La exfuncionaria de la Corte de Guayas, principal involucrada en el caso ‘Metástasis’ saldrá de prisión este viernes tras cumplir solo 15 meses de condena. Su cooperación con la Fiscalía fue clave para revelar cómo el crimen organizado infiltró el sistema judicial, pero revive un debate sobre la proporción de la reducción de penas.
POR: Juan Camilo Escobar
Mayra Salazar saldrá mañana de prisión y quedará libre. No es una exconvicta cualquiera. Hasta hace poco, dirigía la comunicación de la Corte de Justicia de Guayas, la institución encargada, en teoría, de impartir justicia.
Salazar cumplió sólo 15 meses de cárcel gracias a su cooperación con la Fiscalía. Su testimonio permitió desentrañar una red de corrupción judicial que, desde los despachos y tribunales, negociaba beneficios para uno de los narcotraficantes más temidos del país: Leandro Norero. No fue un esquema improvisado, sino un engranaje preciso dentro de un aparato estatal que, en lugar de impartir justicia, servía a quienes tenían el poder y el dinero para comprarla.
Mientras ella recupera su libertad, otros involucrados no tuvieron la misma suerte. El exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes fue condenado a 13 años de prisión, una diferencia abismal, marcada por la cooperación eficaz de Salazar.
Este caso no es un incidente aislado, sino un secreto a voces, una realidad incómoda para todo el país. Es un síntoma de un problema estructural que va más allá de una funcionaria caída en desgracia o un político tras las rejas. Según las investigaciones de la Fiscalía en los casos Metástasis y Purga, es la evidencia de cómo el crimen organizado ha aprendido a moverse en los pliegues del poder judicial, infiltrándose donde antes solo operaban abogados y magistrados.
Se trata de los casos de mayor envergadura, hasta el momento, en materia de infiltración del narcotráfico en la justicia, que involucraron a personajes de alto perfil, como el expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán; el exasambleísta correísta Ronny Aleaga, y el exdirector del Servicio Nacional de Rehabilitación Social (SNAI), Pablo Ramírez.
A medida que la exfuncionaria recupera su libertad, el país sigue preguntándose cuántas otras piezas del sistema han sido compradas, cuántos otros expedientes han sido manipulados y cuántos otros nombres aún permanecen en las sombras, protegidos por el silencio o la impunidad. Se trata, en cualquier caso, de silencios que sólo han sido rotos desde dentro de redes de corrupción. Así lo demuestran, por ejemplo, casos que han conmocionado al país como el de la trama de sobornos de la empresa constructora Odebrecht para firmar contratos con el gobierno de Rafael Correa
Los antecedentes refuerzan la magnitud del problema. En la trama de sobornos de Odebrecht, la constructora brasileña pagó al menos $50 millones a funcionarios del Régimen correísta para asegurar contratos de obra pública entre 2007 y 2016, según registros judiciales y confesiones de ejecutivos de la empresa. El exvicepresidente Jorge Glas fue sentenciado a seis años de prisión por el caso, mientras que José Santos, exrepresentante de Odebrecht en Ecuador, fue sobreseído gracias a su cooperación con la justicia y a que ya había sido condenado en Brasil.
Gustavo Massuh, José Terán Naranjo, Kepler Verduga, que reconocieron sus delitos y se acogieron a la cooperación eficaz eficaz, lo que les permitió obtener una sentencia de apenas 14 meses de prisión, es decir el 20% de la pena original.
Asimismo, cuatro implicados en el caso de venta de pases policiales recibieron penas reducidas tras acogerse a la cooperación eficaz, pese a que la Fiscalía estimó en al menos 10 millones de dólares las ganancias ilícitas generadas por la red delictiva dentro de la Policía Nacional.
El esquema ilegal cobraba entre $1.000 y $2.000 por cada traslado o ascenso irregular de agentes, según la investigación. Los principales acusados enfrentaban condenas de hasta 10 años de prisión, pero uno recibió apenas un año de cárcel —el 10 % de la pena máxima— mientras que los otros tres fueron sentenciados a entre seis y ocho meses.
