La relación entre Estados Unidos y Venezuela atraviesa su fase más tensa y peligrosa en años. Washington combina acusaciones de “narcoterrorismo” contra Nicolás Maduro, una operación militar en el Caribe, amenazas de ataques terrestres, sanciones económicas y presión migratoria.
Caracas responde denunciando una agresión a su soberanía, elevando el conflicto a foros internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI).
Este explainer resume las claves para entender qué está pasando y por qué importa más allá de la frontera venezolana.
1. De las acusaciones de “narcoterrorismo” a la operación Lanza del Sur
Hay que recordar que el conflicto actual no arranca en 2025, es que, en marzo de 2020, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y a otros altos cargos venezolanos de participar durante años en una estructura de narcotráfico con grupos armados colombianos, usando al Estado venezolano para proteger esas operaciones.
A esa estrategia judicial se sumaron sanciones económicas y financieras, en particular sobre el sector petrolero y la estatal PDVSA desde 2019, que restringen el acceso de Venezuela a mercados y divisas.
En 2025, con el retorno de Donald Trump a la presidencia, la Casa Blanca ha pasado de la “máxima presión” a una fase abiertamente militarizada.
El Pentágono lanzó la operación “Lanza del Sur” (Southern Spear), un despliegue de la Cuarta Flota y otras unidades en el Caribe y el Pacífico oriental, oficialmente para atacar embarcaciones de presuntos narcotraficantes vinculados a organizaciones como el Tren de Aragua.
Marine del Comando Sur de los EE UU realiza un entrenamiento de artillería a bordo del USS Iwo Jima, el 13 de noviembre. Foto: Southcom
Distintas fuentes sitúan el inicio de los bombardeos en septiembre de 2025 y cifran en más de 80 los muertos en estas operaciones, sin que Washington haya hecho públicos los expedientes probatorios.
Por otro lado, organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho internacional advierten de posibles violaciones al derecho internacional humanitario si se confirma que algunas lanchas fueron atacadas cuando ya no representaban una amenaza o sin verificación suficiente de su carácter “militar”.
La operación ‘Lanza del Sur’ combina buques de guerra, tecnología robótica y aeronaves no tripuladas para reforzar el control marítimo y aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro (Foto: dvidshub.net)
2. Amenazas de ataques por tierra y cierre del espacio aéreo
El salto cualitativo llegó cuando Trump anunció que “muy pronto” podrían iniciarse ataques terrestres dentro de Venezuela, como una extensión de Lanza del Sur.
En varias intervenciones públicas, el presidente ha asegurado que EE. UU. “sabe dónde viven” los presuntos narcotraficantes y ha llegado a prometer que va a “acabar con esos hijos de perra”, en referencia a los carteles que, según él, “inundan de drogas” su país.
El 29 de noviembre de 2025, Trump declaró que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debía considerarse “cerrado en su totalidad” para aerolíneas, pilotos y redes criminales.
La declaración, sin una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU ni un mandato multilateral, generó alarma regional e internacional. Varias aerolíneas de América Latina y Europa suspendieron vuelos hacia Caracas y otros destinos venezolanos por riesgos de seguridad y dificultades de aseguramiento.
Caracas respondió revocando licencias a algunas de esas aerolíneas y acusando a Washington de “terrorismo de Estado” y “guerra económica y militar”.
En varias intervenciones públicas, el presidente Trump, ha asegurado que EE. UU. “sabe dónde viven” los presuntos narcotraficantes y ha llegado a prometer que va a “acabar con esos hijos de perra”, en referencia a los carteles que, según él, “inundan de drogas” su país.
(Foto: dvidshub.net)
3. Migración y deportaciones: cooperación mínima en medio de la confrontación
En paralelo a la escalada militar, la administración Trump ha endurecido su política migratoria. Además de restricciones y suspensión de trámites de visado para venezolanos, EE. UU. y el gobierno de Maduro acordaron reanudar los vuelos de deportación en 2025, tras años de interrupción.
Los vuelos se han convertido en una pieza más de la negociación: Washington amenaza con “sanciones severas” si Caracas deja de recibir deportados, mientras el gobierno venezolano suspende o reanuda la aceptación de vuelos en función de la presión económica y política del momento.
El resultado es una cooperación mínima y condicionada: se aceptan vuelos de deportación en un contexto donde, al mismo tiempo, se cierran rutas comerciales, se restringen visados y se militariza el entorno aéreo y marítimo venezolano. Para los migrantes, eso se traduce en:
- Riesgo de deportaciones aceleradas, sin garantías suficientes de debido proceso.
- Familias separadas entre distintos países.
