La puja entre dos grupos de Pachakutik se mantiene por asumir la coordinación nacional del Movimiento y ninguno asume la responsabilidad del fracaso electoral del 20 de agosto. La audiencia en el TCE se dio hoy y todos quedaron a la espera de la resolución.
La audiencia para definir si el Movimiento Pachakutik debe repetir sus elecciones internas para elegir al coordinador nacional o si posesiona a Guillermo Churuchumbi en ese cargo se cumplió hoy, en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en Quito.
Pachakutik llegó a esta instancia debido a que el Tribunal Electoral del Movimiento, integrado por los exasambleístas Rafael Lucero y Jessica Castillo, invalidó los resultados de la elección que se cumplió el 29 de abril, en Pastaza, en la que resultó ganador Churuchimbi, debido a que habrían votado militantes que no estaban registrados y por una serie de situaciones extraelectorales que se dieron ese día. La decisión fue apelada por Churuchumbi —del ala de Loenidas Iza—, que ha pedido que se reconozca su triunfo.
La diligencia
En la presentación de pruebas, la defensa de Churuchumbi, representado por Mario Godoy, se fue por la línea de exhibir los informes de los veedores del proceso, integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), a quienes también llamó como testigos. En esos informes consta que la elección cumplió con la normativa vigente en los procesos de democracia interna, estipulada en el Código de la Democracia.
Según los funcionarios que dieron sus testimonios, la elección interna se cumplió de acuerdo con el calendario establecido con anterioridad. Godoy manifestó que el proceso fue transparente, se realizó con normalidad y fue avalado por el CNE, como consta en los informes de los veedores.
Por su parte, Julio César Lucas y Mariana Reyes, abogados de Lucero y Castillo, optaron por presentar ante el juez electoral Guillermo Ortega a una serie de testigos que estuvieron el día de las elecciones en el recinto donde se cumplió la elección. Entre ellos a Máximo Hidalgo, coordinador de Pachakutik en Pichincha; Palmira Paredes, excandidata a subcoordinadora por una de las listas; y Cristóbal Tapuy, coordinador en Napo.
En todos los casos el relato fue similar: que Leonidas Iza, presidente de la Conaie, llevó a su gente para que votara, sin estar registrados en el padrón, que entraron por la fuerza —rompiendo puertas, dijeron— al recinto electoral, que se tomaron las mesas electorales, que desde el inicio hubo amenazas por parte de Iza, que la guardia indígena y sus lanzas impidieron la votación. Agregaron que fue tal el caos que los delegados del CNE abandonaron el sitio asustados y que habían manifestado que no había garantías.
Por su parte, Herrera añadió que Churuchumbi debía cerca de 2.400 dólares por concepto de cuotas a la organización, por lo que estaba inhabilitado para postularse a coordinador nacional.
Los protagonistas del pleito
Lucero aseguró que se violó todo el proceso y se rompió la cadena de custodia electoral, ya que el recinto fue “invadido” por gente que no tenía nada que hacer en las elecciones internas de Pachakutik. “El informe que presentan los veedores del CNE está sesgado”, dijo. Además, defendió la decisión de invalidar los resultados y de convocar a un nuevo proceso electoral.
Churuchumbi confirmó que tiene el apoyo de la Conaie y sus organizaciones filiales. Inclusive aseguró que en las bases ya lo consideran como coordinador nacional, pero que requiere el reconocimiento oficial. Y minimizó los desmanes denunciados por la parte contraria. “Como todo espacio, la gente se amontona. En las afueras del recinto electoral sí hubo algunas dificultades, verbales, porque este es un problema político; inclusive algunos asambleístas salientes y dirigentes han traicionado los principios ideológicos de Pachakutik”, justificó.
La sentencia será emitida en los próximos días por el juez Ortega y puede ser apelada, por lo que el caso subiría para conocimiento y resolución del Pleno del TCE.
Y en medio de esta pugna interna, ninguno de los dos grupos asume algo de responsabilidad en los resultados que la organización obtuvo en el proceso electoral del 20 de agosto, donde sacó apenas cinco legisladores, aproximadamente, de los 27 que tuvo cuando se instaló la Asamblea disuelta. Lucero dijo que es responsabilidad directa de Iza y de Churuchumbi; mientras que este último señala como culpables a la dirigencia nacional —aún en funciones— y a los exasambleístas del Movimiento.
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