Piden a la Fiscalía que investigue quién redactó el informe de la Comisión de Régimen Económico, que preside Mireya Pazmiño, que habla favorablemente de la gestión de Flopec. 

El informe que en octubre de 2022 aprobó la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, en el que se resalta la gestión y los resultados económicos de la empresa Flopec, dedicada al transporte de petróleo, se ha vuelto en contra de la titular de esa mesa Legislativa, Mireya Pazmiño -separada del bloque de Pachakutik-, una de las proponentes del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, por presunto peculado.

El legislador independiente Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, denunció que ese informe no fue elaborado por los asesores de la Comisión de Régimen sino que el documento borrador habría sido redactado por personal ajeno a esas funciones. 

“No sabemos quién lo elaboró, llegó a la Comisión mágicamente; nosotros como asambleístas de la Comisión de Régimen Económico y nuestros asesores nunca participaron en ninguna mesa técnica para la elaboración de dicho informe, apareció de repente”, aseguró Guido Chiriboga, legislador oficialista. Él junto a los otros tres miembros de su bancada se abstuvieron de votar por el informe, mientras que los cinco asambleístas restantes, entre ellos Pazmiño y tres correístas, votaron a favor.

El origen del informe

Según Villavicencio, el informe borrador habría sido elaborado por Mario Naranjo Borja, exasesor de Pazmiño y su hermano Wilson, “lobistas” de empresas petroleras que habrían sido socios de José Agusto Briones (fallecido), exministro de Recursos Naturales, procesado en los casos Las Torres y Petrochina. “Wilson Naranjo y su hermano son los que redactaron el informe de la Comisión de Régimen Económico y esto es un grave delito. Tendrán que responder ante la Justicia”, dijo Villavicencio. Añadió que Pazmiño habría usado su condición de legisladora y de presidenta de la Comisión para aprobar el documento no vinculante que terminaba por favorecer a una compañía privada, como  Amazonas Tankers. “Solo los asesores de la Comisión pueden realizar los informes, nadie más”, dijo Villavicencio, quien anticipó que pedirá a la Fiscalía que investigue este caso.

La bancada correísta, aliada de Pazmiño, también exige que la Asamblea y la Fiscalía investiguen y establezcan responsabilidades por la elaboración del documento. “El poder de empresas corruptas transnacionales influenciando en asesores de organismos del Estado para hacer prevalecer sus intereses, demuestra la debilidad y la crisis institucional (…)”, afirma la bancada correísta en un comunicado. 

Por su parte, la asambleísta cuestionada manifestó que está abierta a cualquier investigación de la Fiscalía para que determine si hubo conversaciones con petroleras para la elaboración del informe. Aseguró que ha pedido una explicación de los técnicos de su despacho encargados de la elaboración del informe para saber qué es lo que pasó. Descartó que el comunicado de la bancada correísta signifique que ha perdido su respaldo en el juicio político que llevan en conjunto contra Lasso.

Los efectos sobre el juicio político

“Es un golpe al corazón del juicio político ya que estamos hablando de un informe de una Comisión especializada en el que se señala y recomienda mantener los contratos entre Flopec y Amazonas Tankers”, dijo Villavicencio. Y señaló, que resulta contradictorio que en el informe de Régimen Económico conste que ese contrato es rentable para el Estado, lo que contradice un informe de la Contraloría y que por no haberse dado por terminado al existir un presunto perjuicio económico para el Estado, hoy se pretenda enjuiciar políticamente al primer mandatario. 

Por su parte, el jefe de la bancada oficialista, Juan Fernando Flores, agregó que hasta la bancada correísta le ha dado la espalda a Pazmiño y, que con ese informe de la Mesa de Régimen Económico el juicio político no tendría validez. “Podríamos estar frente a un caso donde la asambleísta Pazmiño, con el fin de desviar la atención de la Asamblea y su responsabilidad de que Flopec continúe con los contratos, le estaría presentado el juicio político al Presidente de la República. Es decir, ella estaría dentro de esta trama y para que no se le responsabilice estaría señalando a Lasso como presunto responsable”, dijo Flores. 

Sin embargo, Pazmiño deslinda cualquier responsabilidad y asegura que la intención de cuestionar el informe aprobado por su Mesa legislativa pretende desviar la atención del juicio político al presidente Lasso. “Quieren cuestionarme a mí cuando sabemos quién es el interpelado”, manifestó.     

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