Tres abogadas coinciden en que el presidente, Daniel Noboa, ejerce el Gobierno con un estilo autoritario y sin respetar el ordenamiento jurídico. Esto, tras la suspensión del cargo de vicepresidenta a Verónica Abad por 150 días sin remuneración.
POR: Hugo Constante
Frente a la ola de críticas de la oposición política que ha calificado al Gobierno de Daniel Noboa de autoritario y de estar actuando al filo de la Constitución por el manejo que le ha dado al tema de la vicepresidenta, Verónica Abad, catalogado como violencia política de género; el oficialismo, sean estos asambleístas o ministros, han salido en su defensa y han asegurado que Noboa actúa en apego al ordenamiento jurídico, de acuerdo a sus competencias. Inclusive la jefa de la bancada legislativa del oficialismo, Valentina Centeno, manifestó que en la Asamblea “la Justicia, la democracia y la causa de género son selectivas”. Esto debido a que, dijo, la Legislatura no se pronunció cuando Abad puso una demanda contra Noboa ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) -que todavía está por conocerse la sentencia- por violencia política de género. Según Centeno, es la Vicepresidenta suspendida la que quiso dar un golpe a la democracia y a la institucionalidad. “Estamos hablando de oportunismo y sed de poder de una persona que pretende y busca llegar a la Presidencia de la República para cumplir con los pactos a los que seguramente está llegando con la oposición”, dijo Centeno.
Sin embargo, desde el análisis estrictamente jurídico – normativo, las abogadas Sonia Romero, Gina Gómez De la Torre y Glenda Soriano coinciden en señalar que Daniel Noboa no sólo ha cometido actos de violencia política de género, sino que también tiene un manejo, por decir lo menos, al filo de la Constitución y otras normas secundarias.
Más allá del caso Abad
Para Romero, integrante de Warmikuna Defensoras, es evidente que la sanción a Verónica Abad no está contemplada en el ordenamiento jurídico vigente, pero que la violencia política de género por parte de Daniel Noboa no es solo es a raíz del caso de su vicepresidenta, sino que es una suma de distintas acciones que ya se evidenció con su entonces ministra de Energía, Andrea Arrobo, a quien culpó de la crisis energética por ocultarle información. Romero asegura que ese es el modus operandi del Gobierno, proteger a Noboa, evitar que se manche por sus actuaciones y que la responsabilidad caiga sobre sus ministros.
Agrega que Noboa ha demostrado un manejo autoritario de su Gobierno y que la violencia política de género con Abad, al haber sido suspendida del cargo a través de un sumario administrativo del Ministerio de Trabajo, no solo por eso hecho puntual, sino que se dio desde el mismo momento en que al asumir el mandato le dejó sin funciones, cuando el pueblo votó por un binomio, y luego le envió a Israel en calidad de Embajadora, por lo que no ha respetado la voluntad soberana.
Gómez De la Torre asegura que es notorio que Noboa gobierna al filo de la Constitución porque no se ha respetado el ordenamiento jurídico, especialmente en el caso de Abad. “Sobre todo está ejerciendo un evento de violencia política hacia su vicepresidenta, que es mujer”, dijo la jurista. Agrega que el manejo arbitrario de la normativa por parte de Noboa está claramente demostrado cuando nombró una Vicepresidenta encargada que en la práctica se ha arrogado funciones, lo que constituye un delito, según la abogada. “A lo interno, esto no sólo nos ha llevado a la inseguridad jurídica, sino que tiene un reflejo en el exterior y lo estamos viendo en la Cumbre de Presidentes”, que se realiza en Cuenca y a la que asistieron pocos jefes de Estado, que para Gina Gómez De la Torre significa que el resto de países no confían en nuestra democracia.
Lo que se viene
“En lo jurídico hay violencia política de género porque no le dejaron ejercer la Vicepresidenta, porque le dieron funciones fuera de lo que contempla la Ley, porque le abren un sumario administrativo por tres días de ausencia a pesar de haber justificado, y cuando se le sanciona a través de un sumario administrativo”, resumió Soriano, para quien no solo se está dando un rompimiento constitucional, sino que se ha agredido a la Ley, al sistema jurídico.
Las tres abogadas coinciden en señalar que a este rasgo autoritario del presidente Noboa y a su manejo arbitrario de la Constitución se suman los apagones, la crisis económica y que todo en su conjunto desembocará en el descontento social, no sólo de organizaciones, sindicatos o gremios, sino de la ciudadanía en general que empezará a sumarse a las marchas y movilizaciones convocadas para rechazar la gestión del Gobierno. Y en lo electoral, el hecho de que Noboa “hipoteque” su reelección presidencial.
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