Incentivos para empresas que donen equipamiento a Policía y FF.AA., ayudas para zonas afectadas por el crimen y fortalecimiento de la UAFE constan en la ley; pero analistas creen que no está clara la capacidad real de afectar el financiamiento de las mafias.
POR: Esteban Cárdenas Verdesoto
El proyecto de Ley Contra la Economía Criminal continúa en debate y su tratamiento se mantiene en manos de la Asamblea Nacional.
Una de las críticas que ha recibido el cuerpo legal es que su contenido, a pesar de buscar enfrentar las economías criminales y haber entrado al Legislativo en calidad de económico urgente, no centra su fuerte justamente en este aspecto: la arista económica que permitiría combatir las economías criminales que se fortalecen cada vez más en el país. En las últimas entregas, se ha visto cómo los expertos consultados coinciden en este punto, la falta de contenido económico en el proyecto de ley que permita combatir las economías criminales.
Sin embargo, es necesario preguntarse, entonces, qué incluye el documento enviado por Daniel Noboa en el ámbito económico y qué medidas propone para enfrentar las economías paralelas manejadas por el crimen organizado. Y aquí te lo contamos.
Detalles de la ley
Aunque las críticas al proyecto han girado, también, en torno a la aparente ausencia de un enfoque económico robusto, la propuesta sí incluye algunos aspectos que es necesario poner sobre la mesa de debate. En este aspecto, muchos hablan de incentivos tributarios, económicos y sobre fortalecimiento del control.
Así, uno de estos puntos incluye la incorporación de un incentivo tributario para las donaciones destinadas a equipar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Se propone que todas las personas jurídicas o naturales que entreguen, por cuenta propia, insumos o equipamiento nuevo y útil a estas instituciones podrán deducir el valor donado del Impuesto a la Renta causado, hasta un tope límite del 30%. La medida pretende fortalecer la capacidad operativa del Estado mediante la participación del sector privado, dando una opción de financiamiento a las fuerzas del orden para su operatividad.
Pero esta no es la única propuesta. El proyecto de ley también habla de la entrega de incentivos económicos a las zonas donde el crimen permee con más fuerza.
Así, otorga al Presidente la facultad de entregar ayudas económicas en zonas que se consideren afectadas por el conflicto armado interno, declaradas previamente por el Bloque de Seguridad como zonas de seguridad, una nueva figura que también implementa el cuerpo legal.
El proyecto aclara que estos incentivos estarán dirigidos a actores específicos: pequeños y medianos productores, jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad y personas vinculadas con la economía popular y solidaria. El objetivo es reactivar actividades económicas lícitas en estos espacios. Sin embargo, el instrumento, en su redacción, es amplio y discrecional; sin detalles de criterios técnicos, montos de entrega, mecanismos de ejecución o control.
De forma complementaria, el proyecto de ley también permite al Ejecutivo instaurar tratamientos diferenciados a estas zonas. Entre las medidas posibles a tomar se incluyen nuevos incentivos tributarios al comercio y al movimiento de la economía, alivios financieros y compensaciones económicas. Todo enfocado en la reactivación de la economía local.
Por último, el texto también apunta al lavado de activos y a su combate; siendo este una de las fuentes financieras de las estructuras criminales. Para esto, el documento plantea una reforma a la Ley de Lavado de Activos y se introduce un artículo que otorga mayores atribuciones a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) en escenarios de conflicto armado interno.
Entre estas facultades está la priorización de operaciones sospechosas vinculadas a organizaciones criminales, la coordinación con entidades nacionales e internacionales y el procesamiento de información estratégica de sujetos sometidos a esto, entre las que se encuentran entidades financieras. Sin embargo, cabe destacar que más allá de este marco legal ampliado, no se establece un refuerzo institucional, presupuestario o técnico para la UAFE, permitiendo que pueda asumir esas mayores funciones con mayor capacidad operativa.
Análisis
Para Daniel Pontón, experto en seguridad, el problema del proyecto no es únicamente la poca claridad en los criterios económicos, sino su escasa capacidad real para desmantelar las redes financieras del crimen organizado.
