Más requisitos para la supervivencia de los partidos, la eliminación del gasto electoral y la búsqueda de reducir asambleístas y volver al método D’Hont amenazan al pluripartidismo en Ecuador. Pero, ¿cuáles podrían ser los efectos reales de esta medida?
POR: Esteban Cárdenas Verdesoto
En menos de un año, Ecuador pasó de discutir cómo hacer más justa la competencia electoral a redefinir quiénes pueden competir y sobrevivir. Y parte de esto se ha visto reflejado en las medidas aprobadas por la Asamblea y propuestas por el Ejecutivo.
Así, en el último mes el Legislativo aprobó un cambio en la Ley Electoral que eleva el umbral para que los partidos conserven la vida jurídica. Ahora, estos deberán alcanzar al menos 5% de los votos válidos en cada elección pluripersonal o cumplir, en esa misma elección, metas duras de representación, como tres asambleístas o 8% de alcaldías. Además, volvió el método D’Hondt para asignación de escaños.
Por otro lado y en paralelo, a través de una consulta popular, el Gobierno de Daniel Noboa plantea reducir el número de asambleístas. Y, por último, como parte de las medidas que impulsa el Gobierno se abre la puerta a eliminar el financiamiento público a los partidos definitivamente.
El mensaje de fondo es nítido, menos nombres en las papeletas y bancadas más grandes en la Asamblea. Pero, bajo esa promesa de ‘orden’, late la pregunta que definirá el sistema político de los próximos años. ¿Estas reformas corrigen la fragmentación o empujan a Ecuador hacia un bipartidismo, donde los partidos pequeños y las voces locales quedan fuera del mapa?
La fotografía actual ya muestra una concentración no vista en en el país. Dos fuerzas, la Revolución Ciudadana y ADN, reúnen la gran mayoría de las votaciones de las últimas dos elecciones. Y, si a ese tablero se le añade un umbral del 5% para los partidos, el retorno a un método que favorece a los más votados y la eventual desaparición del colchón financiero estatal, el terreno para los partidos chicos se vuelve complicado. El debate no es menor y de su desenlace dependen la diversidad política, la representación territorial y la calidad de la competencia democrática en el país. Y en esto concuerdan los expertos.
Más sobre las medidas
Hasta antes de la reforma aprobada el mes pasado, el Código de la Democracia ofrecía cierto margen a los partidos pequeños. Este les permitía conservar su personería jurídica si alcanzaban al menos 4% de los votos válidos en dos elecciones consecutivas, ya fueran generales o seccionales, o si cumplían requisitos territoriales como un número mínimo de alcaldías o escaños en la Asamblea. Esa ventana de redención les permitía sobrevivir a un mal resultado puntual en una elección y reorganizarse para la siguiente contienda. Pero esto cambió totalmente.
La nueva norma elimina esa red de seguridad. Desde ahora, todo se decide en una sola elección. Y es que los partidos, tras la aprobación de esta reforma, deben alcanzar 5% de votos válidos a escala nacional en comicios pluripersonales, o al menos 3 asambleístas nacionales o provinciales, u 8% de las alcaldías del país (18 de 221), o un concejal en el 10% de los cantones (23 municipios).
Si un partido no cumple alguna de estas condiciones en ese único intento, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe cancelar su registro. Y el impacto de esta medida se puede medir con ejemplos como lo que pasó en 2025, donde sólo cuatro organizaciones nacionales: Revolución Ciudadana, ADN, Pachakutik y el Partido Social Cristiano habrían pasado el filtro. En este caso, los tres primeros por el porcentaje de votación y el PSC por el número de asambleístas alcanzados.
Esta medida ya de por sí representa una amenaza, como se pudo ver, para las 74 organizaciones políticas restantes registradas en el proceso electoral. Y así, este endurecimiento llega acompañado de un cambio en la fórmula para repartir escaños y una reducción de asambleístas. Así, el Gobierno logró que regrese el método D’Hondt en reemplazo del método Webster.
Según expertos como el analista político Simón Ordóñez, el método D’Hondt otorga una sobrerrepresentación a las fuerzas más votadas. Es decir, en la práctica, un partido con una mayoría simple puede quedarse con una proporción mucho mayor de curules. Y esto no es un efecto teórico, en 2013, Alianza PAIS obtuvo el 52% de los votos y terminó con más del 80% de la Asamblea; según detalla Ordóñez.
A esto se suma la propuesta de eliminar el financiamiento público a partidos y campañas, aprobada por la Asamblea y pendiente de referéndum. Desde 2008, el Estado ha destinado cerca de $263 millones a sostener estructuras partidarias y a pagar la propaganda electoral a través del CNE. Con el cambio, cada organización dependerá de aportes privados, sujetos a límites más estrictos y a controles reforzados para evitar el ingreso de dinero ilícito.
