En medio de la lucha contra grupos definidos como terroristas, videos en redes muestran a jóvenes detenidos, que no ofrecen resistencia y, sin embargo, reciben tratos crueles y vejaciones de las fuerzas del orden. ¿Esto es necesario? ¿Ayuda a reducir la violencia? La respuesta unánime: ¡No!
La sangre mancha su pecho. Con la mano izquierda sosteniendo un instrumento que no se acaba de distinguir, raspa su piel con fuerza, profundizando la herida. El rojo es cada vez más intenso alrededor del negro del tatuaje. “Ruge, ruge”, se oye decir a una voz con uniforme militar después de que un machete aparece en escena para impactar violentamente contra el pecho del muchacho detenido. “No, mi sub, ya me pegó; mi sub, ya me pegó”, le dice el joven al militar en el video, con la voz quebrada y la cara bañada en lágrimas.
Este tipo de escenas cargadas de violencia, golpes, insultos y humillaciones han inundado las redes sociales desde que Daniel Noboa, el 9 de enero, reconoció oficialmente la existencia de un conflicto armado interno, declarando la guerra a 22 bandas que fueron declaradas como terroristas. En los clips se ve a chicos detenidos, totalmente sometidos por las autoridades, que ya no están ofreciendo ninguna resistencia; pero que, sin embargo, son golpeados con tablas, maquillados por los militares, obligados a cantar las canciones de los grupos delictivos a los que pertenecen, siendo agredidos verbalmente. Todo queda captado en video; todo difundido en redes sociales.
Estas imágenes, en las que aparecen principalmente menores de edad, han sido parte de la ‘guerra’ que vive el país. Esa violenta respuesta estatal ha sido aplaudida por unos sectores de la población, aunque también criticada por otros. Hay que preguntarse: ¿es todo esto necesario? ¿Esa violencia ejercida por las fuerzas del orden coadyuva a superar la crisis de inseguridad? Asumiendo que son delincuentes, como estamos asumiendo, si ya no están oponiendo resistencia, ¿es necesaria tanta vejación?
Lo primero que había que preguntarse era si las Fuerzas Armadas reconocen la autoría de esas prácticas, si se graban cometiéndolas y, si lo hacen, para qué lo viralizan en redes sociales. Ecuador Chequea consultó tanto al Comando Conjunto como al Ministerio de Defensa, sobre la veracidad de los videos y las estrategias a las que responde este tipo de accionar, si acaso estas han sido establecidas por el mando superior de las instituciones.
Sin embargo, no obtuvimos respuestas claras. El Comando Conjunto aseguró simplemente que no cuenta con esta información. El Ministerio de Defensa, en cambio, aclaró que la cartera de Estado no es la encargada de las operaciones militares, por lo que no se puede brindar detalles sobre los motivos para que se ejecuten este tipo de prácticas. Además, se aseguró que no existe fiabilidad en este tipo de información que circula en redes sociales, ni quién y por qué la subió.
“Las Fuerzas Armadas siempre proceden conforme a la norma y en estricto respeto a los Derechos Humanos”, destaca en la respuesta de la entidad.
Con estas dudas, hicimos las mismas preguntas a Paco Moncayo, exjefe del Comando Conjunto y experto en seguridad y Derecho Internacional Humanitario. En su respuesta aclara que, antes que nada, “es necesario decir que el terrorismo tiene tres objetivos que alcanzar: 1. Paralizar por el miedo a la población. 2. Aislar a la población del Estado, del Gobierno. 3. Desprestigiar a las Fuerzas del orden”.
Moncayo asegura que se debe ser crítico con este tipo de contenidos que se difunden en redes sociales, pues pueden ser una suerte de estrategia por parte de bandas criminales para desprestigiar y reducir la confianza de la población en el Estado y su capacidad de acción. Sin embargo, Ecuador Chequea sometió los clips analizados para este texto a herramientas de búsqueda inversa (Google y TinEye) para detectar que estos no correspondan a otros contextos históricos en el país o que sean antigüos. En esta búsqueda no se encontraron coincidencias, lo que significa que los videos son inéditos y sí corresponden al conflicto armado interno que vive actualmente Ecuador. Asimismo, cabe aclarar que en varios videos aparecen también, de fondo o de perfil, miembros de las fuerzas del orden, en lo que supondrían ser operativos.
Para Moncayo la ejecución de este tipo de prácticas, “en caso de que se estén dando, porque no puedo dar fé de ello”, deben ser eliminadas con urgencia.
“Si ha habido algún exceso, que no puedo descartar tampoco, es algo que tienen que corregir inmediatamente las autoridades. No creo que esa sea una política de las Fuerzas Armadas y la Policía, porque no tendría ningún sentido y sería preocupante”, dice.
