Desde anteayer, el sector atunero industrial ya no goza del subsidio al diésel, un beneficio que era fundamental en su modelo actual, que lo llevó a crecer sostenidamente en los últimos años. La advertencia es una falta de competitividad y encarecimiento de costos.
POR: Esteban Cárdenas Verdesoto
Fue un anuncio oficial el que detonó con una decisión que afecta directamente a todo un sector: el atunero. Dado entre nuevas cortinas, una nueva sala y una placa renovada en Carondelet, Carolina Jaramillo, vocera del Gobierno, informó sobre la eliminación del subsidio al diésel para este sector el lunes.
Una eliminación que aplicará, repitió Jaramillo en varias ocasiones, sólo al sector atunero industrial. Es decir, no será aplicable para embarcaciones artesanales que se dediquen a la pesca de esta variedad en aguas nacionales.
Poco después, la medida se hizo oficial a través del Decreto Ejecutivo 20, en el que el presidente, Daniel Noboa, ratificaba este cambio, aplicable desde las 00:00 del miércoles.
Sin embargo, la decisión ya ha abierto varias puertas de entrada al debate sobre la pertinencia de la decisión del Gobierno. ¿Es realmente el sector atunero lo suficientemente sólido para costear estos nuevos valores?, ¿cómo podría afectar esta decisión a la economía nacional?, son preguntas que han surgido. Aquí intentamos dar una respuesta.
¿Un sector fortalecido?
Uno de los argumentos del Gobierno para dar paso a esta medida ha sido el incremento considerable de las exportaciones de atún de las empresas que operan en el país en los últimos años.
La vocera aseguró que el sector atunero “es un verdadero orgullo para los ecuatorianos” y explicó que, sólo en 2024, sus exportaciones alcanzaron los $1.641 millones, cifra que representa un crecimiento del 21% respecto al promedio anual de la última década. Y para el Ejecutivo, ese desempeño positivo fue señal suficiente de que el sector podía asumir, sin subsidios, el precio real del diésel.
Pero, además de hablar de cifras de exportación, la funcionaria presentó otro argumento: la concentración del subsidio. Según los datos entregados por el Gobierno, apenas 29 empresas del sector absorben el 60% del valor total subsidiado. En 2024, ese monto ascendió a $42 millones. Pero, si se observa en un periodo entre 2022 y 2024, la cifra acumulada llega a 210 millones, lo que equivale a un promedio de 70 millones anuales. Para el Gobierno, ese peso fiscal ya no era justificable.
La eliminación del subsidio, según dijo Jaramillo, se enmarca en una visión de eficiencia estatal y focalización de recursos. Parte de los fondos que antes se destinaban a subsidiar el diésel serán redirigidos a programas sociales, aunque no se detalló cuáles. Y para compensar a las empresas industriales, se anunció que el Banco del Pacifico ofrecerá líneas de crédito por hasta $42 millones, con una tasa del 6% anual y respaldo de la Corporación Financiera Nacional. Estos créditos, aseguró, servirán para renovar flotas y motores con tecnología más eficiente.
“El objetivo es volver mucho más eficiente al Estado”, dijo. Y con eso, el Gobierno cerró el capítulo de una decisión tomada, en apariencia, con los números de su lado.
En el Decreto, el Gobierno reformó el Reglamento codificado de regulación de precios derivados de hidrocarburos. A partir de ahora, los precios de venta del diésel para este segmento, desde las abastecedoras a las comercializadoras, y de estas a las embarcaciones, serán definidos libremente por los actores de la cadena de distribución, sumando los impuestos aplicables y considerando la disponibilidad del producto por parte de Petroecuador.
A pesar de que la norma se enfoca en el sector atunero, el Decreto detalla que el precio subsidiado se mantendrá en otras pesquerías específicas. Para estas, el galón de diésel en terminales de almacenamiento seguirá fijado en $1,5, sin incluir IVA.
El decreto faculta, además, a entidades como la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Petroecuador y el Ministerio de la Producción a coordinar acciones de control y seguimiento. Entre estas se incluye el registro electrónico de cada despacho de combustible, donde deberá constatar la identificación del buque, la cantidad entregada y la fecha de despacho.
