Por cuarta ocasión, la Presidenta de la Asamblea acude a la Función Judicial para frenar la comisión que le evaluará. Aunque en el Legislativo hay críticas a la denuncia de Llori, también las hay a la conformación de dicha comisión.
La decisión política de la Asamblea de evaluar a la presidenta, Guadalupe Llori, a través de una comisión multipartidista está tomada; pero la crisis interna de este poder del Estado y la pugna de poderes están lejos de resolverse.
A las 20:17 del martes 26 de abril, casi una hora después de que 81 asambleístas votaron a favor de la integración de la comisión, Llori, a través del coordinador jurídico de la Legislatura, Santiago Salazar, denunció ante la Fiscalía el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Dejó constancia de que la infracción había sido consumada.
Salazar aseguró que la denuncia se debe a que las medidas cautelares que un Tribunal le otorgó a Llori el 5 de abril estaban vigentes, por lo que el Pleno no podía ni tratar ni resolver sobre la integración de la comisión. “Algunos asambleístas hicieron caso omiso a esas medidas cautelares y lo que procede es la denuncia para que la Fiscalía realice las acciones pertinentes”, dijo Salazar. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona este delito con prisión de uno a tres años.
Sin embargo, la Constitución y la Ley de la Función Legislativa señalan que los asambleístas no serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan, ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro y fuera de la Asamblea. Para Salazar eso no aplica cuando hay delito flagrante, que es lo que considera pasó con la resolución del Pleno de anoche.
Roger Celi, experto en temas legislativos, manifestó que las medidas cautelares ya se cumplieron y que la petición de Llori a la justicia es producto del desconocimiento de la norma, de malas intenciones para usar la justicia para propósitos propios. “Se está interfiriendo en una función del Estado, porque existe la ley de la Función Legislativa y la posibilidad de crear una comisión multipartidista”, manifestó.
En cambio, los asambleístas que votaron a favor de la resolución criticaron a Llori por recurrir por cuarta ocasión a una acción judicial y confían en que la Justicia respete la independencia de funciones y las atribuciones propias de la Asamblea. Johanna Moreira (ID) manifestó que, al parecer, la Presidenta de la Asamblea le teme a la evaluación y que sólo busca defender intereses personales. Inclusive Rafael Lucero (PK), jefe de la bancada a la que pertenece Llori, mostró su desacuerdo con las medidas judiciales a las que ha recurrido la Presidenta de las Asamblea y que dijo es una intromisión de la Justicia en la labor de la Asamblea.
Las medidas cautelares a las que se refiere Salazar y que Llori ha invocado para deslegitimar la integración de la comisión, fueron revocadas esta tarde por el Tribunal de Garantías Penales. El argumento es que el asambleísta Fausto Jarrín (UNES) se abstuvo de solicitar el cambio del orden del día en la sesión del Pleno del 5 de abril, acogiendo las medidas cautelares que se habían dictado. El Tribunal agrega que las medidas cautelares son provisionales y culminan cuando se ha verificado el cese de la amenaza o de la violación de derechos.
¿Se reconciliarán?
Independiente de esta nueva denuncia, hoy se cumplió la audiencia por la acción de protección que Llori presentó el 14 de abril en contra de cinco miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL): Virgilio Saquicela (exBAN), Yeseña Guamaní (ID), Darwin Pereira (separado del bloque de PK), Ronny Aleaga (UNES) y Johana Moreira (ID).
Excepto Guamaní, los cuatro restantes calificaron la denuncia administrativa que Esteban Torres (PSC) presentó en contra de Llori por incumplimiento de funciones y que ayer significó la integración de la comisión evaluadora.
La jueza de esta causa ordenó entrar en una fase de conciliación entre las partes, por lo que dispuso que, en un término de cinco días, lleguen a un acuerdo, caso contrario se reinstalará y continuará la audiencia para determinar si existe la vulneración de los derechos de la Presidenta de la Asamblea.
Para Torres, la conciliación debería iniciar por la decisión de Llori de dar un paso al costado en beneficio del país. “Esto es insostenible, son cuatro acciones que se han presentado para activar a la Función Judicial”, dijo el asambleísta. Mientras que Pereira espera que la Presidenta desista de la acción de protección.
En marcha la comisión
Mientras se resuelve el embrollo jurídico, los cinco asambleístas que integran la comisión multipartidista de evaluación fueron notificados con la resolución del Pleno, lo que les habilita para iniciar su trabajo de manera formal. Tendrán hasta 35 días para presentar su informe ante la Presidencia de la Asamblea, quien deberá incluir en un plazo máximo de tres días el tratamiento de ese único punto en una sesión del Pleno.
La asambleísta de UNES Pamela Aguirre, como primera de la lista, convocó a los integrantes de la Comisión a mantener mañana la primera sesión para elegir al presidente y vicepresidente de esta instancia.
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