El experto asegura que las fuerzas del orden deben regirse al uso progresivo de la fuerza y a las normas del Derecho Internacional Humanitario, que aplica en situaciones de guerra. Todos estos marcos jurídicos impiden “tajantemente” el ejercicio de fuerza o violencia desmedida por parte de policías y militares.
“¿Qué quiero decir con esto? Los militares y policías no pueden actuar si no es en cumplimiento de estas normas, que imposibilitan todo exceso para que los militares no caigan en provocaciones tampoco. La norma local e internacional es clara y cuando una persona no representa una amenaza y se rinde (actitudes que se ven claramente en los vídeos con detenidos esposados o inmovilizados) no se puede ejecutar ningún tipo de fuerza que vulnere su integridad”, dice.
El incumplimiento de estas normas no sólo puede tener consecuencias legales nacionales. Según explica Moncayo, “los militares no se pueden confiar de las amnistías ofrecidas por la Asamblea”, por ejemplo, pues las responsabilidades en contextos de Derechos Humanos y de un conflicto armado interno pueden escalar a nivel internacional. “Existen cortes penales internacionales, cortes enfocadas en Derechos Humanos, donde pueden ser llevados estos casos”.
Deshumanización y normalización
Para Ingrid García, coordinadora de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), cuatro palabras definen claramente el escenario que se ha visto desfilar en redes sociales con este tipo de videos: “tratos inhumanos y degradantes”.
La experta destaca que el reconocimiento, para ella “no justificado”, de un conflicto armado interno en el territorio ha abierto la puerta a este tipo de prácticas que, enfatiza, “en ninguna parte del mundo son legales”. Este término jurídico ha permitido “legitimar el uso de la fuerza desmedida por parte de las fuerzas del orden”. Todo, bajo la bandera de una guerra “contra el narcotráfico” o contra el terrorismo.
“Pero lo que vemos en estos videos no responde a una guerra contra el crimen. No se está destruyendo la estructura del crimen organizado en sí; sino que es un ataque directo. Son menores de edad y jóvenes de las más bajas esferas de las organizaciones delictivas”, dice.
Incluso, deja abierta la posibilidad de que algunas de las personas que han tenido que pasar por este tipo de violencia estatal ni siquiera formen parte de organizaciones criminales, sino que “fueron detenidas por condiciones de perfilamiento erróneas, que terminan juzgando su vestimenta, apariencia, condición social y cultura”.
Todo esto, para ella, confluye en escenarios de vulneración de Derechos Humanos contra personas que ya se encuentran en vulnerabilidad; pues las organizaciones criminales salen de zonas marcadas por la falta de oportunidades y protección estatal.
“Las bandas llegan a estas zonas dando una oportunidad a las personas, sobre todo a menores de edad, para sobrevivir y ganar algo de dinero. Y con estas acciones se están yendo contra estas personas, que hasta cierto punto también son víctimas del crimen, y no contra quienes los reclutan o contra quienes toman las decisiones dentro de las estructuras criminales”, detalla. “Como organización de Derechos Humanos, estamos velando por la humanidad de las personas. Yo sé que la ciudadanía está conmocionada y por eso apoya esto. Se entiende. Pero la declaratoria de conflicto armado interno hizo que haya una explosión de odio y se legitime algo que no es legal y que no debería pasar”.
Siguiendo la misma línea, Alejandro Borja, experto en Derechos Humanos y Derechos de la Niñez y Adolescencia, se muestra preocupado ante esta “deshumanización” de presuntos delincuentes. Para él, un aspecto preocupante de estas condiciones es la “normalización del uso de la violencia estatal bajo una premisa de seguridad”.
“Si nosotros vemos a los años 70s y 80s, la sociedad civil se oponía al uso de la fuerza y, sobre todo, al abuso de poder por parte de autoridades estatales. Hoy por hoy, en cambio, está siendo socialmente aceptada la participación de fuerzas policiales y militares con niveles de violencia excesivos, todo en pro de la seguridad”, dice. “Esto es preocupante en un Estado de Derecho y en una sociedad con problemas tan profundos a nivel estructural como la ecuatoriana”.
Borja también reconoce como legítima la preocupación y el clamor ciudadano por la crisis de seguridad que vive el país, “porque el Estado está obligado a brindarnos seguridad”. Sin embargo, aclara que esto “nunca” puede implicar que el Estado tenga carta abierta para ejercer “violencia abusiva y desproporcionada, que exceda lo que la normativa y la Ley permiten, por más conflicto armado que se quiera hacer creer que existe”. Su mensaje es claro: “No podemos dejar que esto sea normal, porque tampoco es una solución contra el crimen”.
Menores, el último eslabón
En la dinámica que detallan los expertos, los menores tienen un mayor grado de vulnerabilidad, tanto por parte de las organizaciones criminales como desde el Estado. De hecho, parte de los videos que se han citado en este texto cuentan con el protagonismo claro de menores de edad, quienes también han tenido que pasar por este tipo de tratos degradantes y humillaciones provenientes, según todo apunta, de las fuerzas del orden.
