El caso del Colegio Dillon reabre una herida. El Ministerio determinó que, una vez más, se olvidaron de los protocolos para cuidar ‘el buen nombre’. Los colegios no sólo deben preocuparse de lo que pasa en las aulas, sino en todo el entorno educativo.
POR: Dagmar Flores
Rojo, blanco y tintas azules; estos colores componen el uniforme escolar del Colegio Luis Napoleón Dillon, situado en el sector de La Pradera, en el norte de Quito.
Esos colores se movieron hoy, se organizaron con globos, carteles y salieron a las calles. A viva voz se escuchaba la palabra justicia. ¿Justicia, por qué? Porque el jueves de la semana pasada, 21 de abril del 2022, una de sus estudiantes fue violada en el transporte escolar.
Sí, en el transporte escolar. Una vez más: en el transporte escolar.
La historia la cuentan los padres de la niña violentada. Parece ser que el conductor le dio una bebida con una sustancia que dejó a la menor en estado de embriaguez y adormecida. Sin embargo, recuerda todo. Claro, se trataba de un evento atroz contra su voluntad. Ella es una niña de 15 años, él un adulto. La historia ha sido contada varias veces. Tanto, que los mismos familiares ya no quieren hablar. Este lunes el caso se hizo público y explotó, como lo contó Ecuador Chequea en esta nota.
En la historia, varias veces balbuceada y maltratada, queda un signo de indignación. El abogado de la familia de la víctima señala que las autoridades del plantel no le creyeron a la menor. Llamaron a los padres por el estado supuestamente etílico en el que se encontraba; no por la violación. “Las autoridades del colegio fueron cómplices del supuesto violador”, aseguró el abogado. Según los padres, la niña denunció lo que sucedió cuando el conductor del transporte se encontraba aún en la institución. Y la denuncia se puso en la Fiscalía, pero el agresor se fugó.
El padre indica que el Ministerio de Educación le llamó por teléfono cuatro días después del incidente. Y aseguró también que el Colegio no quiso actuar rápidamente para preservar el buen nombre de la institución.
Por eso, los estudiantes del Dillon salieron a las calles. Allá, donde todos están obligados a ver y no a callar. Salieron con gritos, cánticos y mucha rabia. “Yo sí te creo”, gritaban.
Era el segundo día de marcha y ya no estaban solos. El colegio Simón Bolívar y el Juan Montalvo se unieron. Los estudiantes crearon su propia marcha y se apropiaron de ella.
Al principio, la ministra de Educación, María Brown, comentó que no se detectó inicialmente una falta al protocolo establecido. Protocolo: una palabra que se repetirá mucho en esta nota, porque tienen el respaldo de que la denuncia y los reportes se presentaron a tiempo.
La noche del mismo jueves, Brown informó que sí hubo tal “proceso ordinario”. Sin embargo, ahí reconoció que no se cumplió a cabalidad todo el protocolo. Esto, tras las investigaciones que hizo la Cartera de Estado sobre el caso. Señaló que era necesario salvaguardar y cuidar la integridad y el bienestar emocional de la víctima. Así que se determinó lo siguiente:
- No hubo apoyo psicológico inmediato ni a la víctima, ni a la familia.
- Se priorizó mantener el buen nombre del colegio, en lugar de precautelar la salud física y emocional de la víctima.
- No se acompañó de forma adecuada a los familiares y estudiantes para que generaran la denuncia apropiada ante la Fiscalía.
- No se escuchó directamente a la menor, ni a los estudiantes que la acompañaron en el transporte escolar. Señaló que las conversaciones de las autoridades “no estaban dirigidas a su contención, sino a orientarlos sobre cuál debería ser su discurso si hay preguntas sobre lo que pasó”.
Por lo tanto, pidió la renuncia de la rectora del Dillon, luego del mediodía de ayer y fue aceptada. Un día después, los estudiantes, tras una marcha desde la calle Colón hacia el Ministerio, entraron a hablar con el viceministro de Educación, Andrés Chiriboga; los acompañó una comitiva de padres.
Según informó el funcionario educativo se lograron varios acuerdos. Entre ellos, establecer una mesa técnica para determinar a autoridades competentes. Comentó que se actualizarán los documentos y hojas de ruta para reaccionar de manera más adecuada.
