El fracaso del fin del paro contra la eliminación del subsidio al diésel, anunciado ayer por el ministro del Interior, John Reimberg, tras reunirse con dirigentes de organizaciones indígenas de Imbabura, era previsible, coincidieron en señalar tres especialistas en comunicación política y temas indígenas consultados sobre las razones por las que una gran parte de las bases de la provincia desconoció los acuerdos alcanzados en el encuentro.
Los especialistas coincidieron en que dos factores principales influyeron para que el anuncio no se concrete. El primero es que la reunión, que duró apenas cinco horas, se desarrolló sin las formalidades mínimas para registrar los acuerdos en un documento y sin garantes del proceso, como ocurrió en las paralizaciones indígenas de 2019 y 2022, sino únicamente con la presencia de dos veedores: la alcaldesa de Otavalo, Anabela Hermosa, y el párroco de la Iglesia San Francisco de Otavalo, Christian Andrade
El segundo factor, agregaron, fue que el Gobierno demostró desconocimiento sobre la forma en que las organizaciones indígenas toman históricamente sus decisiones, las cuales se adoptan en consulta o asambleas con sus bases y ratificadas por las dirigencias principales. En este caso, la movilización fue convocada por un actor que no participó en el diálogo: la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, que el 18 de septiembre convocó al paro nacional.
Mauricio Barros, exdirigente de Pachakutik y especialista en comunicación política, el Gobierno de Daniel Noboa desconoce la estructura interna y la cosmovisión del movimiento indígena, en la que las decisiones se toman de forma colectiva y desde las bases. “Los dirigentes pueden acordar o coordinar, pero no decidir. En el movimiento indígena siempre decide la base”, explicó.
Barros consideró que el Gobierno, al negociar con sectores específicos, “busca dividir y generar incentivos a ciertos dirigentes locales para debilitar la organización”.
“El Gobierno sabía que eso iba a pasar. Su objetivo era generar incertidumbre y caos. En comunicación política, en el caos cualquiera puede aprovechar el momento”, señaló, al tiempo que cuestionó la falta de un rumbo claro del Ejecutivo y una escalada de racismo en ciertos sectores sociales.
“Estrategia intencional”
La socióloga Paulina Moya consideró que la forma como del diálogo de ayer se diseñó “intencionalmente para debilitar al movimiento indígena y confundir a la población”.
“Ya era un movimiento golpeado, pero ahora se le está dando un golpe de gracia. Se asocia el derecho legítimo a protestar con la violencia para justificar la represión y aplicar políticas neoliberales”, opinó.
Moya sostuvo que en la coyuntura actual el fracaso del diálogo y del anuncio del fin del paro no solo representa una pérdida para las organizaciones indígenas, sino también para la ciudadanía en general.
“El diálogo se convirtió en una burla”
Por su parte, la comunicadora Nayra Pacha, exdirigente de la Ecuarunari, calificó el diálogo entre el Gobierno y dirigentes de Imbabura como “una burla” al no haberse establecido formalmente los acuerdos ni respetado los compromisos alcanzados en procesos anteriores.
“¿Cómo puede tomarse en serio un diálogo si no hay un documento que exprese qué tipo de acuerdos y compromisos asume el Gobierno? Que no lo haya hecho demuestra falta de respeto no solo al pueblo ecuatoriano, sino también a la institucionalidad del Estado”, declaró.
Pacha consideró que el presidente Daniel Noboa subestima la organización indígena y “cree que con dinero se puede comprar todo”. “Cuando hay una decisión de movilización, no se revierte hablando con un dirigente. Las decisiones se construyen desde las comunidades hasta lo nacional”, explicó.
Para la exdirigente, el intento del Gobierno por negociar con solo una parte de los dirigentes de organizaciones locales sólo “profundiza las divisiones internas” y refleja su “incapacidad para abrirse al diálogo”.
Por ahora, ni el gobierno ni la Conaie han anticipado una posibilidad de diálogo luego que esta última emitiera un pronunciamiento en el que aclaró que su Consejo de Gobierno y sus regionales no fueron convocados a la mesa de diálogo mantenida ayer en Otavalo entre representantes del Gobierno y dirigentes locales de Imbabura, e hizo un llamado a la calma, la unidad y la disciplina dentro del movimiento indígena.
Así mismo, cerca de este mediodía, en el marco de una reunión pública con bases de las organizaciones indígenas de Otavalo, la alcaldesa de esa ciudad, Anabela Herrera sostuvo que “nadie dijo que se ha acabado el paro. Lamentablemente puede equivocarse, porque lo que se resolvió fue declarar asambleas permanentes en el territorio para analizar el decreto y preparar la reunión del lunes”.
Lo dijo luego de aclarar que en la reunión se trató la liberación de los detenidos; el retorno de los diez otavaleños trasladados a la cárcel El Rodeo, en Manabí; la atención e indemnización a familiares de fallecidos y heridos durante los enfrentamientos; y, sobre todo, el análisis del Decreto 126 mediante una mesa técnica convocada para el lunes 20 de octubre, con la participación de la ministra de Gobierno, Zaida Rovira.
Sobre este último tema, Hermosa aclaró que “ayer no se podían tomar decisiones sobre el decreto 126, porque quienes estaban presentes no tenían la competencia para hacerlo. El Gobierno preguntó a los líderes qué día podían reunirse e instalar la mesa técnica, y ellos respondieron: el lunes venimos y analizamos el decreto 126”.
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