CRITERIOS TÉCNICOS
A pesar de la percepción de impunidad que pueden generar las reducciones de pena, la cooperación eficaz ha sido clave para desentrañar tramas de corrupción que, de otro modo, habrían sido difíciles de probar. Así lo afirmaron los abogados y expertos en derecho penal Pablo Encalada, Felipe Rodríguez y Ramiro García.
Los juristas consultados explicaron que los testimonios de procesados en casos de alto perfil han permitido acceder a información que la Fiscalía y la Policía Judicial difícilmente habrían obtenido con los recursos disponibles. Encalada y García coincidieron en que, aunque las reducciones de condenas pueden generar malestar en la opinión pública, la cooperación eficaz sigue siendo una herramienta fundamental para combatir la corrupción dentro del sistema judicial.
García destacó el testimonio de Mayra Salazar, quien ha colaborado con la justicia en los casos Metástasis y Purga. Según el jurista, la información proporcionada por Salazar ha sido determinante para desvelar el funcionamiento de redes de corrupción dentro de la administración de justicia.
“El objetivo de la cooperación eficaz es que uno o varios de los involucrados aporten información suficiente para procesar a otros perpetradores. En el caso de Salazar, su testimonio ha sido crucial no sólo en Metástasis, sino también en Purga, donde describió cómo operaba la red de corrupción”, explicó García.
Una herramienta clave para la Fiscalía
García subrayó que, sin este mecanismo, habría sido extremadamente difícil avanzar en casos de esta magnitud, ya que las investigaciones requerirían recursos de los que la Policía Judicial y la Fiscalía no disponen actualmente.
“¿Quién mejor que alguien dentro de la organización criminal para revelar los detalles de los delitos?”, cuestionó García, destacando que la cooperación eficaz ha permitido obtener pruebas clave.
Encalada también destacó la eficacia de la cooperación en el desmantelamiento de organizaciones criminales. “Casos emblemáticos como Metástasis, Purga u Odebrecht se han fundamentado en testimonios de personas procesadas. Este sistema funciona porque alguno de los integrantes de las organizaciones criminales se convierte en colaborador de la Fiscalía, entregando información que permite identificar a los cabecillas y desestructurar la organización. Con esta información, la Fiscalía corrobora la investigación y puede procesar a los involucrados hasta llegar a una sentencia”, explicó Encalada.
El jurista comentó que, gracias a este mecanismo, han sido condenados individuos como Wilman Terán y Pablo Muentes, lo que evidencia la efectividad de la cooperación.
Críticas a la negociación con Salazar
Sin embargo, Encalada reconoció que puede existir una sensación de insatisfacción por las penas reducidas recibidas por algunos implicados, como Mayra Salazar. Aun así, subrayó que esa es la contraprestación que el Estado debe asumir para obtener sentencias contra los líderes de las organizaciones criminales.
“Es comprensible que haya malestar por las penas reducidas, pero hay que recordar que ese es el precio que debe pagar el Estado a cambio de obtener condenas contra los cabecillas de las organizaciones. Eso no significa que no debamos cuestionarlo. Es posible que la Fiscalía debió haber sido más rigurosa en la negociación con Mayra Salazar y no haber aceptado una pena tan reducida”, dijo Encalada.
Destacó que, si se trata de obtener la verdad, la colaboración de Salazar fue fundamental, a pesar de las críticas. “Si me preguntan si preferiría esto o no llegar a la verdad, yo prefiero esto. Así que, aunque pueda generar molestia, es el costo que el Estado debía pagar para llegar a la verdad”, concluyó Encalada.
No es un mecanismo inmediato
El jurista Felipe Rodríguez explicó que la cooperación eficaz no es un mecanismo de aplicación inmediata, sino que la Fiscalía debe seguir un proceso para corroborar y verificar la información proporcionada por el colaborador. Para que sea válida, dicha información debe convertirse en una prueba que sustente la investigación del caso.
«Lo que dice el colaborador eficaz no se toma como cierto hasta que se lo comprueba», afirmó Rodríguez.
Detalló que la cooperación eficaz es un mecanismo distinto al testimonio y debe cumplir con requisitos específicos para ser válida en un proceso penal. «Si una persona es procesada por un delito y rinde su testimonio, este es una prueba en sí mismo y debe ser valorado, sin necesidad de ser verificado. En cambio, la cooperación eficaz requiere pruebas que la sustenten», explicó.