Pero, este no es el único caso.
Historias tristes y reales
Uno de los casos más emblemáticos, por lo atroz que fue, sucedió entre el 2010 y el 2011 en la Aampetra, en el sur de Quito. Las víctimas eran niños de entre 9 y 10 años. El victimario: su profesor: Jose Luis Negrete Arias. Los menores sufrieron agresión física, psicológica y sexual. Besaba a las niñas, señalando que eran sus novias. Les daba patadas y obligaba a que se golpearan entre los estudiantes muy fuerte y se dejaran moretones. Con motivos de “estudio de Ciencias Naturales” exigía que las niñas que se desnudaran en su escritorio y él dibujara en sus cuerpos con un marcador. Con el pretexto de ver películas “educativas” hacía que los niños vieran pornografía y sometería a sus estudianetes a diferentes actos sexuales. Todo, tras las cortinas de un aula llamada Sexto ‘C’. En esta crónica, publicada en Diario La Hora, se narra esta macabra historia.
En el 2017 se publicó el caso de un colegio fiscal de Guayaquil, en el que, según las cifras oficiales, se habrían abusado sexualmente a alrededor de 100 menores, incluidas generaciones anteriores de abuso. Cinco de los casos se confirmaron como violación. Una madre hizo pública la denuncia y se destapó el problema. Parece que había cuatro profesores sospechosos de este abuso sistemático. La rectora y la vicerrectora fueron apartadas de sus cargos. Parece ser que nuevamente ellos conocían del abuso y no quisieron denunciarlo. Uno de los niños avisó a la autoridad y ella le pidió que no montara un escándalo.
Desde el 2014 hasta el 2017, el sistema educativo había detectado 87 casos de abuso sexual contra escolares en instituciones de Guayaquil, Durán y Samborondón. Incluso se informó de un niño de 11 años que habría adquirido VIH por una violación en el baño de su escuela. Entre esa mismas fechas, se reportaron casi 900 casos de acoso y vulneración de la integridad sexual en centros educativos, el 65% fue cometido por el personal interno.
En el 2020, Fiscalía informó que se obtuvo una sentencia condenatoria (de 13 años en prisión) contra el profesor de música de la Unidad Educativa Particular CEBI, de Guayaquil. Fue acusado de abusar de una menor de 4 años. Pero el sentenciado también afronta otras 17 denuncias de carácter sexual cometidos a diferentes víctimas y en distintos años.
Otro de los casos que visibilizó el problema es el de Paola Albarracín, una niña de 16 años víctima de abuso y acoso sexual por parte del vicerrector del colegio público Martínez Serrano, de Guayaquil, donde estudiaba. Él continuamente abusaba de la niña, hasta que quedó embarazada. Fue presionada por el vicerrector y el personal médico del colegio a abortar. Y el 12 de diciembre del 2002 Paola ingirió una gran cantidad de fósforo blanco con el propósito de suicidarse. Ella fue al colegio en ese estado y no le atendieron adecuadamente. Ni siquiera avisaron a su madre, que se enteró por sus amigas. Luego, llegó a un hospital y allí falleció por intoxicación. Todo el proceso judicial del caso llevó a que incluso el Gobierno ofreciera disculpas públicas a la familia.
La lista sigue. Cada vez más extensa, cada vez más impune. Según el informe de Human Rights Watch, entre 2014 y 2020 se registraron 3.607 denuncias de violencia sexual en las instituciones educativas. “Algunas de estas denuncias afectaban a más de un estudiante: 4.221 niños, niñas y adolescentes sufrieron violencia sexual por parte de docentes, personal escolar, conserjes, conductores de transporte escolar y compañeros de estudios. Dados los niveles generalmente bajos de denuncias de violencia de género y violencia sexual en el entorno escolar en Ecuador, es probable que esos casos representen apenas una porción de los casos reales de violencia sexual en las instituciones educativas en todo el país”, explica el documento. Tras la investigación de la organización, se determinó que los docentes, conductor de transporte y otros, violan y abusan sexualmente de los estudiantes. Señalan que muchas escuelas cuentan con poco apoyo para denunciar los casos. Determinaron que hay escasez de consejería estudiantil. Incluso son los docentes los que socavan a los violadores y disuaden de presentar denuncias.