“Ahora es común encontrarse con estas vulneraciones contra menores de edad. Hace un momento me acaban de llamar contando que a un niño que tenía una pistola de juguete lo aprehendieron: un niño de 11 años. Las autoridades tomaron esta pistola de juguete como una pistola real”, dice García.
Para ella, este tipo de acciones son aún más preocupantes, pues “las vejaciones que se cometen contra menores en público también pueden presentarse con aún más violencia en privado o secreto”. En medio de la conversación, García usa un concepto que ha sido muy sonado en casos como la lucha contra el narcotráfico en Colombia y que recuerda graves violaciones de derechos que, “en muchas ocasiones quedan en la impunidad”. “No hay una postura de parte de instituciones gubernamentales para solucionar esto: los falsos positivos”, dice.
Y es que la posición de los menores de edad en esta ‘guerra’ ha sido de “doble o triple vulnerabilidad”. El empobrecimiento que viven los más pequeños en zonas marginales del país los hace propensos a ser coptados por organizaciones criminales y que, de alguna manera, ingresen a las bandas delincuenciales como ‘campaneros o gatilleros’ e ir ascendiendo en la estructura”.
“Los pequeños tienen que ver cómo ganar más dinero, porque vienen de familias disfuncionales, hogares sin empleo y, en ocasiones, también entornos cercanos a las bandas. Entonces, si a un niño vulnerable le ofrecen $5, que le permitirán comer o ayudar a su familia, obviamente va a ser atractivo”, recalca la mujer, con la voz que poco a poco se quiebra antes de pronunciar la siguiente frase. “Pero el niño debería estar estudiando, no debería estar preocupado por que no haya comida. Estas son condiciones que no está viendo ni ha visto el Gobierno y es lo que está llevando y acorralado a muchas personas a sumirse en el mundo criminal. Y con estas acciones sólo se criminaliza la pobreza en lugar de atacar el problema de raíz, quitando espacios a las bandas criminales”.
Borja, por su parte, asegura que los menores de edad son apetecidos por las instituciones delincuenciales por su condición legal y la facilidad de aprovecharse de sus condiciones de vulnerabilidad por parte de las bandas criminales. Él destaca que, en muchos casos, su papel también se ve enfocado en acciones relacionadas con el microtráfico y otro tipo de delitos.
“¿Por qué son tan importantes los niños? Porque son básicamente ellos los que están metidos en el tema del microtráfico y no metidos porque quieren, sino porque están siendo afectadas las escuelas públicas en zonas rurales o suburbanas y cooptadas por las bandas”, dice.
La Defensoría del Pueblo exhortó al Estado a establecer las medidas de protección necesarias para garantizar la integridad de este grupo vulnerable. «Deben adoptarse mecanismos para impedir que se ridiculice, replique o perpetúe situaciones de agresión física y emocional, sobre las cuales se han basado los mismos grupos de delincuencia organizada; y, de ocurrir estos eventos, sean sancionados conforme el ordenamiento jurídico vigente», dice un comunicado.
Entre sus puntos, además, se llama a los operadores de la fuerza pública a tener claros los límites al momento de realizar operativos e incursiones contra el crimen. Asimismo, se insta a que la Fiscalía investigue estos hechos con el objetivo de sancionar a los culpables
Resultado: más violencia
Para todos los expertos consultados, el resultado de estas acciones estatales indiscriminadas, que llegan a todo el país con la viralización de este tipo de videos, deriva en un punto clave: más violencia. Esto hace que las medidas que se plantean como disuasivas ante el crimen generen un efecto contrario, como respuesta de las organizaciones delictivas.
Jorge Mantilla, analista en seguridad colombiano, es claro al definir los motivos: “Cuando se militariza la seguridad de un Estado, que también pasó en Colombia en medio de la lucha contra el narcotráfico, los países se vuelven propensos a la vulneración de Derechos Humanos; porque la militarización de la seguridad responde a una preocupación real de la población por la falta de garantías y hace que se legitimen acciones mucho más violentas contra el crimen. Pero esto nunca ayuda”.
Estas medidas, como las que aparecen en los clips de redes sociales ecuatorianas, derivaron ya en Colombia respuestas aún más violentas por parte de los grupos delictivos y guerrillas. El ingreso del Estado en una dinámica de guerra, “que puede ser justificada o no”, genera “una respuesta en la misma línea de guerra”.
“Cuando se ataca la estructura criminal con una violencia injustificada, la respuesta del crimen también viene con más violencia. Y esto quizá no ocurre ahora, pero la ira contra el Estado termina cocinándose para explotar en cualquier momento”, dice.
“Esto termina por no solucionar nada, sino que ahonda la crisis”, añade con firmeza Mantilla. Con sus ideas concuerdan tanto Borja como García.
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