“No basta con decir que va a haber incentivos tributarios, ayudas económicas, que se va a fortalecer la UAFE. Se deben establecer mecanismos más integrales y claros de control y seguimiento”, dice. “De lo contrario, sólo el tema de incentivos tributarios por donaciones pueden convertirse hasta en una forma de lavado de activos, porque esto no sólo se hace desde las bandas, sino también desde empresas formales que mañana pueden donar equipamiento para la Policía y pueden así ingresar recursos al sistema legal con la exoneración”.
Por otro lado, Pontón es enfático al aclarar que el proyecto de ley no aborda de forma real la estrategia para desarticular la economía criminal. El experto destaca que esta también se encuentra en el narcotráfico y envío de drogas por los puertos, en la minería ilegal, en el lavado de activos y en otras actividades que no se abordan directamente en la ley.
“La ley debió haberse llamado como una normativa del conflicto armado interno, pero no es económica. No se está hablando de cómo atacar el contrabando y tráfico en los puertos, porque, si afectas eso, afectas a la economía criminal de forma muy severa. No se está hablando sobre el oro ilegal, que hoy se ha vuelto tan famoso, pero tampoco se plantean controles. Sobre el tema de la UAFE, no se plantean reformas nuevas; todo lo que se puso en la ley puede hacerse por decreto o por un incremento del presupuesto de la UAFE, pero no se hace y la ley tampoco establece mecanismos claros. Así que la ley queda insuficiente para atacar a la economía criminal de forma eficaz, es más esta una excusa política para pasar una ley que trae un modelo estilo Bukele, con un estado de excepción indefinido”, dice.
Esto, según Pontón, hace que la ley se quede corta en cuanto al control real de las economías criminales desde su base o desde su raíz.
Por otro lado, Napoleón Santamaría, abogado tributarista, asegura que la lógica económica de la ley tiene una base clara, en la que el Estado reconoce su falta de liquidez para enfrentar el conflicto armado interno y, por tanto, plantea mecanismos para anticipar recursos sin esperar la recaudación fiscal del próximo año.
“La ley hace una declaración y dice: ‘No tengo recursos. Y, como no tengo recursos, no puedo esperar hasta el próximo año para que las empresas paguen el Impuesto a la Renta y yo como Estado coja esa plata y financie más equipamiento’, por ejemplo”, dice.
Por esto, considera que el incentivo para entregar equipamiento a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, con cargo al Impuesto a la Renta, responde a esa urgencia. De hecho, el experto lo ve como una propuesta interesante, pero que queda inconclusa.
Según Santamaría, este modelo busca que los contribuyentes entreguen bienes, que estarán en un catálogo determinado, en lugar de dinero, y luego puedan deducir ese valor de su impuesto. Él interpreta esta dinámica como una forma de anticipar el pago del Impuesto a la Renta, “no en dinero, sino en bienes, en herramientas, en equipos o lo que necesite la fuerza pública. Así, el Gobierno tiene lo que conlleva esa inversión antes de incluso tener los recursos para comprar el equipamiento”. Así, reconoce una lógica pragmática en la propuesta.
Sin embargo, también considera que el incentivo, tal como está planteado, es insuficiente para atraer realmente a los contribuyentes. “Me motiva, sí, algo me motiva porque digo: esto es más directo, ya no le entrego la plata a esas manos del Estado donde pueden perder mis impuestos; así que mejor le entrego a directamente a la Policía”, dice. Pero agrega que, para que el sistema funcione, debería ampliarse, por ejemplo, más allá del 30%.
“¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le digo al contribuyente, dóname el 30% del Impuesto a la Renta y yo te exonero del 35%? O, ¿qué pasa si también esto se hace efectivo al Impuesto a la Salida de Divisas?”, pregunta.
Además, asegura que esto también podría aplicarse a créditos financieros. El objetivo, en su opinión, es que estas donaciones sean más atractivas para los contribuyentes, de modo que prefieran contribuir con el equipamiento de las fuerzas del orden y así fortalecer también su gestión.
Sin embargo, en este punto Pontón detecta un problema. En su caso, opina que este déficit de recepción de dinero que puede generarse por los incentivos tributarios podría terminar por conflictuar aún más la posición del país en torno a otros aspectos.