Rodríguez puso como ejemplo el caso de Mayra Salazar. Para que su colaboración tenga validez, debe cumplir con dos condiciones fundamentales:
- Verificación de la información: lo que el colaborador haya declarado debe ser comprobado con otras pruebas. Si no se puede verificar, la cooperación no es eficaz.
- Aporte sustancial a la investigación: la Fiscalía debe demostrar que no habría podido llegar a las mismas conclusiones sin la colaboración del testigo. «Si la Fiscalía ya contaba con la información antes de la cooperación, entonces esta no aporta valor al caso».
Rodríguez también cuestionó la eficacia de este mecanismo en el país. «A pesar de la vigencia de la cooperación eficaz en Ecuador, se investiga muy poco», sostuvo. Según sus estimaciones, cerca del 90 % de las denuncias presentadas en la Fiscalía no prosperan porque los hechos denunciados no configuran delitos o no cuentan con los elementos suficientes para ser judicializados.
ASÍ SE APLICÓ LA REBAJA DE PENAS A SALAZAR
Con un pie fuera de la cárcel, Salazar ha anticipado que apenas recupere la libertad viajará a otro país y que prevé vender los derechos de su historia a un canal de televisión. Frente a esto, las autoridades también han anticipado que brindarán su protección para que la exfuncionaria se traslade a un país que se mantiene en reserva.
Ella fue detenida en el marco del megaoperativo policial del caso ‘Metástasis’, a mediados de diciembre de 2023. En julio de 2024, junto con Álex Palacios, exmano derecha de Wilman Terán, fue sentenciada a un año y tres meses de cárcel tras acogerse al procedimiento abreviado y aportar información clave en el caso Metástasis. Este caso investiga una red de corrupción política-judicial vinculada al narcotraficante Leandro Norero, quien operaba desde la cárcel de Cotopaxi.
Ambos procesados, que enfrentaban penas de entre 5 y 10 años de prisión bajo la figura de delincuencia organizada, se beneficiaron de una rebaja sustancial en sus condenas debido a su cooperación eficaz que, según la Fiscalía, fue esencial para desmantelar la organización criminal.
Investigación del caso ‘Metástasis’
Según la Fiscalía, Salazar jugaba un papel clave en la organización criminal, identificando jueces dispuestos a recibir sobornos a cambio de sentencias favorables. Además, Salazar intervino directamente con los magistrados encargados de los casos contra Norero para lograr su liberación. La investigada recibió 6.300 dólares por sus gestiones. Norero y Salazar mantenían una comunicación constante a través de una aplicación de mensajería telefónica.
Por su parte, Palacios, quien fue subcoordinador jurídico de Terán en la Corte Nacional de Justicia y director provincial del Consejo de la Judicatura en Chimborazo, utilizó sus contactos para asesorar a Helive Angulo, hombre de confianza de Norero, sobre la compra de decisiones judiciales. Además, actuó como intermediario entre Terán y Norero, retrasando un fallo judicial mediante un soborno de 10.000 dólares.
La posición de la Fiscalía
En el marco del proceso de este caso, la fiscal general, Diana Salazar, explicó que la cooperación eficaz es una técnica de investigación aplicada cuando un procesado proporciona información veraz y verificable que ayuda a identificar a otros implicados en el delito. En el caso de Palacios, su colaboración fue decisiva al implicar a su superior, Wilman Terán, en el esquema de corrupción.
Salazar destacó que este mecanismo no debe interpretarse como un mensaje de impunidad, sino como una estrategia para desarticular organizaciones criminales cuando los recursos del Estado son limitados. «La cooperación eficaz permite obtener información crucial a cambio de una rebaja sustancial en la pena», indicó la Fiscal, señalando que el objetivo es combatir la corrupción, no recompensar a quienes intentan obstaculizar la justicia.
Te puede interesar:
. Oposición legislativa decide continuar fiscalización del tema Sacha
. Es falso que el Ministro de Gobierno haya llamado iluso a Noboa
. Dirigentes de la Conaie y Pachakutik le hacen un ‘guiño’ al correísmo