Con esto, el Ejecutivo busca no sólo modificar el precio al que accede al sector, sino también establecer un sistema de control más riguroso sobre el uso del combustible. La medida, sin embargo, aún no detalla cómo se implementarán las fiscalizaciones o si se establecerán sanciones en caso de desvío o mal uso del producto.
El sector en datos
Pero, ¿qué tan fuerte es realmente el sector atunero?
En los últimos cinco años, la industria atunera ecuatoriana ha mantenido una tendencia al alza en sus exportaciones. Aunque con variaciones puntuales, los informes del Ministerio de Producción y el Banco Central muestran un sector que ha logrado consolidarse, especialmente en el contexto pospandemia.
En 2020, las exportaciones de atún y sus derivados sumaron $1.156 millones. Para 2021, esa cifra bajó a $1.060 millones, pero se recuperó rápidamente en 2022, cuando volvió a marcar $1.156 millones. El crecimiento más notorio, sin embargo, llegó en 2023, con un salto significativo hasta los $1.578,7 millones, el más alto de la serie.
Asimismo, en lo que va de 2025, los datos del primer semestre ya muestran $1.208 millones exportados, lo que, de mantenerse el ritmo, según asegura el economista Andrés Pavón, podría cerrar el año con una cifra similar o incluso mayor que la de 2024.
Pero, más allá del valor exportado, el volumen también ha crecido en los últimos años. Sólo en 2024, Ecuador exportó 462 mil toneladas de productos atuneros, un 33,9% más que en 2023. Este crecimiento, según los gremios, refleja un mayor esfuerzo de captura y el fortalecimiento de la industria de procesamiento local. Esto, según se detalla en los informes de la Cámara Nacional de Pesquería.
Ecuador, de hecho, se ha convertido en un centro regional de procesamiento de atún. De acuerdo con la Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros, el país procesa el doble de atún del que pesca, lo que ha sido posible por su infraestructura portuaria y sus plantas industriales en zonas como Manta y Posorja.
Por otro lado, los principales destinos de exportación siguen siendo estables. En los primeros meses de 2025, la Unión Europea concentró el 56% del total de exportaciones, seguidas por países de América Clarina (28%), Estados Unidos (8%) y el Reino Unido (8%). Esto, según la Cámara.
Asimismo, el peso económico del sector también se refleja en el empleo. Según cifras del mismo gremio, más de 25.00 personas trabajan de forma directa en esta industria, y otras 120.000 de manera indirecta, en labores que van desde la pesca y el procesamiento hasta la logística y la exportación.
Este crecimiento muestra un sector en expansión, con una cadena industrial compleja, mercados diversificados y un rol clave en la economía nacional. Así lo asegura también Pavón. Sin embargo, destaca que también es un sector que ha crecido bajo ciertas condiciones, “que desde el miércoles están cambiando”. Por esto, el efecto de las medidas todavía está por verse.
Respuestas del sector
La reacción del sector atunero no tardó en llegar tras la decisión. Apenas se hizo oficial la eliminación del subsidio al diésel para la pesca industrial, la Cámara Nacional de Pesquería publicó un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” por la medida y advirtió sobre sus posibles efectos.
Según la Cámara, “el atún ecuatoriano compite en mercados internacionales donde otros países mantienen incentivos o subsidios directos al combustible o a otros costos operativos”. Sostienen que retirar este apoyo en Ecuador podría traducirse en una pérdida de competitividad frente a flotas de Asia o Centroamérica, que operan con menores costos gracias al respaldo estatal.
Uno de los principales puntos de crítica del gremio fue que la medida se haya tomado de forma unilateral, sin diálogo previo ni consulta técnica con los actores del sector. “Lamentamos que esta decisión se haya anunciado sin una mesa técnica donde se puedan revisar alternativas, impactos y soluciones”, se señaló en el pronunciamiento oficial publicado en su página web.
La Cámara también puso énfasis en el impacto que podría tener esta medida sobre el empleo. En su comunicado advierten que la eliminación del subsidio afectará a una cadena que genera más de 145.000 plazas de trabajo directas e indirectas. Y aunque reconocen que el sector ha crecido, insisten en que ese crecimiento se ha dado en un entorno de incentivos que ahora se elimina de forma abrupta.