- Retorno forzado a un país con crisis política y económica severa.
Ciudadanos venezolanos descienden de un avión tras ser deportados desde Estados Unidos. EFE/ Miguel Gutiérrez
4. Elecciones disputadas, legitimidad y la arista de la Corte Penal Internacional
El conflicto no es solo militar o migratorio: también es político y judicial.
En julio de 2024, Venezuela celebró elecciones presidenciales cuya transparencia ha sido duramente cuestionada por organismos internacionales y misiones de observación. El Parlamento Europeo, por ejemplo, ha reconocido a Edmundo González Urrutia como legítimo ganador, al considerar que el Consejo Nacional Electoral manipuló resultados para mantener a Maduro en el poder.
Sobre esa base, EE. UU. y varios países de la región consideran a Maduro un mandatario ilegítimo que “usurpa” la presidencia. Este cuestionamiento de origen se combina con la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el país, activa desde 2021
El 1 de diciembre de 2025, la Fiscalía de la CPI anunció el cierre de su oficina en Caracas por “falta de progreso real” en la cooperación del Estado venezolano, aunque la investigación continúa abierta.
En respuesta, el oficialismo ha elevado el tono contra la Corte y sectores del Parlamento chavista han planteado la posibilidad de revisar la permanencia de Venezuela en el Estatuto de Roma. Hasta la fecha, sin embargo, no hay constancia de una denuncia formal del tratado, y Venezuela sigue figurando como Estado parte.
Para el gobierno de Maduro, la CPI sería utilizada como herramienta de presión política, mientras sectores de la sociedad civil la ven como una de las pocas vías de justicia internacional frente a violaciones de derechos humanos.
5. ¿Cambio de régimen en marcha?
Desde hace años, funcionarios y exfuncionarios de Washington han señalado que el objetivo de fondo de la presión, sanciones, reconocimiento de un presidente alternativo, ahora despliegue militar, es forzar la salida de Maduro.
En las últimas semanas, medios como The New York Times y otros han revelado que Trump y Maduro han conversado en secreto sobre escenarios de transición, incluso sobre la posibilidad de que el líder venezolano deje el cargo con algún tipo de garantía.
Hasta ahora, esos contactos no han cristalizado en un acuerdo. Las filtraciones hablan de exigencias de amnistía global y garantías de poder que Washington no está dispuesto a conceder, y de ultimátums desde la Casa Blanca que Caracas considera inaceptables.
6. Lo que está en juego
Más allá de la disputa entre Trump y Maduro, hay tres planos de impacto directo:
- Seguridad regional
- La combinación de una operación militar activa, amenazas de ataques terrestres y cierre de espacio aéreo genera un riesgo de incidente o error de cálculo que pueda escalar a un conflicto abierto, con efectos en todo el Caribe.
- La combinación de una operación militar activa, amenazas de ataques terrestres y cierre de espacio aéreo genera un riesgo de incidente o error de cálculo que pueda escalar a un conflicto abierto, con efectos en todo el Caribe.
- Crisis humanitaria y migratoria
- Venezuela suma cerca de ocho millones de personas desplazadas desde 2014, uno de los mayores éxodos del mundo.
- Las deportaciones masivas y el endurecimiento de visados incrementan la vulnerabilidad de esa diáspora.
- Venezuela suma cerca de ocho millones de personas desplazadas desde 2014, uno de los mayores éxodos del mundo.
- Estado de derecho y justicia internacional
- La continuidad de la investigación de la CPI, pese al cierre de la oficina en Caracas, mantiene bajo escrutinio internacional las violaciones de derechos humanos.
- Cualquier intento de retirada del Estatuto de Roma sería una señal de mayor aislamiento judicial.
- La continuidad de la investigación de la CPI, pese al cierre de la oficina en Caracas, mantiene bajo escrutinio internacional las violaciones de derechos humanos.
7. ¿Qué mirar en los próximos meses?
Para entender hacia dónde puede moverse esta crisis, será clave seguir:
- Si EE. UU. pasa de las amenazas a una incursión terrestre real.
- Si se abren canales diplomáticos formales tras las llamadas entre Trump y Maduro.
- La evolución de las sanciones energéticas y financieras
- Las decisiones de la CPI y la respuesta del Estado venezolano.
- La situación de los vuelos (comerciales y de deportación) y las políticas de asilo en la región.
Por ahora, la relación entre Estados Unidos y Venezuela se mantiene en un equilibrio inestable: cooperación mínima en migración, máxima confrontación en lo militar y lo político, y una población venezolana que sigue pagando el costo principal en forma de crisis económica, represión y desplazamiento forzado.
