Ecuador atraviesa una crisis en el sistema penitenciario. El resultado son distintos actos de violencia en cárceles del país que llevan un saldo de 22 personas privadas de la libertad fallecidas. Esto pese a que el 16 de mayo de 2019, el presidente Lenín Moreno declaró estado de excepción para todo el sistema carcelario por 60 días y que lo amplió por un mes el pasado 15 de julio, por medio del Decreto Ejecutivo 823. Entre las principales causas de la crisis están: disputa entre bandas, falta de infraestructura y hacinamiento.
El medio público diario El Telégrafo, el 15 de junio, citó al viceministro de Seguridad Patricio Pazmiño, según el funcionario la capacidad en las cárceles es de 28.554 personas, pero hay 40.771 internos. Es decir, existe una sobrepoblación del 40% en el sistema penitenciario ecuatoriano.
La situación ha levantado las críticas de distintas actores sociales y políticos. Así, durante una entrevista para el portal Ecuador Inmediato, el alcalde de Latacunga, Byron Cárdenas afirmó que la cercanía del Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte Cotopaxi a su ciudad ha provocado graves consecuencias. El 24 de julio de 2019, el expresidente Rafael Correa reaccionó a la entrevista y afirmó que:
Rafael Correa: “El problema no es la cárcel, muy moderna, sino la pésima administración y el hacinamiento, que nosotros dejamos en 0”
Al inicio de la gestión de Rafael Correa en el 2007, el hacinamiento carcelario estaba por el 145% según la Rendición de Cuentas 2007- 2011, de la Defensoría Pública. En el mismo informe se resaltan las medidas que fueron tomadas por el Gobierno para enfrentar la crisis. La creación de la Defensoría Pública contribuyó a llevar a cabo recomendaciones de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como consecuencia, durante el año 2010, se redujo el hacinamiento en un 60%.
En septiembre de 2010, el entonces ministro de justicia, José Serrano, declaró emergencia carcelaria en todos los Centros de Rehabilitación social, Centros de Detención Provisional, y Centros de Internamiento de infractores de todo el país. Con esta medida se buscaba mejorar el sistema de salud, infraestructura e hidrosanitaria, así como la creación de nuevos centros. Por estas acciones el hacinamiento se redujo al 0.24% en el 2014 y al 1.72% en 2015.
No obstante, en julio de 2016, un Comité Experto de Naciones Unidas expresó su preocupación por el hacinamiento que persistía en las cárceles del país, a pesar de los esfuerzos del Estado. Durante una entrevista, la entonces ministra de justicia Lady Zúñiga, dijo que el terremoto de ese año afectó prisiones en las provincias de Manabí y Esmeraldas, por lo tanto, el traslado de los prisioneros aumentó la tasa de hacinamiento. Además, durante la sesión de la Organización de Naciones Unidas sobre el Examen Periódico Universal (EPU) en mayo del 2017, la funcionaria afirmó que en el año 2016 el hacinamiento subió en un 22%.
Rafael Correa dejó el poder el 24 de mayo de 2017, y de acuerdo al Ministerio de Justicia en ese mes se registró una tasa de hacinamiento del 41%. Ese año el índice cerró con un 42% de sobrepoblación en las cárceles, según palabras de la exministra de Justicia Rossana Alvarado. El 2018 se presentaría una mejoría en los primeros meses del año, reduciendo el hacinamiento hasta el 37%. No obstante, a finales del 2018 e inicios de 2019 se presentaría un agravamiento del sistema carcelario.
En el mes de junio, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), reiteró su preocupación por el deterioro de las condiciones de vida de la población privada de libertad en el Ecuador. Recalcó que el “sistema carcelario del país tiene capacidad para 28.500 personas y actualmente acoge a más de 40.000 personas”.