En conjunto, estas medidas reconfiguran las condiciones para entrar, mantenerse y competir en la política. El argumento del Gobierno es que se trata de una depuración necesaria en un sistema saturado, con más de 260 organizaciones registradas, y plagado de partidos de alquiler o de corta vida. Mientras que, por otro lado, quienes están en contra ven en el paquete un rediseño que favorece a los bloques dominantes y reduce el espacio para la pluralidad y la representación de minorías. Pero, ¿qué dicen los expertos?
Análisis
Para Simón Ordóñez, sociólogo y analista político, la lectura de estas reformas no es lineal. Reconoce que en Ecuador se llegó a un punto insostenible en el número y la calidad de organizaciones políticas: “Llegó a haber cerca de 260 o 270 movimientos políticos, lo cual es una barbaridad. Un sistema de partidos debería ser eso, partidos con ideología y propuesta para el país”. Desde esa perspectiva, considera “fundamental” que se eleven los requisitos para su existencia y permanencia, como freno a los llamados partidos de alquiler o creados a la medida de un líder.
Sin embargo, cuando las reformas se observan en conjunto, el nuevo umbral del 5%, el retorno al método D’Hondt y la posible eliminación del financiamiento público, el escenario se complica. Ordóñez advierte que el D’Hondt “privilegia y sobrerrepresenta a los partidos más grandes” y que en casos como Azuay, durante el correísmo, “un partido con alrededor del 35 o 40% de los votos se llevó el total de la representación”. En su criterio, es “bastante antidemocrático” porque deja fuera a minorías que sí tienen respaldo, pero no logran superar las barreras que impone la fórmula.
En cuanto a la eliminación del financiamiento estatal, Ordóñez respalda la medida bajo un argumento de principio: “No tenemos por qué los ciudadanos financiar partidos que responden a intereses de unos pocos y con ideologías con las que no comulgamos”. Para él, la política debe sostenerse con aportes privados de militantes y simpatizantes, siempre que existan límites claros, listas públicas de donantes y controles estrictos para evitar compromisos mafiosos. Recuerda que durante el correísmo, el esquema de financiamiento público se combinó con la prohibición del financiamiento privado, lo que, a su juicio, ató de manos a la oposición mientras el oficialismo utilizaba recursos estatales para su propia propaganda.
Pero el núcleo de su advertencia está en el riesgo político. Y es que el paquete de cambios podría empujar al país hacia un bipartidismo de facto, dejando el tablero dominado por dos proyectos, Revolución Ciudadana y ADN, a los que describe como “partidos personalistas, autoritarios y sin democracia interna”. “Es bueno que existan cinco o seis partidos sólidos, con propuestas ideológicas claras”, dice, “pero no que todo se reduzca a dos fuerzas que concentren el poder y excluyan a las demás”.
En ese sentido, coincide con otros analistas en que, aunque elevar los estándares puede ser saludable para la institucionalidad, la forma en que se apliquen estas reglas definirá si fortalecen la democracia o se convierten en herramientas para blindar a quienes ya concentran el poder.
Francisco Hidalgo, analista político, por su lado, recuerda que el riesgo del bipartidismo no es sólo numérico. En un contexto como el ecuatoriano, donde las organizaciones políticas suelen girar alrededor de figuras individuales y no de estructuras ideológicas sólidas, concentrar la representación en dos polos aumenta la tentación de capturar las instituciones para beneficio propio. “Si el sistema termina dependiendo de dos partidos que funcionan como maquinarias de un líder, la democracia interna se erosiona y las decisiones se toman por conveniencia del caudillo de turno, no del país”, dice.
Otro efecto que prevé es la pérdida de representación local. Para el experto, los partidos pequeños y movimientos provinciales cumplen una función de anclaje territorial que las grandes organizaciones no siempre pueden suplir. “En zonas rurales o en cantones pequeños, muchas veces son los movimientos locales los que canalizan demandas y necesidades que en Quito ni siquiera conocen”. Si estas agrupaciones desaparecen, por no superar el nuevo umbral o por no poder financiar campañas competitivas, el sistema corre el riesgo de volverse más centralista y alejado de las realidades regionales, lo que, a largo plazo, puede aumentar la desconexión entre la política y la ciudadanía.
Los expertos, por esto, concluyen que, si bien las medidas propuestas pueden ser las adecuadas, en conjunto parecen trazar un camino claro hacia el bipartidismo en el país, lo que podría terminar siendo una afrenta directa a la democracia ecuatoriana. Por esto, asegura que es necesario encontrar puntos medios que no impliquen el panorama actual, sobresaturado de partidos y gastos pero que tampoco tiendan hacia el otro extremo bipartidista con limitada representatividad.
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