No todas las preguntas planteadas por el presidente, Daniel Noboa, pueden pasar directamente de sus redes sociales —donde hizo el anuncio— a la papeleta.
POR: Juan Camilo Escobar
Pocas horas después de que la Corte Constitucional dejara sin efecto artículos y disposiciones de tres leyes aprobadas por la mayoría oficialista de la Asamblea, el Gobierno no sólo cuestionó la resolución de los magistrados constitucionales, sino que anunció las 7 preguntas que propone para la consulta popular que se convocaría a fines de este año.
Consultados sobre el tema, expertos explican que dos de estas preguntas, relacionadas con la posible eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y de la obligación del Estado de financiar el fondo de partidos políticos, no pueden consultarse directamente en una consulta popular, sino que requieren que, de manera previa, la Asamblea Nacional reforme parcialmente la Constitución.
En otros casos, como en la pregunta sobre la cantidad de asambleístas, se trata de una versión similar a la que ya se preguntó en la consulta y referendo del 2023. O en el de la pregunta sobre casinos, su calificación no tendría inconvenientes porque por esa misma vía se los prohibieron en 2011.
Por ahora, Noboa anticipó de manera general las preguntas, sin proporcionar los anexos, es decir, los mecanismos legales para implementarlas. Asimismo, en la práctica, sin un pronunciamiento previo de la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral no puede definir un cronograma para organizar este nuevo proceso electoral ni definir un posible presupuesto para su realización. Aquí el detalle y el análisis sobre las preguntas propuestas:
PREGUNTA 1:
¿Está usted de acuerdo en eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares en el territorio nacional, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras?
Daniel Pontón, investigador y experto en seguridad, consideró que, aunque pueda parecer efectiva esta medida, en realidad resulta extemporánea e insuficiente para las necesidades de seguridad de Ecuador, debido a que Estados Unidos, país amigo que ya ocupó por una década la base aérea de Manta, ha cambiado de política en esta materia y ya no la considera una prioridad. Además, dijo, “nunca llegó a ser una verdadera base militar de Estados Unidos, pero sí fue un puesto de avanzada con ciertos éxitos en el control de drogas, cuya salida pudo ser una causal para el posterior aumento exponencial de este problema”.
Hoy, dijo, se necesita una estrategia integral de inteligencia, prevención, combate al lavado de activos a escala internacional, debido a que el narcotráfico es transnacional. Prueba de ello, dijo, es que Colombia, a pesar de contar con varias bases militares estadounidenses, no se ha logrado detener el incremento de producción y tráfico de droga.
Para Isabel Vargas, dirigente de la Federación de Barrios de Quito, la presencia de una base militar estadounidense o de cualquier otro país, representa una pérdida de soberanía para Ecuador. “No sólo se cede nuestra soberanía, sino que también es una medida ineficiente, porque Estados Unidos sigue siendo el mayor consumidor. Entonces, en lugar de establecer una base acá, deberían controlar que no llegué allá y que no se venda en sus calles”, comentó.
PREGUNTA 2:
¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas?
Luis Verdezoto, exvocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), comentó que la posibilidad de eliminar la obligación del Estado de asignar recursos a las organizaciones políticas, vía consulta popular, no solucionará los problemas de falta de control en el gasto electoral y “va a permitir el ingreso de dinero ilícito a la política”.
Verdezoto recordó que, aunque el actual fondo partidario presenta distorsiones, mitiga ciertas desigualdades en el acceso a recursos para las organizaciones políticas. “Esas desigualdades se han profundizado debido al ingreso de dineros no lícitos en los partidos políticos”, señaló.
Así, dijo, la solución no pasa sólo por establecer techos de gasto, sino por realizar verdaderos controles que garanticen transparencia en el financiamiento electoral.
Sin embargo, la exconcejala de Quito Luz Elena Coloma consideró importante que se mantenga el fondo, pero con controles estrictos que garanticen su uso debido en política.
“Si lo que se trata de incentivar la participación política de la gente, debe mantenerse. Es muy importante en ese sentido, que funcione para la democracia. Sin embargo, en la práctica vemos que está funcionando como capital semilla para políticos y ese no es el objetivo inicial”.
PREGUNTA 3
¿Está usted de acuerdo con eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y transferir sus deberes y atribuciones a la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Contraloría General del Estado?
Los abogados constitucionalista Juan Sebastián Ramírez y André Benavides, y el director de la organización Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, coincidieron en que tanto una posible eliminación del Consejo de Participación Ciudadana como del fondo de partidos políticos no pueden hacerse sólo mediante una pregunta de consulta popular de enmienda constitucional
Explicaron que eliminar el Consejo implica alterar la estructura fundamental de la Constitución debido a sus atribuciones claves. Por tanto, se requiere una reforma parcial de la Constitución por parte de la Asamblea, tal como ya lo estableció la propia Corte Constitucional en pronunciamientos previos.
“Debe ir primero a la Asamblea, debe pasar por ese filtro para que la ciudadanía lo ratifique. Entonces, sorprende que el presidente ya hable de una pregunta”, comentó Alarcón.
