Este plan expone 12 objetivos a cumplir, entre ellos, trabajar por la Justicia para la paz, la seguridad y el orden. Dice que la paz, la seguridad y el orden son pilares fundamentales de cualquier sociedad “justa y progresista”, y que es esencial para garantizar la convivencia pacífica, la confianza entre la ciudadanía.
Se propone:
- Restituir el Ministerio Coordinador de Seguridad y el Ministerio de Justicia.
- Reestructurar los ministerios del Interior y de Gobierno y depurar a las filas de las fuerzas de seguridad.
- Establecer un nuevo modelo de seguridad ciudadana, basado en la prevención, la reducción de la violencia y la convivencia pacífica con justicia, equidad y Derechos Humanos.
- Retomar el control estatal sobre el sistema de rehabilitación social y reafirmar el monopolio del Estado sobre las armas.
- Prevenir el crimen con políticas y programas públicos.
- Mejorar la capacidad de investigación y persecución del delito. Fortalecer los sistemas de aplicación de la Ley y de justicia penal para mejorar la capacidad de investigación, recolección de pruebas y persecución de los delincuentes, garantizando una respuesta efectiva y oportuna ante el crimen.
- Promover la cooperación y el intercambio de información sobre actividades criminales y patrones delictivos, entre las instituciones encargadas de la seguridad, tanto a nivel nacional como internacional, con el objetivo de prevenir y combatir eficazmente el crimen transnacional y organizado.
- Reducir la impunidad, garantizando que los delincuentes sean llevados ante la Justicia y que se apliquen sanciones proporcionales y disuasorias a sus acciones. Esto incluye fortalecer los sistemas judiciales y penitenciarios, asegurando juicios justos y transparentes. así como implementar medidas efectivas para prevenir la corrupción y la impunidad.
- Proteger a las víctimas, asegurar la reparación y la rehabilitación. Brindar apoyo y protección integral a las víctimas del crimen, asegurando que tengan acceso a servicios de apoyo emocional, asistencia legal y atención médica. Además, promover programas de rehabilitación y reinserción social para las víctimas que lo requieran.
- Desarrollar estrategias de inteligencia y tecnología. Utilizar herramientas tecnológicas y análisis de datos para identificar patrones delictivos, anticipar tendencias criminales y fortalecer la capacidad de prevención y respuesta ante el crimen.
- Educar a la sociedad. Implementar programas educativos y campañas de concienciación para promover una cultura de respeto a la Ley, los Derechos Humanos y los valores éticos, así como para sensibilizar sobre las consecuencias del crimen y la importancia de la participación ciudadana en la prevención y denuncia del delito.
- Organizar la participación y la solidaridad ciudadana, así como los mecanismos de alarmas comunitarias junto con los gobiernos locales, para restituir y respaldar:
a) Asambleas comunitarias
b) Botones de seguridad
e) Alarmas comunitarias
d) Reapropiación de espacios de encuentro ciudadano
e) Diagnósticos locales comunitarios
- Restituir las asambleas comunitarias de seguridad ciudadana como elemento de información, prevención y veeduría cívica de la acción policial.
- Promover la mediación y la resolución pacífica de conflictos como alternativas a la violencia, fomentando el diálogo y la construcción de consensos en la sociedad.
- Sensibilizar y educar a la ciudadanía sobre sus derechos y responsabilidades en materia de seguridad, promoviendo una cultura de corresponsabilidad en la prevención y la solución de los problemas de seguridad.
- Desarrollar el deporte, la música, las actividades de promoción de la igualdad de género, cultura de paz y el combate al machismo y a la violencia.
- Fortalecer el sistema integrado de seguridad Ecu-911.
- Fortalecer los mecanismos de convivencia en los barrios, la solidaridad entre vecinos y el control por la seguridad.
- Constituir una agencia especial para combatir los ciberdelitos (más allá de la ciberdefensa nacional).
- Mejorar la seguridad vial, previniendo los accidentes de tránsito.
- Establecer un Sistema de Formación en Derechos Humanos para la fuerza pública y guías del sistema penitenciario.
- Recuperar la gratuidad en la preparación para el ingreso a las Fuerzas Armadas y la Policía.
- Establecer políticas y mecanismos para que las FF.AA. y la Policía cumplan su rol de defensa y protección de los Derechos Humanos del conjunto de la ciudadanía.
- Garantizar la protección de los derechos y la seguridad de lodos los ciudadanos promoviendo una cultura de respeto a los Derechos Humanos en todas las actuaciones de las autoridades encargadas de la seguridad.
- Fomentar la prevención del delito y la violencia a través de programas y políticas integrales que aborden las causas subyacentes de la inseguridad, como la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y la falta de oportunidades.
- Fortalecer las capacidades y la formación de las fuerzas de seguridad para que puedan responder de manera eficaz y respetuosa a los desafíos de seguridad, utilizando métodos basados en el respeto a los Derechos Humanos y en la aplicación de la Ley de manera imparcial.
- Recuperar la gratuidad en la preparación para el ingreso en las escuelas de la Policía Nacional y de formación de guías penitenciarios.
- Impulsar una campaña nacional de renovación (dignificación) de la Policía Nacional como protectora de la población civil, “en favor del Buen Vivir la convivencia pacífica de la ciudadanía y de la defensa de la naturaleza”.
- Actualizar sueldos y salarios de la Policía acordes a la inflación y la realidad económica del país.
- Realizar un programa intensivo para el crecimiento de la confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional.
- Fortalecer y/o crear unidades especializadas sobre lavado de activos, ciberdelitos, tráfico de migrantes, trata, protección de la infancia.
- Fortalecer la equidad de género dentro de la Institución, con la creación de una unidad de mujeres policías para prevención, seguimiento e investigación de feminicidios, trata de personas con fines de explotación sexual y violencia contra la mujer.
- Promover la participación ciudadana en la formulación de políticas de seguridad, así como en la supervisión y evaluación de las actuaciones de las autoridades encargadas de la seguridad.
- Establecer mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en la gestión de la seguridad ciudadana, asegurando que las violaciones a los Derechos Humanos sean investigadas de manera exhaustiva y que los responsables sean llevados ante la Justicia.
- Fomentar la cooperación y el intercambio de información entre las instituciones encargadas de la seguridad, así como con otros actores relevantes, como organizaciones de la sociedad civil y comunidades locales, para abordar de manera integral los desafíos de seguridad.
- Establecer programas de rehabilitación y reinserción social para aquellos que han cometido delitos, fomentando su reintegración en la sociedad y evitando su reincidencia.
- Evaluar de manera periódica y ajustar las políticas de seguridad ciudadana, basándose en datos y evidencias, para garantizar su eficacia y su adecuación a las necesidades de la sociedad.
Este plan abarca más indicadores en seguridad ciudadana aquí planteados; sin embargo, hay un fuerte componente de responsabilidad de la seguridad relacionada al delito que, delegado a la ciudadanía. Se propone el apoyo ciudadano para detener la delincuencia común y el crimen organizado. Se propone la creación de más ministerios para combatir al crimen y las olas de violencia que actualmente vive el país. Se asocia la seguridad ciudadana principalmente con hechos delictivos.
Si bien se exponen propuestas concretas, en algunos casos no se desarrolla cómo se lo va a lograr, como la gratuidad del ingreso de nuevos oficiales a la Policía Nacional o cómo y con qué parámetros de seguridad se va a involucrar a la ciudadanía en la ubicación y detención de potenciales delincuentes. Este plan plantea que todas las acciones se sustentarán en el respeto de los Derechos Humanos.
Lea el plan completo en PDF: AQUÍ
