Mientras Ecuador se prepara para acudir a las urnas el próximo 16 de noviembre, una ola de desinformación ha inundado las redes sociales y el debate público. Desde afirmaciones falsas sobre supuestas bases militares extranjeras hasta videos manipulados que distorsionan declaraciones oficiales, el equipo de Ecuador Chequea ha rastreado y verificado más de 80 contenidos en las últimas semanas. ¿Qué tipo de mensajes circulan con más fuerza? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Qué temas se repiten una y otra vez?
De las 82 verificaciones realizadas por Ecuador Chequea durante la campaña electoral, desde el 1 hasta el 13 de noviembre, más de la mitad corresponden a afirmaciones falsas (57%). Son datos manipulados, frases inventadas y noticias sin sustento que han circulado especialmente en redes como TikTok, Facebook y WhatsApp. Un 20,7% adicional corresponde a mensajes engañosos, aquellos que, aunque contienen un dato real, lo sacan de contexto o lo distorsionan. Solo el 13% del contenido verificado resultó ser cierto. Los contenidos imprecisos consolidaron un 8,5%.
Esto confirma un patrón: la desinformación que circula en época electoral no es solo fruto del error o el desconocimiento, sino de estrategias deliberadas para sembrar confusión.
Cuando la desinformación empieza desde el poder: el problema del discurso público
La desinformación no siempre nace en redes sociales. A veces, comienza desde el micrófono de una cabina radial o televisiva. Uno de los hallazgos más contundentes del monitoreo realizado por Ecuador Chequea en el marco de la campaña electoral de 2025 es que varios de los mensajes más problemáticos provienen directamente de autoridades públicas, líderes políticos y candidatos.
De las 82 verificaciones realizadas hasta el 13 de noviembre, 16 corresponden a afirmaciones formuladas en entrevistas o discursos pronunciados en eventos públicos. Se trata de contenidos que fueron clasificados como falsos (7 casos), engañosos (3), inverificables (2), imprecisos (1) y solo en tres casos se confirmó que eran ciertos. En otras palabras, casi el 80% del discurso público verificado resultó contener desinformación o datos sin sustento técnico.
Entre los casos más graves están frases que distorsionan el sentido de la Constitución, manipulan datos presupuestarios o afirman logros de seguridad imposibles de contrastar. Por ejemplo:
- Mishelle Calvache, ex vicepresidenta del CPCCS, aseguró que el gasto en cárceles le quitaba recursos a la niñez. Esa afirmación fue calificada como engañosas.
- El presidente Daniel Noboa afirmó que Ecuador es el país que más crece en la región, cuando en realidad las cifras del FMI y CEPAL lo ubican por debajo de otros países sudamericanos.
- Otro ejemplo preocupante fue la afirmación de que la Constitución “pone al delincuente al nivel de la gente decente”, repetida por voceros del oficialismo. Esta frase no solo es falsa, sino que reproduce una lectura moralizante que tergiversa por completo el sentido jurídico del texto constitucional.
En temas internacionales también se encontraron errores significativos. Uno de los contenidos verificados fue la declaración de la dirigente indígena, Pacha Terán que Estados Unidos bombardeó Baltra durante la Segunda Guerra Mundial. La afirmación fue falsa. Lo mismo ocurrió con la mención a Suiza como país que habría tomado como referencia la Constitución ecuatoriana de 2008, lo cual fue calificado como engañoso: si bien hubo elogios puntuales al enfoque de derechos, no hay registros ni documentos oficiales suizos que sustenten dicha afirmación.
En el caso del presidente Daniel Noboa, varias de sus declaraciones públicas también fueron objeto de verificación. Aunque algunas fueron consideradas imprecisas o inverificables —como el número de puestos de mando detectados por las Fuerzas Armadas o la cifra exacta de depósitos bancarios en el sistema financiero—, otras resultaron falsas, como la frase sobre que la Corte Constitucional defendió “la vida del violador”, lo cual no aparece en ningún dictamen oficial.
Lo preocupante no es solo el error factual. Es que estas afirmaciones, al provenir de figuras con poder institucional o alta visibilidad, se amplifican rápidamente, se descontextualizan en redes y terminan alimentando narrativas falsas mucho más difíciles de desmentir.
Los temas que concentran la desinformación
El análisis de los claims verificados permite agrupar los temas en cinco bloques principales:
- Presidencia y Daniel Noboa (35%)
- Consulta / Constitución (24%)
- Otros temas dispersos (33%), que incluyen seguridad, crimen organizado, migración, gasto público y más.
- Salud / BID (5%), especialmente por la manipulación de reportajes televisivos.
- Otros actores políticos (1%).
Aunque la salud y la economía aparecen con menor frecuencia, los casos detectados revelan un uso intencional de información editada, como reportajes a los que se añaden cajas de texto falsas o entrevistas antiguas usadas fuera de contexto.
¿Cómo se desinforma?
Aunque la mayoría de las desinformaciones no tienen una autoría explícita, se detecta un patrón común: videos de edición rápida, subtítulos llamativos, tono emocional elevado y fragmentos que apelan al miedo, la indignación o la esperanza. Las plataformas más utilizadas son TikTok y Facebook, le sigue X, aunque algunas piezas también circularon por canales cerrados como WhatsApp.
Lo más alarmante es que varios de estos contenidos reutilizan material audiovisual real al que se le agregan elementos falsos, lo que dificulta su detección y refutación.
Una línea difusa entre narrativa política y desinformación
No todo error es mentira, y no toda desinformación parte de la mala fe. Pero en un contexto electoral polarizado, la línea entre el relato político y la desinformación deliberada se vuelve peligrosamente borrosa. Cuando se repiten datos incorrectos, se tergiversan decisiones constitucionales o se exageran cifras de seguridad sin ofrecer documentos verificables, se rompe la confianza pública y se debilita el debate democrático.
En este contexto, el rol de los verificadores de datos, en pro de la integridad de la información, se vuelve crucial no solo para corregir cifras, sino para restablecer los márgenes de la verdad en el debate público. La ciudadanía tiene derecho a contrastar lo que se dice desde el poder y a través de sus campañas digitales; y también a exigir que sus líderes no solo digan lo que “sienten” que es verdad, sino lo que pueden demostrar.
