La pugna entre los consejeros Sofía Almeida y Hernán Ulloa llegó al ámbito judicial y hasta al legislativo.

La disputa por la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana entre Sofía Almeida y Hernán Ulloa tuvo hoy un nuevo capítulo y escenario, esta vez en la Función Judicial.

Tras ser removida ayer del cargo, Almeida se presentó esta mañana en rueda de prensa, desde el salón de sesiones del Consejo, para informar que la jueza multicompetente de Samborondón, Karly Vargas, le concedió medidas cautelares, con lo que se dejaba sin efecto lo actuado ayer por la mayoría, que le removió del cargo, así como a David Rosero de la vicepresidencia.

Almeida y Rosero manifestaron que continuaban como autoridades del organismo y que pondrían una demanda en la Fiscalía contra los cuatro consejeros de mayoría, por usurpación de funciones y simulación de cargo público, al haber nombrado a Ulloa como presidente y a María Fernanda Rivadeneira como vicepresidenta. 

Minutos después, desde los exteriores de una hotel en Quito, Ulloa, en declaraciones a la prensa, aseguró que él se mantenía como presidente, que ya había tomado algunas medidas administrativas y que la medida cautelar que mencionó Almeida no tenía validez, ya que estaba por resolverse la audiencia de acción de protección que había interpuesto y que de ese fallo dependía si él se mantenía al frente del Consejo o si le correspondía a Almeida continuar dirigiéndolo. 

El fallo de la jueza Larissa Ibarra, que trató la acción presentada por Ulloa, fue firmado digitalmente a las 13:05. En él se ordena que las resoluciones adoptadas por el Consejo el miércoles 9 de febrero se “presuman legítimas y que sus decisiones futuras sean cumplidas por los destinatarios de las mismas”. Además, deja sin efecto lo actuado por Vargas.

Ulloa conminó a Almeida a que acate la resolución de Ibarra, que es de cumplimiento inmediato,  y descartó que se haya dado un “golpe institucional”. Le solicitó que desaloje el despacho y que se una al trabajo en conjunto. 

Para el constitucionalista Emilio Suárez, se está configurando un conflicto jurídico parecido al que se dio con la remoción del exalcalde de Quito Jorge Yunda.

El especialista dijo que hay un caos legal porque ambas partes han iniciado garantías jurisdiccionales que les han dado razón a los dos. No descarta que se apele ante la Corte Provincial de Justicia y que, en último término, sea la Corte Constitucional la que dirima.

En lo práctico, agregó, el presidente del organismo será el que logre reconocimiento del resto de instituciones del Estado, en lo que Ulloa llevaría la delantera.   

Más polémica 

Por su parte, Almeida, a través de su Facebook personal, dijo que hay “tentáculos” en la Función Judicial que quieren remover a la jueza que falló a su favor. “No se puede permitir más injerencia de otras Funciones del Estado en el Consejo de Participación”, manifestó. 

Su pronunciamiento se dio a raíz de que ayer la jueza Vargas fue notificada por la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas que ha dado paso “a la declaratoria jurisdiccional previa para el inicio del sumario administrativo (…) por sus actuaciones dentro de un proceso judicial por error inexcusable”. 

La denuncia de error inexcusable en contra de Vargas fue presentada el 15 de octubre del 2021, por Jorge Guillermo Cedeño León por presuntas irregularidades e ilegalidades dentro de un juicio por el cobro de un pagaré por más de medio millón de dólares por honorarios.

Según el denunciante, la jueza cometió prevaricato “al gritar dentro de su despacho que a ella este juicio le parecía ilegal, lo cual nunca debió decirlo porque, al hacerlo, favoreció a la demandada y sentenció al actor”, según consta en la providencia.

En lo legislativo 

El conflicto y la disputa por la Presidencia llegó a la Asamblea. Asambleístas del Partido Social Cristiano, de un sector de Pachakutik y del correísmo solicitaron que se dé prioridad a la solicitud de juicio político que presentaron contra los cuatro consejeros de mayoría. Ferdinand Álvarez (UNES) aseguró que la democracia ha sido vulnerada en el país.

Anticipó que los cuatro consejeros serán llamados a la Comisión de Transparencia para que expliquen sus actuaciones. Mario Ruiz, de Pachakutik, dijo que fiscalizarán la labor del Consejo de Participación Ciudadana. Para los legisladores de estos sectores se trata de una intromisión del Ejecutivo en el organismo.

Sin embargo, el presidente, Guillermo Lasso, aseguró que es el Consejo de Participación  el que tiene que resolver sus problemas, ya que son independientes. “No son parte de la Función Ejecutiva”, dijo. 

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