que la Fiscalía insiste en un relato subjetivo, circunstancial e impreciso, al señalar que a través de su organización política en la Asamblea  actuaba como el operador de los intereses de la banda delincuencial que se investiga. 

Por su parte, el fiscal Toainga, en su alegato, cuestionó que el abogado dijera que Aleaga no mantuvo una comunicación directa con los integrantes de la banda delictiva, entre ellos Norero y Jordán, cuando existe una foto con este último, coprocesado en el caso, tomada en la piscina de una mansión de  Miami (Estados Unidos) conocida como ‘Los tetones’ difundida por el entonces legislador Fernando Villavicencio (+). Agregó que alegada era el operador político de Norero y su banda en el interior de la Asamblea, donde el objetivo era acallar las voces de quienes, como Villavicencio, denunciaban públicamente las actividades ilícitas del grupo hoy investigado. “No les convenía una exposición mediática, ya que el éxito de la banda era operar en la clandestinidad”, aseguró Toainga. Y es por eso, aseguró, que el objetivo era callar a Villavicencio, desprestigiarlo, a él y a todos los que eran capaces de exponer al grupo delictivo. El Fiscal añadió que es evidente que Aleaga intenta viciar el proceso ‘Metástasis’, por lo que a través de su organización política, el correismo, impulsó el juicio político contra la fiscal titular, Diana Salazar.    

Abogado procesado

Christian Romero fue en su momento abogado de Norero y hoy es procesado en el caso, con orden de prisión preventiva pero prófugo de la Justicia. A esta audiencia se presentó vía telemática, desde la clandestinidad. Su abogado, Cristian Mora, aseguró que el procesado siempre ha colaborado con la Justicia y con esta investigación presentándose, vía telemática, a todas las audiencias y diligencias realizadas. Aseguró que no le puede privar de la libertad por meras presunciones o suposiciones. Para Mora, la Fiscalía procesó a Romero sólo por el hecho de haber actuado como abogado de Norero.

Sin embargo, Toainga respondió que no se le procesaba por ser abogado del excapo del narcotráfico local, sino porque en la ejecución de esa defensa cometió actos ilícitos, como sobornar para conseguir fallos favorables; por ser artífice de negociaciones corruptas, ya que tenía nexos con Wilman Terán, a esa fecha juez de la CNJ y hoy otro de los procesados. “Era experto en la planificación de sobornos para obtener fallos judiciales”, dijo el fiscal subrogante.

Xavier Jordán, prófugo en Estados Unidos y otro de los procesados en este caso, también apeló la orden de prisión preventiva. Sin embargo, al instalarse la audiencia ni él ni su abogado, Juan Carlos Salazar, estuvieron presentes, por lo que se declaró el abandono del recurso, los mismo sucedió con Daniel Salcedo.

Por su parte, la Fiscalía apeló las medidas alternativas que se dictaron en contra de Kevin Prendes y Braulio Mera, procesados que tienen que presentarse periódicamente ante juez competente y están prohibidos de salir del país. La Fiscalía pide que se dicte en su contra prisión preventiva. 

El juez ponente, tras escuchar los alegatos de las partes procesales, suspendió la audiencia e informó que notificará por escrito la fecha y hora para informar la decisión que tome el Tribunal. 

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