Ecuador Chequea intentó comunicarse con el sector durante toda esta semana. Este respondió que la entidad a cargo de manejar el tema es la Cámara Nacional de Pesquería, por lo que se ingresó una solicitud de entrevista a la entidad. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no se obtuvo respuesta.
Bruno Leone, presidente del gremio, sin embargo, sí se pronunció al respecto en una entrevista concedida a Expreso y publicada el miércoles. En ese espacio, recalcó que el subsidio no debe entenderse como un privilegio, sino como una política que ha permitido que el país consolide un clúster atunero competitivo. “La pesca en Ecuador no es comparable con la de otros países. Aquí tenemos obligaciones laborales, ambientales, sanitarias. Todo eso tiene un costo”, dijo a Expreso.
Leone, además, cuestionó el argumento gubernamental sobre la concentración del subsidio. Aseguró que, aunque hay empresas grandes, muchas otras son de capitales ecuatorianos y operan con márgenes limitados. También advirtió que, al aumentar los costos de operación, la medida podría afectar la sostenibilidad de varias compañías medianas del sector.
En esa misma entrevista, pidió que se instale de inmediato una mesa técnica entre el Ejecutivo y el sector para plantear soluciones concretas y analizar el impacto real de la eliminación del subsidio. “Esto no se trata de decir sí o no al subsidio, se trata de cómo garantizar la permanencia del sector en condiciones justas”, dijo.
Así, aunque el Gobierno sostiene que el sector puede asumir el alza en los costos, según denuncia el sector, podría ser una medida que, sin una política de transición o de acompañamiento técnico, podría poner en riesgo no solo la rentabilidad de muchas empresas, sino también miles de empleos. Pero, ¿qué dicen los expertos?
Análisis
Para los expertos, el debate no puede llevarse solamente desde el volumen de exportaciones o los ingresos del sector. Hay otros elementos estructurales que inciden en la competitividad y sostenibilidad de la industria, y que el Gobierno, señalan, debió considerar antes de una medida de este tipo.
El economista Jorge Calderón sostiene que esta eliminación forma parte de un proceso más amplio que buscaría desmontar gradualmente los subsidios en distintos sectores. “El Gobierno lo hace en función de la premisa de que, si es un sector productivo que está generando ingresos y poniendo utilidades, amerita la eliminación del subsidio”, dice. No obstante, recalca que, más allá de esa lógica, es evidente que “quien está acostumbrado, ya asume el subsidio como un derecho” y por ello genera malestar.
Para Calderón, la decisión puede ser válida desde una perspectiva de eficiencia fiscal, pero no debe ejecutarse de manera aislada. Propone que el Ejecutivo considere medidas de compensación específicas. “El Gobierno debería dar apertura a algunos pedidos, como permitir la importación del diésel o ver la reducción de aranceles respecto a partes que utiliza la flota atunera. Es decir, encontrar mecanismos para evitar que el retiro del subsidio se convierta en una excusa para subir precios o perder competitividad”, asegura.
Con él coincidió Patricio Alarcón, también economista. Para él, la medida debió haberse acompañado de una política de transición que considere las desventajas estructurales del país.
“Los subsidios no son buenos ni malos, tienen que ser temporales y focalizados”, dice. Sin embargo, cree que el retiro se hace en un contexto que ya es desfavorable para producir: “Ecuador tiene un costo laboral altísimo, tasas de interés muy elevadas, un sistema tributario que grava los dividendos, salida de divisas, y una ley laboral inflexible”, destaca.
Para Alarcón, quitar una de las pocas ventajas que tiene un sector en este contexto puede tener efectos considerables. “Estás quitándole una ventaja a la industria, que en este país trabaja en desventaja”, detalla y alerta sobre posibles consecuencias como el encarecimiento de la cadena de producción. “Si el sector está creciendo, generando empleo, ¿por qué vas a dañar algo que funciona?”, se pregunta. Para él, alternativas como exoneraciones de aranceles o alivios tributarios podrían compensar el retiro del subsidio sin afectar directamente a la operación de empresas.
Ambos expertos coinciden en un punto clave: la eliminación del subsidio, sin una estrategia clara de compensación o sin plazos de adaptación, puede afectar la competitividad del país en un sector que, hasta ahora, ha sido uno de los motores de la economía. El efecto final de esta decisión, entonces, dependerá no solo de lo que se retire, sino también de lo que se construya en su lugar.
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