Análisis
Según la activista de Diálogo Diverso Gabriela Alvear, la comunidad estudiantil requiere trabajar en conjunto, ser formada en derechos en grupos, porque son de atención prioritaria. Necesitan apoyo constante. Explica que los colegios no pueden desentenderse de lo que pasa con sus alumnos.
Según Alvear, en las instituciones hay adultocentrismo y se vulneran derechos. Varios colegios se desentienden. “Este es un caso público, pero hay casos que se quedan en el anonimato. Donde en las busetas no están formados, usualmente son sólo chóferes y no están formados para trabajar con niños niñas y adolescentes”, indica.
Los proveedores externos no conocen de derechos y no conocen de protocolo. Es el olvido de las autoridades educativas de lo que implica tener gente externa que trabaje con la niñez y adolescencia.
Para la experta, para llegar a una violación hay un abuso de poder. Se trata de una relación inequitativa de poder de adulto que ostenta una dignidad. Ella asegura que las instituciones tienen la obligación de actuar, son protocolos. “Lo que sucede es que no conocen y no saben cómo actuar. Esto porque no es prioritario. El tema es estructural porque al Estado no le interesan los derechos y el derecho a la educación ni al de la integridad sexual”, manifesta. Según Alvear, no hay políticas de prevención de violencia para que no haya impunidad.
Isabel Tufiño fue rectora de una escuela municipal en Quito y actualmente es docente. Ella coincide con Alvear. Explica que las instituciones educativas, desde el Ministerio, tienen una serie de protocolos, pero el problema es que no se aplican. “En el tema de violencia, sabemos que existen muchos tipos y están marcadas las rutas. El DECE, conjuntamente con las autoridades, están encargados de realizar la socialización y sensibilización para ir haciendo que se vaya tomando conciencia”, comenta. Eso sí, resalta que esto debe ser siempre actualizado, porque en muchos casos con el tiempo esto queda en el olvido o deja de importar.
Tufiño explica que, en casos de violencia, siempre se debe hacer un informe, luego se debe comunicar y citar a los padres. Pero, la persona que detectó esta violencia debe hacer una denuncia en la Fiscalía. “La idea es que los estudiantes tengan una protección integral, no sólo cuando suceden estos casos, sino también en la prevención”, manifiesta. Ella considera que desde los docentes se debe conocer, aplicar y hacer un seguimiento del caso, incluso hacer reuniones constantes con el DECE para actuar mejor.
“Tal vez los profesores somos conscientes, pero existen varios agentes que tienen relación con los estudiantes y ellos, a veces, no lo están”, indica. Según la docente, se debe verificar que conozcan y apliquen a toda la comunidad educativa. Se necesitan charlas y monitoreo con todos los agentes externos.
Sobre las autoridades y su desistimiento de hacer una denuncia en estos casos, Tufiño opina que se preserva la imagen del colegio, incumpliendo los protocolos. “Yo pienso que la imagen está dada en el momento en que las autoridades cumplen este protocolo”, puntualiza.
Para Germán Galarza, psicólogo de la Unidad Judicial de violencia contra la mujer, niños y adolescentes, la falencia que existe es el desconocimiento de los protocolos en casos de delito sexual. “No desean que muchos de estos casos salgan a la luz. Intentan manejarlo desde su perspectiva”, explica.
Él señala que es necesario entender un proceso principal, dado que vivir una agresión sexual es un acto fuera de la cotideanidad y suele basarse en mecansmos de resilencia y de reposición. “Muchas veces terminan en trastornos psicológicos y psiquiátricos. Se debe evitar la revictimización. Lo que debe hacer la autoridad es comunicar a la Fiscalía directamente, o con la Dinapen”, indica.
El psicólogo comenta que en estos casos se necesitan primeros auxilios psicológicos para estabilizar temporalmente a la víctima. Luego, en el proceso judicial, se le va a pedir a la víctima que dé testimonios sobre el tema y se va a enfrentar a una defensa de la persona acusada. Por eso, es importante el tratamiento psicológico, que debe ser orientado al aumento de la resiliencia y el apoyo de los padres va a ser fundamental. Cuando existe este tipo de agresiones, una de las cosas que se puede dudar es si sucedió o no, pero, opina, eso lo determina la justicia.
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