“No tenemos un análisis de si realmente esto le va a ser rentable al país. Porque al final vamos a percibir menos impuestos por esta medida; entonces, ¿qué tanto de ese efecto puede afectar a otras áreas del Estado que son igual de importantes contra el crimen?” dice.
Ahora, si se pasa a otro tema, se puede ver también que las reformas a la UAFE se plantean de forma incompleta. Para Santamaría, el rol de esta entidad es fundamental dentro de la lucha contra el lavado de activos, pero advierte que su fortalecimiento no puede sólo quedarse en el papel.
“La dirección de la UAFE siempre debería considerarse como ese gran coronel, el gran zar del lavado de activos”, dice. Pero para que se cumpla este rol, asegura, se debe contar con personal técnico de alto nivel y la tecnología adecuada.
Así, asegura que las reformas que se plantean sobre el control pueden ser positivas, pues dan más capacidades a la UAFE, pero reconoce que no se sabe cómo se va a lograr esto en torno a los recursos que se necesitan y el presupuesto que debería invertirse en esta potenciación.
El experto, además, asegura que las reformas de la ley también permiten que los bienes incautados puedan ser entregados de forma inmediata a los ministerios que puedan darles uso, sin que se queden embodegados en procesos judiciales. Sin embargo, aclara que para que esto funcione se necesita “una hiperpotencia” institucional en la UAFE.
“Esto hay que fortalecer. Ya se reporta que el año anterior pudieron haberse explotado hasta $1.000 millones de recursos minerales a través de empresas fantasmas y esto es producto de estas bandas. Eso también debe atacar la UAFE”, destaca.
Así, Santamaría reconoce la validez de la intención detrás del aspecto económico de la ley, aunque advierte que para ser más eficaces se debe ser más técnicos en la estructura y fortalecer la institucionalidad, incluso desde la misma ley.
Sobre los incentivos económicos
Otro punto que se incluye en la ley y genera inquietud es la entrega de incentivos económicos en zonas de seguridad. Aunque la intención de fomentar actividades lícitas podría sonar positiva en el papel, Diego Pérez, experto en seguridad del IAEN, advierte que su aplicación sin criterios técnicos específicos podría resultar contraproducente.
“No hay claridad sobre el tipo de incentivos que se van a entregar, cómo se va a priorizar a quién y bajo qué indicadores. ¿Cómo evitamos que estos recursos terminen siendo cooptados por los mismos actores ilegales?”, cuestiona.
Pérez también llama la atención sobre la falta de conexión entre estos incentivos y una estrategia integral de cohesión social. “Combatir las economías criminales no es sólo sancionar, sino generar condiciones de vida distintas. Si no se acompaña de inversión en educación, empleo o salud, difícilmente se tendrá un efecto real”, dice.
Desde el oficialismo
En la sesión levantada en la Comisión de Desarrollo Económico para tratar este texto, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, asegura estas medidas no buscan privatizar la seguridad, sino hacer partícipe al sector privado sobre la realidad que vive el país en cuanto al avance del crimen organizado.
“Lo que se está promoviendo es el fomento de alianzas éticas y transparentes, sustentados en los bienes públicos más preciados”, dijo.
Para el funcionario, lo que busca la ley es reconstruir la lucha contra el narcotráfico en un escenario sin recursos, en el que los sectores “que deseen y puedan aportar” lo hagan con base en los incentivos que ofrece el Gobierno a cambio. Además, destacó que el aporte voluntario estaría supeditado al más estricto control Estatal, para garantizar que los recursos sirvan en la lucha contra el crimen en el país.
“Esto servirá para financiar medios y estructura para atacar a la lucha contra el crimen organizado y su economía”, destacó.
Por otro lado, el ministro del Interior, John Reimberg, aclaró que esta ley busca proteger a los ecuatorianos y dará las herramientas necesarias para combatir a los grupos delincuenciales.
“Ecuador está viendo amenazado su sistema financiero y el bienestar ciudadano. La violencia que vivimos no es casual, es estructural, financiada y profundamente anclada en lógicas de poder delictivo”, dijo. “Vamos a seguir yendo contra las estructuras económicas criminales”.
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