“El Consejo es parte de la estructura general del Estado y, para modificarlo, debe realizarse, por lo menos con reforma constitucional parcial. Esto porque, después va un análisis del régimen de derechos”, comentó Ramírez
Benavidez dijo, que, al anticipar esta pregunta, el presidente Noboa se está “saltando el procedimiento” constitucional.
PREGUNTA 4:
¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección?
Se trata de la segunda vez en menos de cuatro años que se volvería a preguntar al elector ecuatoriano la reducción de los asambleístas, luego de que en la consulta y referendo de 2022 ganara el no.
Por ahora, el Gobierno no ha publicado los anexos de las preguntas de la consulta popular. Así, no se conoce la nueva forma de elección de asambleístas que plantea Noboa.
Dado este desconocimiento, comentó Verdezoto, los electores deben estar atentos de la propuesta definitiva, no sólo del número de asambleístas por provincias, sino las consecuencias de esta reducción en el método de distribución de escaños.
El abogado constitucionalista, Juan Sebastián Ramírez, comentó que a diferencia de las preguntas sobre la eliminación del CPCCS y del fondo partidario, que requieren una enmienda constitucional previa, esta pregunta no altera el esquema general del Estado y por tanto puede ser calificada.
“Esta pregunta no constituye, per se, una modificación a la Constitución y está relacionada con un interés general. Y hay que recordar que en 2011 la prohibición de los casinos se dio mediante una consulta popular. Entonces, por efecto del paralelismo de las formas, lo correcto es que, a través de una consulta se elimine dicha prohibición”, comentó.
PREGUNTA 5:
¿Está usted de acuerdo con permitir la contratación laboral por horas, únicamente para el sector de turismo, siempre que se trate de la primera relación laboral, garantizando los derechos laborales y respetando los derechos adquiridos de los trabajadores?
Respecto a la contratación por horas, el representante de los hoteles de lujo en Quito, Norman Boch, explicó que esta modalidad permitiría a los hoteles y establecimientos turísticos adaptarse mejor a la variabilidad de la demanda, sobre todo en temporadas altas y bajas. En este sentido, dijo, el gremio turístico ofrece garantías de respeto a los derechos laborales en esta nueva modalidad de trabajo.
El abogado especialista en derecho laboral Darwin Seraquive, dijo, sin embargo, que se trata de “una pregunta parche, porque en lugar de unificar la contratación laboral, se está precarizando el sistema laboral”.
“Si lo que se requería es solucionar los requerimientos del sector turístico, ya existen los contratos por jornada, que pueden servir para toda una temporada. Y esta precarización no ayuda al desarrollo del país mientras que los países desarrollados tienen una norma clara y unificada”.
PREGUNTA 6
¿Está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político?
El exjuez constitucional Hernán Salgado calificó como “una barbaridad” y “un grave error” la propuesta del Gobierno de Daniel Noboa de incluir en una consulta popular una pregunta que permitiría someter a juicio político a los jueces de la Corte Constitucional.
“Es volver al siglo XIX, diría yo, trasnochado totalmente”, declaró Salgado en declaraciones a Ecuavisa. “No se puede a un juez someter a juicio político, no se puede. Ningún juez, menos el juez constitucional”, agregó.
Se trata, dijo Salgado, de una medida que abriría la puerta a presiones indebidas sobre la función judicial, afectando la independencia de los magistrados. “¿Cómo va a ser objeto de presiones? ¿Cómo puede decirle, le voy a hacer juicio hoy y no haga esto? Imposible, eso es antidemocrático, eso es un autoritarismo craso”.
PREGUNTA 7
¿Está usted de acuerdo con permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados con cinco estrellas, quienes entregarán al Estado un tributo del veinte y cinco por ciento (25 %) de sus ventas por esta actividad, para el financiamiento de programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil y de alimentación?
El Consejo de Hoteles Quito-Metropolitano expresó su respaldo a dos preguntas para la consulta popular que hoy anunció el presidente, Daniel Noboa: para autorizar el funcionamiento de casinos en hoteles de lujo y permitir la contratación laboral por horas en el sector turístico.
Norman Boch, presidente del gremio que agrupa a 25 establecimientos de 4 y 5 estrellas que operan en la capital, afirmó que ambas preguntas responden a necesidades del sector y podrían representar una oportunidad para dinamizar el turismo receptivo y mejorar la competitividad de la industria hotelera.
Boch señaló que se trata de una modalidad de turismo internacional lícita, impulsada por operadoras internacionales especializadas que tienen la capacidad de atraer flujos de visitantes.
“Puede producirle buenos ingresos al Estado. Es posible que el 25% (de tributo a las ventas que señala la pregunta) sea muy alto. Habrá que estudiar y hacer las cifras”, dijo tras destacar que esta posibilidad beneficiaría tanto a los ingresos del Estado como a las operaciones turísticas.
La exsecretaria de Inclusión Social del Municipio de Quito Margarita Carranco se pronunció en contra. Consideró que revertir dicha medida no constituye un beneficio social y que, por el contrario, favorecería únicamente a ciertos sectores económicos.
“Es un anuncio que toma por sorpresa y que no beneficia a los pobres o a las mayorías. Entonces vale preguntar: ¿a quién beneficia?”, dijo luego de recordar que esta prohibición se estableció a través de una consulta popular de 2011.
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